DERECHOS // SE REINICIA EL TRÁMITE PARLAMENTARIO DEL PROYECTO ESTRELLA DEL GOBIERNO
Cuenta atrás para la Ley de Dependencia

El Gobierno, apoyado por
Esquerra Republicana e
Izquierda Unida, pretende
que se apruebe la Ley de
Dependencia a comienzos
de 2007. La financiación y
el peso de las autonomías
siguen siendo aspectos
complicados del empeño.

16/10/06 · 18:51
Edición impresa
JPG - 10 KB
ESPERA. El proyecto de ley ha generado grandes expectativas. Además de la financiación, la garantía de las prestaciones para más población sigue siendo una cuestión abierta / Antonio Navia

Con el inicio del curso parlamentario
comienza también el último trámite
para la aprobación de la Ley
de Autonomía Personal y Atención
a la Dependencia. Se trata de la propuesta
con la que el Gobierno habla
de instaurar un sistema nacional de
atención a personas dependientes
equiparable por su extensión y garantía
a la sanidad, la educación o
las pensiones públicas. En 2015,
año de su implantación definitiva,
en torno a 1.125.000 personas consideradas
dependientes -entre jubilados,
personas con minusvalías físicas
o intelectuales y menores- disfrutarían
de las ayudas y servicios
del sistema, según el proyecto aprobado
por el Ejecutivo en mayo.

Los grupos parlamentarios de Esquerra
Republicana de Catalunya
(ERC) e Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya-Verds (IU-ICV) son
los principales socios de una norma
que ha sido rechazada íntegramente
por CiU, PNV y Eusko Alkartasuna,
y a la que el Grupo Popular ha presentado
140 enmiendas. Las 54 enmiendas
presentadas conjuntamente
por ERC e IU suponen, según ha
declarado el diputado republicano
catalán Joan Tardá a DIAGONAL,
“un intento de garantizar que la norma
que finalmente se apruebe es de
carácter progresista y asegure la universalidad
de los nuevos derechos”.

A esta mitad de la legislatura, con
importantes reformas económicas
de carácter neoliberal ya aprobadas,
como la reforma fiscal, laboral o de
las pensiones, la llamada Ley de
Dependencia es el principal resto del
pacto no escrito de colaboración en
medidas sociales entre el PSOE y los
partidos a su izquierda. De ahí que
tanto el Gobierno como ERC e IU
den gran importancia a un proyecto
cuya implantación equiparan a
un cuarto pilar del Estado social. El
Ejecutivo y sus socios esperan llegar
a un acuerdo sobre las diferentes
enmiendas a lo largo de estos
meses, de modo que a principios de
2007 la Ley esté aprobada.

Así, la Comisión de Trabajo y
Asuntos Sociales del Congreso comienza
en septiembre sus reuniones
con la Ley de Dependencia de
protagonista. Dicha comisión será
el escenario del delicado equilibrio
que deberá mantener el Gobierno
si, como ha anunciado el ministro
de Trabajo, Jesús Caldera, se pretende
que la norma goce del mayor
consenso posible entre todas las
fuerzas políticas. Al mismo tiempo,
el Gobierno deberá concretar con
ERC e IU, con quienes mantiene un
convenio de colaboración en este
apartado, el alcance de las 54 enmiendas
presentadas, entre las que
se encuentran importantes cuestiones
como la reforma del proyecto
en un sentido más federal -con más
poder para las comunidades autónomas
y el mantenimiento de la garantía
de la financiación estatal-, la
inclusión de los enfermos mentales
y del tramo de edad entre los cero y
los tres años. Si bien la cuestión del
copago de parte del servicio por
parte de los beneficiarios resulta
uno de los aspectos más polémicos
de la propuesta (ver cuadro de datos),
ni ERC ni IU han presentado
ninguna enmienda al respecto.

