MERCADO NEGRO DEL AGUA. Según WWF/Adena, existen 510.000 pozos ilegales en todo el país que roban el agua para destinarla a turismo, propiedades y sector agrícola.
/ Pedro Armestre

Cuando el PSOE sube al Gobierno
en marzo de 2004, la derogación del
trasvase del Ebro propuesto dentro
del Plan Hidrológico Nacional
(PHN) elaborado por el PP ya formaba
parte de su programa electoral.
Según Pedro Arrojo, miembro de la
Fundación Nueva Cultura del Agua
y experto en la materia, “hubo una
combinación de dos grandes líneas
de fuerzas” que causaron el rechazo
al trasvase con el nuevo Gobierno.
Por una aparte, había una “nueva
fuerza argumental de que los trasvases
estaban siendo desplazados de
las prioridades” en la gestión de
aguas. Según estudios economicistas,
el balance coste-beneficio de este
tipo de infraestructuras es negativo.

Implica fuertes costes sociales,
como hemos visto en diferentes poblaciones
pirenaicas que han tenido
que ser desplazadas y, también,
grandes impactos ambientales, que
en este caso hubieran agravado mucho
más la situación de crisis que está
viviendo el delta del Ebro por falta
de aportes sedimentarios, entre otras
causas. Desde Europa, el PHN español,
y concretamente el trasvase del
Ebro, se analizaron desde esta mira
apuntando que se trataba de un mal
proyecto y decidiendo bloquear los
fondos que iban a ser destinados para
su ejecución. Según Arrojo, dentro
del Estado “el PHN era apoyado
por el lobby de las constructoras y
tenía un interés político, ya que este
tipo de infraestructuras son electoralmente
rentables”. En este punto
fue muy importante la segunda gran
línea de fuerza: “la dinámica social
que se había producido de grandes
movilizaciones en las que se involucraron
de forma activa sectores importantes
como los sindicatos o las
federaciones regionales del PSOE”.

Para Pedro Arrojo “la entrada del
PSOE pasará a la historia como un
punto de inflexión hacia un nuevo
enfoque en política de aguas”. Éste
se basa en empezar a cambiar las estrategias
de gestión de la oferta por
las de gestión de la demanda, como
propone y promueve la Directiva
Marco de Agua (DMA). Con el Programa
Agua del PSOE se plantea
una gestión de este recurso basada
en gran medida en la desalación, una
vía más rentable económica y energéticamente
que el trasvase y que ha
asegurado las demandas de agua del
litoral durante estos últimos años de
sequía, en los cuales, según se afirmaba
en el propio PHN, la falta de
lluvias hubieran hecho imposible
trasvasar aguas. Otro punto positivo
que cabe remarcar es el proceso de
participación que se ha abierto en esta
legislatura, donde grupos de personas
expertas han sido invitadas a
dialogar con el Gobierno.

Los coladeros

Hubo un punto de inflexión pero “no
llegó la energía política de cambio
tanto como para poner en cuestión
el Anexo II del PHN”, afirma Arrojo.
En él se prevén más de cien embalses,
algunos de ellos muy conflictivos
y sin sentido después de la derogación
del trasvase del Ebro. Lo que
se desprende de la permanencia de
este documento es que no se ha producido
realmente ese cambio hacia
la “gestión de la demanda”, ya que
esto implica un cambio estructural
del modelo de uso y consumo de
agua, del concepto de necesidades y
una apuesta por una verdadera nueva
cultura del agua. El paso que le
falta dar al PSOE hacia las estrategias
propuestas por la DMA no es
electoralmente rentable porque pone
en cuestión el actual modelo agrícola
y urbanístico, por eso se está hablando
poco del tema en campaña.
Por su parte, el PP ha optado por insistir
en sus obsoletas ideas de trasvases
llamándoles ahora “transferencias
de agua”. Según Pedro
Arrojo, “el PP no ha querido asumir
la derrota y está usando como arma
electoral cosas que ya deberían estar
superadas”.

El Programa Agua tenía previsto
construir 26 desaladoras para suplir
el trasvase. Pero en la actualidad sólo
hay dos plantas nuevas en marcha,
dos a punto de inaugurarse y el
resto en construcción o en proyecto.
Muchas de estas plantas desaladoras
no se han podido construir dado
que hace falta una importante inversión
privada, a la vez que una demanda
de agua constante que haga
rentable su funcionamiento al 100%.
Tal es el caso de la mayor desaladora
en funcionamiento ubicada en
Almería, la de Carboneras, que sólo
funciona al 15% de su capacidad.
Según Erika González, de la Comisión
de Agua de Ecologistas en
Acción, un aspecto muy negativo de
las desaladoras es que su gestión es
mayoritariamente privada, y aunque
existe una legislación que impide
el precio libre del agua desalada y
su utilización como mercancía,
puede favorecer el mercadeo entre
grandes consumidores. Que su objetivo
sea proporcionar “más agua”
y no planificar los usos sociales y
económicos del agua disponible no
facilita la conservación de los ecosistemas
acuáticos.

Organizaciones como Ecologistas
en Acción, Greenpeace, SEO/ Bird-
Life y WWF/Adena critican la construcción
de un gran parque de desaladoras
a lo largo del litoral debido
a los impactos negativos que pueden
causar las plantas a pleno rendimiento.
Entre los principales impactos
se encuentra el alto consumo
energético requerido para conseguir
el agua del mar para su posterior
desalinización, la emisión de gases
de efecto invernadero y los vertidos
de salmuera al mar una vez desalinizada
el agua.