Cuidar el medio ambiente queda bien como eslogan, pero no es una prioridad
Cuidar el medio ambiente queda bien como eslogan, pero no es una prioridad

A diferencia del PP, el PSOE no ha tenido ningún
problema en asumir que la degradación medioambiental
es un problema y que hay que proteger
nuestro hábitat. Ha sabido desmarcarse del trasvase
del Ebro (incluido en el Plan Hidrológico
Nacional del PP), declararse antinuclear y abanderar
la lucha contra el cambio climático. Pero a la hora
de la verdad, de traducir las buenas palabras en
políticas reales, Medio Ambiente ha seguido siendo
el Ministerio ‘menor’ y las políticas medioambientales
han estado supeditadas al crecimiento económico
de la construcción y las grandes infraestructuras.

07/02/08 · 0:00
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TREN DE ALTA VELOCIDAD. Concentración contra las obras del TAV en Euskadi.

Del Ministerio de Medio Ambiente
salieron muchas medidas y planes
–pocas leyes– elaborados, seguramente,
por personas competentes y
que creen en lo que hacen. Pero como
las recomendaciones que hace la
ONU, todo, o casi todo, se queda en
papel mojado. Muchas de las leyes y
planes para proteger el entorno y
nuestra salud que se han aprobado
(Ley de calidad del Aire, Ley del Suelo,
Planes de Movilidad, el Código
Técnico de Edificación, etc.) dependen
en su aplicación de las CC AA,
lo que aumenta su arbitrariedad. Y
los Ministerios con más fuerza, como
Fomento e Industria (sólo hay
que comparar las partidas presupuestarias
de cada uno) cortocircuitan
con sus planes estratégicos leyes
y medidas de protección del entorno,
como la Red Natura 2000. A continuación,
un resumen sumario de
las principales medidas.

TERRITORIO

En materia de gestión del territorio
se han elaborado leyes que apuestan
por la protección del entorno, como
la Ley del Patrimonio Natural y Biodiversidad,
mientras paralelamente
se aprueban otras que persiguen sacar
la mayor rentabilidad a costa de
la destrucción del paisaje.

Se empezó con la retirada de Plan
Hidrológico Nacional del Gobierno
del PP, pero las políticas de urbanismo
e infraestructuras que se han llevado
a cabo quedan lejos de apostar
por una nueva cultura del agua, que
implica un cambio más profundo del
modelo. Con una nueva Ley del Suelo
que dice contrarrestar las tendencias
especulativas, en realidad se está
preparando el terreno para un
nuevo boom inmobiliario a través del
abaratamiento del suelo rústico. Se
crean nuevas desaladoras para evitar
la sobreexplotación de acuíferos
y ríos, pero una gran parte de este
agua es para cubrir servicios turísticos
y nuevas urbanizaciones con
campos de golf.