“Lo importante es que esta norma
el Gobierno no se la trabaje con
la derecha”, asegura Tardá. Para el
ponente de ERC, una vez desligado
el nuevo sistema de la Seguridad
Social, su negociación año
tras año en el parlamento a través
de los Presupuestos Generales del
Estado se convertirá en el auténtico
campo de batalla entre las distintas
fuerzas políticas.


ENCUESTA DEL CIS: LA MAYORÍA NO CONOCE EL PROYECTO DE LEY

AÍDA ÁLVAREZ BLANCO


El Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS), como organismo
encargado de investigar las
opiniones de los gobernados, se
interesó por la conocida como
Ley de Dependencia en su barómetro
de mayo de 2006. Echando
un vistazo a los datos publicados
en su web, sorprende el alto
nivel de acuerdo que en la sociedad
española refleja el estudio,
especialmente la sutileza de las
diferencias entre los votantes de
los principales partidos políticos.

Hay acuerdo en que las personas
mayores que viven solas reciben
poca protección por parte
del Estado y en que son el colectivo
que debería estar mejor protegido,
por delante de pensionistas
y parados, por ejemplo. A la
hora de entrar en materia sobre
lo que más interesa al Gobierno,
destaca el hecho de que un
65% de la población no ha oído
hablar de la Ley de Dependencia
y que, de los que la conocen, un
porcentaje muy elevado la consideran
bastante o muy positiva
(un 84% de los votantes del
PSOE y el 70% de los votantes
del PP). Suscita consenso la idea
de que el derecho a la autonomía
personal de las personas en
situación de dependencia debe
hacerlo posible el Estado, pues
menos del 2% de las respuestas
indican que tenga que hacerse
cargo la familia. Esta opinión se
concentra especialmente entre
los encuestados que se declaran
de extrema derecha.

El estudio no olvida el polémico
tema de los gastos derivados de
los servicios que se presten a las
personas que los necesiten. La
disyuntiva entre un sistema gratuito
como el sanitario o que la
Administración ayude económicamente
sólo a los afectados
que no tengan recursos suficientes
reparte las repuestas en porcentajes
prácticamente iguales
(48 y 45% ). Sin importantes
diferencias en función de la ideología,
14 puntos es la máxima
diferencia a favor de la gratuidad
tanto en la extrema izquierda
como en la extrema derecha. En
otra pregunta, el llamado “copago”
muestra un buen nivel de
aceptación frente a la financiación
exclusiva por medio de los
impuestos (57 y 38%).
La afirmación de que las personas
que atienden a sus familiares
deben ser reconocidas
como trabajadoras y tener
derecho a retribución y Seguridad
Social aparece refrendada
por más del 87% de la población.
La opción entre cuidados
familiares y profesionales también
divide a los encuestados
en dos mitades, aunque la opinión
de que hay que potenciar
servicios como la atención
domiciliaria, el apoyo económico
a las familias y la posibilidad
de reducir la jornada laboral
para las personas con
familiares dependientes a su
cargo indica que no hay intención
de ‘escurrir el bulto’.

¿Institucionalizar la desigualdad?
_ El hecho de que el
83% del trabajo de
cuidados a personas
dependientes en el
Estado español esté
realizado -en la
mayor parte de los
casos- de forma no
remunerada por mujeres
ha contribuido a
provocar que los grupos
feministas se
hayan interesado por
el debate sobre la Ley.
Algunos de ellos, con
una posición claramente
crítica. La Coordinadora
Estatal de
Organizaciones Feministas
debate un texto
que, si bien valora el
interés de la propuesta,
considera que el
proyecto no cuestiona
la discriminación que
sufren las mujeres,
sobre las que recae la
mayor parte del trabajo
de cuidados, y que
incluso puede «institucionalizar»
esta situación
con la propuesta
de remunerar en algunos
casos las tareas
de atención a familiares
dependientes. El
texto también critica el
peso del copago y los
conciertos privados.

Tags relacionados: Cuidados Ley de dependencia
+A Agrandar texto
+A Disminuir texto
Licencia

comentarios

0

separador

Tienda El Salto