A Robin Dash el impago de su hipoteca le provocó un ictus. Cuando el 8 de mayo de 2011 sufrió este ataque cerebral, él y su familia cumplían justo un año desde que pudieron pagar la última cuota mensual de la hipoteca de 240.000 euros por su piso en Puente de Vallecas (Madrid). La letra entonces ya alcanzaba los 1.530 euros, unos 200 euros por encima de lo que le daba de sí un pequeño negocio de alimentación y frutos secos a una familia con dos niñas que hoy cuentan con 6 y 3 años de edad.

A tres días de su posible desahucio, previsto para el lunes a las 9.30 de la mañana, la única que puede aportar un sueldo a la casa es Leya, la esposa de Robin. Éste todavía se mantiene en situación de incapacidad laboral, certificada por un Tribunal Médico y revisada de forma trimestral. A la par que su marido se ha ido estabilizando, Leya ha podido encontrar empleo a tiempo parcial como empleada doméstica en un piso en el Barrio del Pilar. Todos los días cruza Madrid de sur a norte (una hora de trayecto) para trabajar dos horas en el piso. Lea mantiene todas estas actividades con su implicación directa, como una activista más, en el grupo de vivienda del 15M de Vallecas.

En estas condiciones, y después de un primer aplazamiento en febrero, el juzgado de 1ª instancia número 32 de Madrid, cuyo titular es experto en materia hipotecaria, ha considerado que no existían motivos suficientes para detener o siquiera aplazar el procedimiento de desahucio. En estricto cumplimiento de la normativa hipotecaria española, es lo que hay, como saben afectados y grupos de apoyo. No obstante, algunas sentencias han abierto un debate al respecto, indica Diego de las Barreras, uno de los abogados que trabajan junto a esta familia desde la Oficina de Vivienda de Vallecas, el grupo de acción sobre el tema promovido por la Asamblea local del 15M.

“No es cierto que, con el daño público y social que conlleva, la única aplicación posible de la Ley sea la de ejecutar sin más el lanzamiento de los ocupantes que han perdido su vivienda en un procedimiento hipotecario”, señala de las Barreras. Una sentencia reciente, de febrero de 2012, detenía el proceso de ejecución hipotecaria sobre una vivienda basándose en un artículo del Código Civil, el 7.2, que recoge la doctrina sobre el llamado “abuso de derecho”: el momento en que la aplicación estricta de la Ley supone mayor perjuicio debido a su posible uso antisocial.

El problema, como aclara la propia sentencia, es que la doctrina del abuso de derecho tiene firmes detractores entre el sector más positivista de la judicatura: aquel que se atiene a la pura letra impresa de la Ley y no a los principios abstractos que supuestamente la guían. Estos sectores, explicaba la sentencia del juzgado de Arenys de Mar, pueden llegar a calificar este hilo argumentativo de “etéreo, metafísico e insustancial” comparado con la rotundidad normativa de, por ejemplo, la Ley Hipotecaria española. Las sentencias en este

El hilo de la Ley

El debate entre juristas debería aclarar entonces qué circunstancias concretas actúan para que se sobrepasen los “límites normales en el ejercicio de un derecho”. En este caso, el derecho que otorga a Bankia la legislación hipotecaria española de quedarse con el piso de Robin y Lea en subasta, reclamar su desahucio y exigirles los 225.000 euros.

Según detalla otra participante en la Oficina de Vivienda de Vallecas, el juzgado ya conoce la situación en que se encuentra la familia. El aplazamiento del anterior intento de desahucio fue posible gracias a los documentos aportados, entre ellos un informe de la trabajadora social en el que establece que un posible desahucio puede suponer un agravamiento en las condiciones de salud de Robin que incluso le puede provocar otro ictus.

“La hija menor, que tiene 3 años, ha empezado el curso hace tan sólo cinco días”, explica a DIAGONAL esta activista. Como en otros casos similares en los que las entidades han consentido en aplazar el desahucio, Lea ha explicado en la oficina de su barrio y en las oficinas centrales de Bankia el perjuicio que supondría un incierto cambio de domicilio para las menores con el curso empezado.

Perdida de momento la batalla legal, la siguiente se juega este lunes en el mismo terreno del desahucio, frente al número 3 de la calle Cordillera de Cuerda, en el barrio vallecano de Palomeras. Tanto la PAH-Madrid como el 15M local estarán allí para tratar de detener el desahucio de forma pacífica.