A principios de 2007 se aprobó la
Ley de Calidad del Aire y Protección
de la Atmósfera con el objetivo de
adecuarse a las directivas europeas y
garantizar a la población un aire menos
nocivo, pero se pasó por alto un
punto que calificaron como “un
error”: no se contemplaban ni los yates
ni los aviones para el nuevo modelo
de impuestos (ahora basándose
en las emisiones de CO2 en vez de en
la cilindrada). Tampoco parece coherente
esta preocupación por la calidad
atmosférica mientras se aprueba
el Plan Estratégico de Infraestructura
y Transporte que plantea la
construcción de 6.000 km más de autovías
y 9.000 km nuevos para líneas
de Trenes de Alta Velocidad. Este
plan ha obtenido todo tipo de denuncias
por parte de la sociedad civil que
no entiende cómo las construcciones
previstas (muy lejos de las necesidades
reales) son la primera etapa de
un plan que, a partir de 2013, busca
conducir el transporte hacia la sostenibilidad.
ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO
El Gobierno del PP nunca incluyó en
su política nacional el problema del
cambio climático, a pesar ratificar el
Protocolo de Kioto en 2001 y comprometerse
a reducir sus emisiones
de gases de efecto invernadero un
15% respecto a 1990. Cuando el
PSOE asumió la candidatura, las
emisiones sobrepasaban el 45%. Lo
tenía difícil, sí, y en cuatro años no se
cambia un modelo de consumo y
producción energética basado en el
despilfarro y la dependencia de los
hidrocarburos. Sin embargo, la preocupación
que destilan sus discursos
no se corresponde con las medidas
adoptadas. Muchas son transposiciones
de la directiva europea, con
sus aciertos y sus coladeros. La entrada
en vigor del mercado de comercio
de emisiones europeo en 2005 ha
exigido la elaboración de planes
anuales donde se fijan los topes de
contaminación a algunos de los sectores
contaminantes. El Gobierno socialista
no sólo ha aplicado sus rebajas
en su segundo Plan (reducir las
emisiones un 15% era demasiado y
lo han dejado en un 24%), sino que
ha sido muy benevolente con las empresas
afectadas, especialmente con
las eléctricas. Además de regalarles
toneladas de derechos de contaminación
gratuitos, les brinda todas las
facilidades para cumplir Kioto sin dejar
de contaminar. La herencia, por
otra parte, de un mercado eléctrico
liberalizado por el PP ha dejado a la
discrecionalidad de las eléctricas
(nacionales y extranjeras) la inversión
en centenares de centrales térmicas
por todo el territorio más allá
de las necesidades energéticas. Conseguir
que en 2010 el 12% de la energía
primaria sea producida con fuentes
renovables es insuficiente si sigue
una política continuista del PP
en el sector energético. Tampoco se
ha regulado seriamente la contaminación
del transporte (principal responsable
del calentamiento global)
ni el consumo energético residencial
(ambos no incluidos en la directiva
europea), pero el Código Técnico de
Edificación es un paso adelante en
eficiencia energética.
Ha sido importante que la postura
oficial no sea pronuclear. Pero si no
se han construido más centrales nucleares
ha sido porque no son rentables
en un sector liberalizado. Otra
cuestión es el cierre de las centrales
existentes.

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

En marzo de 2007 se aprobó la Ley
de Responsabilidad Ambiental (ver
DIAGONAL nº 53) como respuesta
al mandato constitucional según el
cual la ciudadanía tiene derecho a
disfrutar de un medio ambiente
adecuado. Quienes lo impidan están
obligados/as a reparar los daños
causados (Art.45.3). “Quien contamina
paga”, lo cual es todo un avance
legislativo en términos ecológicos.
Sin embargo, sólo se circunscribe
al territorio español, un gran
vacío que los grupos ecologistas
han denunciado, ya que implica que
la larga lista de transnacionales españolas
que realizan sus actividades
fuera del Estado quedan exentas
de responsabilidades. Tampoco
se considera la posible contaminación
nuclear ni la que afecta a la atmósfera
ni a las aguas marinas.
Casos derivados de las actividades
de defensa nacional o seguridad internacional,
de traslado de residuos
fuera de la UE, de contaminación
por hidrocarburos o por transporte
de sustancias nocivas o potencialmente
peligrosas quedan también
fuera de la legislación. Para el resto
de casos, en los que se exigirán responsabilidades
por ley, se reserva
una cláusula que establece que la
Administración podrá eximir del pago
del agente contaminante cuando
lo considere necesario.

LOBBY ECOLOGISTA EN LA RECTA ELECTORAL
_ Muchos grupos sindicales y ecologistas comprometidos, sin cesar su labor de denuncia
en la 'calle', han aprovechado el buen talante del Gobierno de Zapatero para estar en mesas de negociación y tratar de incluir sus propuestas ecológicas. Como otros años, Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF/Adena, han elaborado un 'recetario' de propuestas con el objetivo de alimentar el debate ambiental durante la campaña previa a las elecciones.
- Reducción drástica de las emisiones de efecto invernadero, ahorro energético y renovables: con una ley (no planes ni medidas) contra el cambio climático sin parches
de lavado verde, una planificación energética, una ley de energías renovables, una fiscalidad ecológica y una moratoria de centrales térmicas, además del cierre de las
nucleares.
- Movilidad sostenible: revisando el PEIT y paralizando las obras que atentan contra
el Plan sobre Red Natura 2000, con una Ley de Movilidad Sostenible.
- Aire limpio: con una ley que regule los Planes de las CC AA y municipios y aplicando
la directiva sobre techos nacionales de emisión, sistemáticamente incumplida.
- Urbanismo responsable y biodiversidad: con un plan de jueces especializados en
especulación y un Plan Nacional del Patrimonio Natural y una Oficina española de Especies Amenazadas.
- Nueva cultura del agua:con una nueva Ley del Agua y la restauración del dominio
público hidráulico.
- Agricultura sostenible: con un Plan Nacional de Reducción de Agroquímicos.

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