Foto: Olmo Calvo

Después de las elecciones del 20N,
el primer cargo del Partido Popular
que anunció algún tipo de medida
política de ámbito estatal fue Rafael
Hernando, portavoz del PP en la
comisión de inmigración del Congreso
de los Diputados. El presidente
electo, Mariano Rajoy, se demoró
hasta el sábado 3 de diciembre
para salir de su silencio con una
versión casera del “sangre, sudor y
lágrimas” de Churchill.

Lo que anunció Hernando el jueves
24 de noviembre fue el fin del
procedimiento conocido como arraigo
social, la principal vía de regularización
para quienes viven en territorio
español sin permiso de residencia
ni trabajo. El número uno del PP por
Almería, que no figura en ninguna
‘quiniela’ de ministrables, dijo muchas
cosas en sus declaraciones a la
agencia Efe: habló de implantar “la
inmigración circular”, de “vincular
la inmigración al empleo” de reformar
siete artículos del Reglamento
de Extranjería y de terminar con la
supuesta entrada masiva de irregulares
con visado de turista.

Pero sobre todo, lo que concretó
fue que el Gobierno aplicará la llamada
situación nacional de empleo
a las nuevas solicitudes de tarjetas
de residencia y trabajo tramitadas
con la fórmula del arraigo social.
Hasta ahora, la residencia continuada
de tres años y el presentar un
contrato de trabajo de un año de duración
eran las dos principales exigencias
para tramitar los ‘papeles’
por esta vía.

La única de las medidas mencionadas
por Hernando que podrá ejecutar
el nuevo Gobierno en su primer
consejo de ministros es precisamente
ésta. “Para reformar los
artículos 123 a 130 del Reglamento
de Extranjería, el Gobierno tendría
que redactar y aprobar una Ley Orgánica”,
precisa Adolfo Gutiérrez,
abogado de extranjería en la Oficina
de Derechos Sociales (ODS)
del madrileño Centro Social Seco.
“Esto les llevaría como poco tres o
cuatro meses”, explica.

En cambio, la limitación de los
contratos por arraigo a aquellos sectores
en los que no existe desempleo
se puede hacer mediante una simple
orden ministerial, de acuerdo con el
actual Reglamento de Extranjería,
aprobado por el Gobierno del PSOE
en abril de 2011. “La propuesta del
PP la puso sobre la mesa y la hace
posible el Gobierno de Zapatero”,
se apresura a aclarar Gerardo
Márquez, de la Coordinadora de
Inmigrantes de Málaga.

Las consecuencias de este cambio
se pueden consultar en el catálogo
de profesiones de difícil cobertura
que publican cada cuatro meses los
servicios públicos de empleo: la bolsa
de irregulares, de entre medio millón
y un millón de personas, podría
aspirar a puestos altamente cualificados
(como diversas especialidades
en medicina) o a contratos sectoriales
en la marina y el deporte profesional.
En otras palabras, el temido
cerrojazo migratorio se podría aplicar
de derecho sin modificar la Ley.

La secretaria de Estado de
Inmigración, Anna Terrón, ya había
avisado en el tramo final de la reforma
del Reglamento de Extranjería
que la regularización por arraigo tendría
que ser “cada vez más excepcional”.
Terrón acudía a la fórmula usada
en el título preliminar de la Ley de
Extranjería para certificar que “el
modelo español de inmigración” se
basa en vincular la inmigración al
empleo, una realidad que Rafael Hernando,
en sus declaraciones a Efe,
atribuyó a las intenciones futuras del
Gobierno del PP.

Según los últimos datos disponibles
del Ministerio de Trabajo e
Inmigración, en junio de 2011 había
70.684 personas de origen extranjero
cuyo primer permiso de empleo
procedía de un trámite por arraigo.
Pero la referencia para medir el impacto
de esta fórmula se encuentra,
dentro de las estadísticas, en las casi
930.000 personas (de un total de
2.660.000 residentes regulares no comunitarios) que disponen de una tarjeta
temporal de trabajo: la bolsa de
mano de obra que en los últimos cinco
y seis años ha accedido a la tarjeta
de empleo por haber sido contratada
en su país (una vía en declive desde
2008) y/o por haber aguantado los
tres años sin tarjeta hasta poder conseguir
un contrato para el arraigo.

Para Ahmed, un maestro senegalés
de 35 años miembro de la ODS
de Terrassa (Barcelona), el fin del
arraigo supondría “una decepción
total” para la gente que todavía espera
cumplir los tres años de residencia
o que está iniciando los trámites
de la regularización. “El cambio no
sería justo porque el Estado había
adquirido un compromiso con ellos.
Podrían haber ido a otro lugar, pero
han preferido esperar hasta poder
regularizarse”, afirma.

Esta espera, desde el inicio de la
crisis, supone una carrera de obstáculos
en muchas provincias españolas.
No existen datos públicos sobre
el número de tarjetas de arraigo denegadas,
pero una alta funcionaria
situaba el porcentaje de denegaciones
en Madrid en el 80% de las solicitudes
durante el verano de 2010.

“Ya es muy difícil conseguir un
contrato de un año de duración, y
además están mirando con lupa los
datos fiscales de las empresas que
hacen los contratos”, destaca
Ahmed. El margen para la arbitrariedad
administrativa es alto –los
tiempos de espera llegan a un año–
y varía según la provincia: en la de
Barcelona, un bufete de extranjería
llamado Legalcity ha llegado a requerir
a la delegación del Gobierno
que “explicite” los criterios que está
siguiendo para admitir o rechazar
las solicitudes.

Abdel Sabri, un técnico marroquí
que vive con su mujer y su hijo en el
barrio madrileño de San Blas, resume:
“Primero han ido a por nuestros
trabajos, luego a por nuestras casas
y ahora a por nuestros papeles”.

Este artículo forma parte de una serie, animada por personas de Madrilonia, Diagonal, Ferrocarril Clandestino, Brigadas Vecinales de Derechos Humanos y participantes en el 15M, con el objeto de enriquecer los debates surgidos en torno a las convocatorias del 10 al 18 de diciembre por los derechos de los inmigrantes.