nacionalismos I hacia el fin del estado de las autonomías en catalunya
El debate soberanista como oportunidad para dar un salto

Movimientos sociales y grupos de izquierda matizan su apoyo al debate sobre Catalunya dentro de la Constitución Española y buscan un cambio de paradigma.

, Barcelona
28/05/13 · 8:00
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DIADA. La diada de 2012 ha catalizado el proceso independentista en Catalunya. / Ramón Fornell

En el Preámbulo de la Constitución, el artículo segundo recoge la condición unitaria de la Nación española: “indisoluble unidad” y “patria común e indivisible de todos los españoles”. Asímismo recoge “el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran”. Este consenso fue votado en el Pleno del Congreso con 278 votos a favor, 20 en contra y 13 abstenciones. Ya por entonces había voces contrarias a esta unidad, como las de los diputados Barrera y Letamendía, y senadores Bandrés y Xirinacs que consideraban que España no es una nación sino un Estado formado por un conjunto de naciones. Desde el otro extremo, Alianza Popular se oponía al concepto de nacionalidades que aparece en la Constitución, pues lo consideraban “ambiguo, confuso, peligroso o innecesario”. Es decir, el consenso no era tan claro como los votos de las Cortes parecían indicar.

En los últimos años, sobre todo en Catalunya, este acuerdo se ha vuelto a poner en debate desde posiciones muy diversas. Quim Brugué, profesor de políticas de la Universitat Autònoma de Barcelona, considera que “la cuestión nacional cruza todo el espectro político con posiciones muy distintas en los propios partidos tanto desde la derecha como desde la izquierda donde existe una tendencia federalista no independentista”.

La más reciente de estas iniciativas sociales es la de Arcadi Oliveres, presidente de Justicia i Pau, y la monja benedictina Teresa Forcades, que han lanzado un Proceso Constituyente soberanista llamando a partidos y grupos sociales a unirse para decidir el modelo de Estado y de país para Catalunya en 2015.

Arcadi Oliveres sostiene que el artículo segundo de la Constitución no fue redactado por los diputados sino por un militar, lo que equivale a un "golpe de Estado" Oliveres pone en duda que los padres de la Constitución escribieran el artículo segundo: “No lo redactaron ellos, fue un militar el que decidió que había de ser así, lo que puede considerarse un golpe de Estado que tuvo que asumirse, una claudicación y una burla de la democracia”. El presidente de Justicia i Pau indica que el independentismo que propone en su proceso constituyente “está en segundo lugar, la primera de nuestras preocupaciones es el sufrimiento por el que están pasando muchas personas”.

La activista e investigadora Esther Vivas señala que “la Constitución fue un proceso tutelado por Estados Unidos que impuso una monarquía y que traicionó el espíritu de cambio y de democracia que se había creado. Además no respeta un derecho básico inalienable de los pueblos como es el derecho a decidir que establece la ONU”. Otro aspecto que apunta el sociólogo José Adelantado es “el giro al involucionismo de la Constitución y la negativa a discutir los consensos como si se hubiera establecido que estos fueran indefinidos. Y no solo la cuestión nacional, tampoco se han desarrollado en profundidad derechos como el de la vivienda o los servicios sociales gratuitos”.

Lo que está sobre la mesa “es un conflicto entre dos nacionalismos con antecedentes históricos que se remontan al siglo XIX” apunta Adelantado. “Hay un nacionalismo español de carácter totalitario que mantiene una posición nacional que no reconoce, que ataca a los catalanes y es a la vez productor del nacionalismo catalán”.

Lo que está sobre la mesa “es un conflicto entre dos nacionalismos con antecedentes históricos que se remontan al siglo XIX” apunta Adelantado La negativa a aceptar el Estatut que saliese del Parlament, la amenaza de Wert que recuerda a la ley Moyano de la Instrucción Pública o declaraciones como la del general en reserva Juan Antonio Chicharro que justifica una intervención militar para evitar la secesión de “la patria” ejemplifican esta relación entre los dos nacionalismos. Así lo apunta también Brugué, “CiU siempre ha jugado muy bien sus cartas. Cuando parecía que sin presupuesto no habría transición nacional y que era necesario entenderse con Madrid, entonces surge el tema de la lengua y la escuela con las declaraciones de Wert, y de nuevo todos los medios hablan de nacionalismo y apoyan a un gobierno nacionalista”.

