FUGA RADIOACTIVA EN TARRAGONA: LOS EXÁMENES RADIOLÓGICOS SON AMBIGUOS
El cúmulo de negligencias en Ascó revela la falta de control en las nucleares

La serie de ‘errores’ y
‘accidentes’ en torno a la
fuga radioactiva de Ascó I
indica que o hay una
absoluta falta de control o
una confabulación para
ocultar lo que ha ocurrido.

01/05/08 · 13:17
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Ha vuelto a ocurrir. Nos hemos podido
enterar de que se había producido
una fuga radiactiva en la central
nuclear Ascó I (Tarragona) porque
Greenpeace lo hizo público el 6 de
abril. Cuando ya habían transcurrido
más de cuatro meses desde el escape
(supuestamente ocurrió el 29
de noviembre de 2007), la organización
ecologista recibía una llamada
anónima de unos trabajadores de la
central que denunciaron que “había
habido un escape hacía tiempo, que
había contaminación en los vallados
y en los tejados y se habían encontrado
partículas, que era cobalto, y
que la cantidad de radioactividad
que salió estaría en torno a los cinco
curios, por la información que les
habían dicho”, recuerda Carlo
Bravo, representante de Greenpeace.

Poco después se pronunciaba
el Consejo de Seguridad Nuclear
(CSN), el órgano encargado de vigilar
las instalaciones nucleares y radiactivas
del país. Éste confirmaba
la fuga, el ocultamiento de los datos
y, posteriormente, su minimización
por parte de la central nuclear gestionada
por la Asociación Nuclear
Ascó-Vandellós II (ANAV) –participada
por Endesa e Iberdrola–. “Los
alcaldes de los pueblos cercanos a la
central se enteraron por la prensa,
no se dio la prealerta de emergencia
ni avisaron a protección civil”, apostilla
Carlos Bravo.

Cuando el CSN trataba de pasar
página destituyendo al director y al
jefe de protección radioactiva de la
central, el escándalo no hacía más
que comenzar: un camión con material
contaminado por radioactividad
salía de la central nuclear sin
ningún problema y era una empresa
de reciclaje en Reus, a más de 60
km de Ascó I, quien daba la voz de
alarma el 22 de abril.

¿Qué lectura hacemos de estos
hechos? Para Carlos Bravo, “Ascó
no está controlando absolutamente
nada, o no tiene ningún interés
en que se controlen este tipo de actividades
para que no se encuentren
partículas y el nivel de radioactividad
total que se declare
sea menor”. El CSN también tiene
una importante responsabilidad
sobre lo sucedido porque, según
Carlos Bravo, “tenía conocimiento
de la fuga días antes al 6 de abril,
pero mantuvo oculta la información
y no evitó que el Colegio de
los Maristas de Girona realizara
una excursión a la central el 5 de
abril, ¿por qué no informó a la opinión
pública cuando está obligado
a hacerlo?”.

Los posibles impactos radioactivos
sobre la población y el medio ambiente
han quedado descartados, de momento,
por el CSN: “Según los datos
disponibles, el riesgo radiológico es
irrelevante y no se ha encontrado contaminación
ni en las 900 personas trabajadoras
controladas ni en el alumnado
de los Maristas de Girona”, ha
manifestado en un comunicado.

Parte de los datos sobre la radiación
han sido recogidos en abril por
la Red de Alerta Radiológica (RAR)
de Tarragona, incapaz de detectar la
fuga radioactiva durante meses. Por
otra parte, empresas ligadas a Endesa,
que gestiona la central, se han
encargado de los exámenes a las personas.
¿Qué fiabilidad tienen todos
estos datos?

Para Eduar Farré, del Instituto de
Investigaciones Biomédicas de Barcelona,
el tipo de información que se
ha dado sigue siendo “confusa y ambigua”.
En primer lugar, por el baile
de cifras: “la central dio unas cifras hablando de ‘partículas radioactivas’
con una intensidad en miles de bequerelios
y después a los pocos días
eran millones de bequerelios, cambiando
los órdenes de magnitud en
una dimensión tremenda”. En segundo
lugar, por su imprecisión. Según
nos explica Farré, hablar de ‘partículas’
desde el punto de vista de contaminación
radioactiva no quiere decir
nada si además de la cantidad no se
especifica la intensidad (qué radionúclidos
están emitiendo esta radiactividad).

De momento se ha apuntado
que el emisor es cobalto 60, “un
deshecho radioactivo que tiene que
tratarse enormemente”, según Farré.
Pero, en cualquier caso, no existe un
riesgo cero: “Desde el punto de vista
científico, cualquier partícula radioactiva
puede tener un impacto”,
aclara Farré, que nos recuerda cómo
el umbral mínimo de radioactividad
ha ido menguando a lo largo de la
historia y sigue obedeciendo a unos
criterios técnicos del CSN, más allá
de lo científico.

Greenpeace ha denunciado que la
Dirección General de Protección
Civil ha hecho un uso acientífico de
los datos de su RAR, al realizar una
medición puntual cuatro meses después
del accidente, cuando el viento
ha podido dispersar las partículas.
La diseminación de las partículas radioactivas
es una opción muy probable,
según Farré: “Dependiendo de
las condiciones metereológicas, éstas
pueden haber ido en una dirección
u otra y, dependiendo de su naturaleza,
se pueden haber acumulado
en el suelo, haber entrado en el
agua o en algún ciclo biológico”.
A día de hoy seguimos sin saber
qué ha ocurrido realmente y cuáles
son las consecuencias. De momento,
Greenpeace, que junto a Ecologistas
en Acción, llevará el caso por
la vía penal, “sigue recibiendo llamadas
y correos electrónicos de trabajadores
para comunicar que se siguen
encontrando partículas y que
no se está diciendo la verdad”, nos
informa Carlos Bravo.

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