Estos últimos meses de 2012 se ha llegado al récord de CO2 en la atmósfera, superando la concentración de 390 partes por millón (ppm). Es muy probable que la temperatura a final de siglo supere los dos grados centígrados y es posible que llegue, incluso, a un aumento de seis grados. Además se están batiendo los límites de temperaturas según la Organi­zación Mundial de Meteo­rología. Naciones Unidas advierte que es necesario reducir en 2020 un 14% la emisión de los gases de efecto invernadero, para mantener el incremento en la temperatura global por debajo de 2 grados centígrados y que por ello se exigirá a los países objetivos más serios para reducir las emisiones. La declaración final de la Conferencia de Doha será el 7 de diciembre y se espera que se produzcan anuncios relativos a las políticas de emisión de gases de los países participantes. Esta puede ser una de las últimas oportunidades para sentar las bases de solución de este desafío.

En su documento Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050 [PDF], la UE avisa de que el tiempo se acaba. Por ello ya en el año 2005 se lanzaron en la UE los instrumentos de mercado para reducir el cambio climático. Por ello se puso en marcha el mercado de CO2, que tuvo dos fases hasta ahora, una preparatoria 2005-2007 y otra de funcionamiento 2008-2012.

Los que contaminan cobran

El mercado de CO2 nació en la UE a partir de 2005, inspirado en mercados similares de EE UU, como una herramienta para primar a las empresas que emitan menos gases de efecto invernadero. Se basa en unos permisos de emisión que son asignados por los gobiernos de forma gratuita a las empresas: si éstas emiten menos de lo que les han asignado, pueden vender los permisos sobrantes, y al contrario, si emiten más, los deben comprar. Aunque este mecanismo en teoría pretendía promover tecnologías más limpias, en España se ha revelado como un sustancioso negocio para las empresas, ya que recibieron una asignación muy por encima de sus emisiones. Así, los que más contaminan son los que más han cobrado por la venta de sus derechos, sin que ello haya estimulado políticas de reducción de las emisiones. De esta forma se ha perdido una enorme oportunidad de avanzar hacia la mejora en la eficiencia y en la disminución de emisiones.

El 55% del total del CO2 emitido en España depende de sectores difusos (transporte, sector residencial, ciudadanos...) mientras que el otro 45% procede de tan sólo unas mil instalaciones: energéticas, cementeras, siderurgias, refinerías, etc. Es evidente que es más fácil legislar y cambiar las actuaciones de esas mil instalaciones, que en ocasiones son además de las mismas empresas.

Bien, el Gobierno asignó gratuitamente estas emisiones a los sectores industriales y energéticos más contaminantes. Estos derechos se podían comprar y vender. La asignación fue tan generosa por presiones de las empresas y de la patronal que dio lugar a un exceso de oferta. A esto se sumó la crisis, es decir, disminuyó la producción y sobró todavía más, de forma que las empresas vendieron masivamente sus derechos de emisión. Este reparto, además, en ningún caso previó que podía haber una crisis. ¿Quién hizo el cálculo? Si una empresa reduce la producción, ¿no es lógico, como propuso Alemania, que pierda derechos? ¿No sería adecuado exigir algo similar cuando la reducción de emisiones no está vinculada a inversiones en mejora de la competitividad?

Un análisis del año 2009 permite hacer una valoración aproximada del coste de oportunidad del carbono. Se observa el enorme error de cálculo en la planificación y los beneficios que el cambio climático ha supuesto a estas empresas. Por ejemplo, Arcelor emitió el 50% de lo que tenía asignado, y le sobraron cerca de cinco millones de derechos de emisión. En el sector del cemento, Cemex con 7,5 millones asignados expulsó emisiones por valor de sólo 3,7; Portland Valderribas, con 4,3 asignadas, emitió  2,6; Lafarge, con unos tres millones asignados emitió 1,8; Holcim, con 3,3, tan sólo 1,8. En el sector refinero, por ejemplo, Repsol tenía asignados 10,5 millones y emitió 8,7, es decir le sobraron 1,8 millones de toneladas; Cepsa tenía asignados 3,7, de los cuales emitió tres. Estos derechos que han sobrado se vendieron en el mercado de carbono, lo que les aportó, por supuesto, importantes beneficios.