Vivas también denuncia cómo “las élites se han vestido con la senyera para ocultar los recortes y quieren separar la cuestión nacional y la social. Por si sola la cuestión nacional no nos salvará, pero es una oportunidad para la izquierda radical para decidir qué modelo de país queremos y construir una sociedad sin nacionalismo como prisma”. Es en este sentido que la izquierda radical da su apoyo al Derecho a Decidir. “Creo que hoy tiene muchos más elementos de ruptura y de democracia radical que nos permitirá redefinir las bases de la sociedad y de la economía y en general, en cualquier ámbito de nuestras vidas” señala la activista.

De un modo u otro la opción soberanista en Catalunya se ve como una oportunidad para mejorar el presente. Ahora bien, de avanzar en esta línea, Brugué apunta que “habrá conflicto con España y no contamos con el apoyo de Europa. Tendrá que ser unilateral. Ahora bien si CIU se echa atrás después de tensar tanto la cuerda, ya se ha guardado la carta de posponer la consulta, habrá una frustración colectiva muy importante que podría propiciar que algo pasara”.

Cinco meses para que decida el Constitucional

El 8 de mayo, el Tribunal Constitucional admitía a trámite el recurso de impugnación emitido por el Consejo de Ministros tras el dictámen favorable de la Abogacía y el Consejo de Estado. El Constitucional suspendía de esta forma la declaración emitida por el Parlament, que insta al gobierno de la Generalitat a la convocatoria de un referéndum de autodeterminación, que fue anunciado el 23 de enero por la mayoría de representantes del Parlament. El alto tribunal tiene cinco meses para decidir si mantiene la suspensión de la declaración o permite que siga su trámite. El mismo día en que se conocía la “congelación” de la declaración por parte del Constitucional, el Parlament aprobaba, con los votos a favor de CiU, ERC, Iniciativa-Esquerra Unida y un diputado de la CUP, la creación de una Comisión de seguimiento del “derecho a decidir”.

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comentarios

1

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    28/05/2013 - 10:51am
    En Castilla o "España nuclear" parece que es difícil entender el derecho fundamental de los demás pueblos al autogobierno. Hay que entender que, a todos los efectos prácticos, los territorios que conforman "España" no son sino provincias (del latín pro-vincere = por causa de la victoria... militar, es decir conquista bélica) sometidas a un imperio (decadente pero aún superviviente a través de sus alianzas con el orden capitalista internacional, léase OTAN-UE) de centralidad ideológica, lingüística, cultural y política castellana. Hay provincias más asimiladas y otras que apenas lo están (y que no quieren estarlo, lo que es su derecho inalienable). Esta opresión nacional de centralidad castellana (España no es sino Castilla ampliada por los decretos de nueva planta) se manifiesta en todos los aspectos, por ejemplo, España no ha tenido un valido, primer ministro o presidente catalán prácticamente nunca jamás, siendo la única excepción el período brevísimo y excepcional de la Primera República. Vascos (incl. navarros) sólo ha habido tres primeros ministros (o similar) desde 1715 (fundación del estado español bajo los Borbones). Aragoneses y valencianos apenas han tenido más suerte, mientras que Canarias sólo ha producido un primer ministro. Ha habido más jefes de gobierno no-españoles en España que vascos, catalanes y canarios juntos. Se nota quien manda: de los 95 primeros ministros (o equivalentes) anteriores a Rajoy que pude ubicar su lugar de nacimiento y que no eran extranjeros, 75 eran castellanos o andaluces. Castilla, según mi definición (Asturias, Cantabria, Castilla-León, La Rioja, Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia) tiene tan sólo el 33,5% de la población del estado pero el 50% de los dirigentes políticos. Andalucía tiene el 18% de la población y el 27% de los dirigentes políticos. Cataluña tiene el 17% de la población y tan sólo el 3% de los dirigentes históricos (y eso sólo gracias a la Primera República, que si no nada). España es una unión por la fuerza militar bajo el clásico lema céltico-latino de "vae victis". La autoridad de ideología nacional tan claramente castellana ha impuesto desde Madrid una y otra vez la supresión del autogobierno, sea con las conquistas militares contra los vascos, los decretos de nueva planta contra los catalano-aragoneses, la supresión de los fueros impuesta manu militari dos veces en el siglo XIX y una vez más por el fascismo en el s. XX, etc. Madrid quita y Madrid concede según le conviene pero eso no nos vale a los pueblos oprimidos: por eso el federalismo no es una opción realista porque descansaría aún en la imposición centralista de la unidad de España y la imposición de fronteras artificiales que dividen a nuestros pueblos entre los dos estados latinos: Francia y España. Para vascos y catalanes sólo hay una opción aceptable: soberanía plena. A partir de ella podemos llegar a cualquier acuerdo con nuestros vecinos partiendo de la igualdad y el respeto mutuo. Pero menos no es aceptable.