¿Qué ha hecho el tripartito liderado por el partido islamista Nahdha tras un año de Gobierno, casi dos años después de la revolución? “Nada”, dice el arabista tunecino Farouk Jhinaoui. “Lo único positivo es la libertad de expresión. Pero hay una crisis política general, el Gobierno está en crisis y no tiene un programa político claro. Además, las reivindicaciones de la revolución no se han cumplido, hay más paro y no hay seguridad en las calles”, sentencia.

Túnez se encamina hacia la fecha clave del 23 de octubre, cuando, según un memorándum firmado por casi todos los partidos presentes en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), finalizaría su mandato y el del Gobierno, un año después de las elecciones. Pero este documento sólo les compromete moralmente, y parece que la Carta Magna todavía se hará esperar varios meses. A estas alturas la polémica está servida, numerosas voces claman que a partir del día 23 el Gobierno y la ANC perderán la legitimidad que les confirieron las urnas y se esperan movilizaciones frente a la sede de la Asamblea a partir de esa fecha. Para intentar capear un temporal que no cesa de arreciar, el Ejecutivo tripartito (Nahdha, CPR y Ettakatol) se estaría planteando la posibilidad de formar con la oposición un Gobierno de unidad nacional que tomara las riendas hasta la finalización de la Constitución y la celebración de elecciones. “El 23 de octubre no es el fin. Ese día deben buscar un consenso con toda la sociedad civil para seguir adelante. La situación social, política y económica lo requiere”, dice a DIAGONAL Abderrahman Hdhili, secretario general de la Liga Tunecina de Derechos Humanos.

Pero el borrador del texto constitucional, publicado en agosto, provoca en la sociedad el miedo a la regresión. Los tunecinos lograron tumbar en marzo la propuesta de que la sharia figurara en la Carta Magna como fuente de derecho. Ahora, nuevos puntos levantan una gran oposición, como la intención de que las mujeres, que hasta ahora tienen uno de los estatutos más avanzados del mundo árabe, figuren como “complementarias” y no como “iguales” a los hombres [a finales de septiembre se conseguía también tumbar este punto y que las mujeres vuelvan a figurar como "iguales"], o el proyecto de castigar con cárcel los “ataques a lo sagrado”. Human Rights Watch ha advertido de que, si no se modifica, la Constitución podría afectar a las libertades de expresión, pensamiento y religión, a los derechos de las mujeres y a la no discriminación.

Numerosas voces claman que a partir del 23 de octubre el Gobierno y la ANC perderán su legitimidad

A la crisis política e institucional se suma una situación económica y social que ha provocado miles de manifestaciones a lo largo del año. “La revolución en su origen fue social. La gente pobre, la que puso los muertos y heridos, no ha visto mejorar mucho su situación, así es que permanecen las reivindicaciones sobre el empleo y el desarrollo”, explica Hdhili. Semana tras semana, en Sidi Bouzid, Regueb, Kasserine o Gafsa se producen manifestaciones, y “se está juzgando ya a manifestantes que participaron en protestas por el empleo, mientras a los salafistas que atacan a las personas y a la cultura los dejan en la calle”, dice Jhinaoui. La situación se ve agravada en los últimos tiempos por un aumento del precio de los carburantes y de los alimentos básicos y un paro que no baja del 18%, lo que empuja a muchos jóvenes a arriesgar sus vidas en pateras rumbo a las costas italianas.