Es evidente que el mercado de CO2 es un mercado financiero y como tal especulativo, lo que ha favorecido a las industrias que recibieron esas asignaciones. A partir del Registro Nacional de Derechos de Emisión el diario El País ha calculado que la industria pesada, incluyendo refine­rías, cementeras, azulejeras y ladrilleras, ha vendido en cuatro años derechos de emisión por un coste equivalente a 1.279 millones de euros.
Llama la atención que la asignación en algunos sectores como el refinero o en el de la siderurgia haya sido ascendente a pesar de la grave crisis en la que estamos inmersos. También que, aunque las producciones industriales han disminuido, los derechos de emisión han aumentado. Una percepción parecida es la que ha manifestado recientemente el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete cuando ha afirmado que el mercado de CO2, ha hecho que en España las industrias obtengan “pingües beneficios” con la venta de gases contaminantes y que “hay industrias abiertas simplemente para mantener los derechos de emisión”, mientras que “el Estado aún debe comprar derechos por el exceso de emisión en el transporte y en el sector residencial, por el que responde el Gobier­no”.

Es evidente que las actuaciones de incremento de transporte rodado, aumento de carreteras y autovías, y del transporte de mercancías por carreteras en vez de por ferrocarril y la falta de actuaciones en el sector residencial para reducir las emisiones, (planes de eficiencia, aislamiento, etc.) no han ido en el sentido de reducir esas emisiones por las que tiene que pagar el Gobierno.

Mientras, el otro 55% de las emisiones se mantiene y el Estado es el que debe pagar por ello, por medio de la compra, fuera de España, de derechos de emisión. La última vez a Polonia. El ministro responsable señaló que “España ha invertido 770 millones de euros para adquirir 159 millones” de toneladas en derechos. Y de aquí hasta 2014 aún tendría que comprar más de 105 millones de toneladas. El ministro añadió que “dependiendo de cómo fluctúe el precio de la tonelada, tendríamos que disponer o de 450 millones de euros en el mejor escenario, a cuatro euros, o de 850 millones”. Y concluyó: “Tenemos que dedicar a esta broma 150 millones de euros al año, mientras que a las empresas les sobra y algunas hasta equilibran sus cuentas de resultados vendiendo”.

Una lección muy cara

¿Qué podemos aprender? En primer lugar es evidente que el regalo de los derechos de emisión no ha funcionado para enviar las oportunas señales para una economía baja en carbono. Se ha perdido una oportunidad y varios años por un fallo en la planificación y en la ejecución del mercado del carbono. Si no hay escasez no hay mercado. La generosidad de los gobiernos con las empresas no ha funcionado más que para aumentar los beneficios de las mismas. Se desconoce si ha sido ingenuidad, candor o si se ha hecho de forma intencionada, pero este modelo sólo ha servido para engordar los beneficios de las empresas destinatarias.

Consciente de este desastre, la UE ha cambiado el sistema para 2013, pasándolo a una subasta, y ha marcado nuevos objetivos de reducción que incluso pueden ser aprobados en Doha en la línea de la hoja de ruta de la UE para 2050. El Parlamento Europeo y la Comisión piensan en retirar derechos para elevar el precio de la tonelada de carbono. El nuevo mercado de carbono basado en las subastas tendrá que ser seguramente más eficaz y eficiente. Todo un desafío para que el diseño de las políticas públicas incorpore el comportamiento real de las empresas.

En el momento actual en que se debate el déficit tarifario y cómo financiar un nuevo modelo energético basado en la menor dependencia energética, bajo en carbono, y en los objetivos de la UE de incremento a las renovables, es obligatorio sacar las conclusiones pertinentes de esta iniciativa de mercado con los criterios de eficacia, eficiencia y sobre todo de complementariedad de políticas, para no tomar medidas contradictorias.
El futuro es un mundo y una economía bajos en carbono, y cuanto antes empiecen a caminar las empresas y la administración en esta dirección antes llegaremos a este escenario más sostenible. Si hace que aumenten los precios, deben de evaluarse todas las políticas desde el punto de vista del cambio climático. Y tanto las empresas, como el Gobierno o los ciudadanos tienen que tomar una conciencia muy clara de la situación de riesgo que se avecina. El resto es pan para hoy y hambre para mañana.