Un terremoto político y social sacudió Túnez el pasado 6 de febrero, cuando el abogado Chokri Belaid, secretario general del Partido de los Patriotas Demócratas (Watad), formación de corte marxista y panarabista y miembro de la coalición de izquierdas Frente Popular, moría a las puertas de su casa abatido a tiros. Belaid no era el primer muerto de la transición tunecina, ni mucho menos, pero sí la primera víctima de un asesinato político, no sólo premeditado, sino también anunciado.

Su muerte se producía después de sucesivas amenazas, algunas lanzadas desde los púlpitos, otras directas, de las que su partido había informado en repetidas ocasiones tanto al ministro del Interior como al resto de autoridades, y cuatro días después de sufrir junto a otros miembros de Watad un ataque mientras celebraban un congreso, agresión perpetrada por las Ligas de Protección de la Revolución (LPR), milicias formadas por militantes de Nahdha, el partido islamista en el poder.

“La intención de asesinarlo existía y la decisión fue finalmente tomada”, explica Mohamed Jmour a DIAGONAL, también abogado y vicesecretario general de Watad, que ya en noviembre achacó a las autoridades “la responsabilidad de cualquier eventual agresión” contra Belaid, después de que éste empezara a recibir serias amenazas. “Toda la responsabilidad política es del Gobierno, que tiene la obligación de proteger a los políticos, sindicalistas y militantes de los derechos humanos y no ha hecho nada. Quién es el responsable directo es otra cosa”, dice Jmour.

Pero los familiares de Belaid y la calle achacaron a Nahdha también una responsabilidad directa. No en vano, el asesinato de Belaid se producía pocas horas después de que acusara a Nahdha en una entrevista en televisión de haber dado “luz verde a la eliminación de sus oponentes políticos”. Y ello porque este partido no sólo ha tolerado a unas milicias responsables de numerosas agresiones, sino que el Consejo de la Choura de Nahdha acababa de salir en defensa y de pedir la liberación de los miembros de las LPR acusados de matar a golpes en octubre a un dirigente local del partido laico Nida Tunis en la ciudad de Tataouine.

A pesar de que los dirigentes de Nahdha, incluido su líder, Rachid Ghannouchi, condenaron el asesinato de Belaid y negaron cualquier tipo de implicación en el mismo, el estallido social fue inmediato y las calles volvieron a gritar, dos años después de la expulsión del dictador Ben Ali, “el pueblo quiere que caiga el régimen”, movilizaciones que culminaron en una huelga general y un entierro multitudinario.

Crisis política

Pero la crisis política que arrastra el país desde hace más de siete meses, calificada de “culebrón interminable”, se ha convertido tras el asesinato en una bomba de relojería. Ya en diciembre, según el instituto Emrohd, la satisfacción de la población con el Gobierno, formado por Nahdha, el nacionalista Congreso por la Repú­blica y el socialdemócrata Ettakatol, había caído hasta el 31%. La necesidad de remodelar un gobierno que no ha sido capaz de dar respuesta a las peticiones de reformas económicas y sociales y a los problemas acuciantes de la sociedad ha chocado una y otra vez con el fracaso en las negociaciones entre Nahdha, los partidos del Gobierno y la oposición. Todo esto se ve acompañado de un retraso considerable en la redacción de la Constitución, que debía estar lista en octubre y a día de hoy aún no ha visto la luz.

La propuesta de formar un gobierno de tecnócratas, lanzada tras la muerte de Belaid por el primer ministro, Hamadi Jebali, fracasaba estrepitosamente el 18 de febrero, después de haber sido rechazada desde el principio por su partido, Nah­dha, que se niega a ceder los ministerios más importantes, y tras el fracaso de las negociaciones con otras formaciones políticas. El Frente Popu­lar, coalición del fallecido Bel­aid, que defiende entre otras medidas la formación de un gobierno de salvación nacional hasta la celebración de nuevas elecciones, se había negado a participar en lo que Jmour califica de “parodia de consulta”. Al cierre de esta edición, Jebali, que tras el fracaso de su propuesta defendió la posibilidad de un futuro acuerdo sobre “otra forma de gobierno”, acababa de presentar su dimisión ante el presidente de la Repú­blica, pero aún se desconoce si éste le volverá a encargar la misión de formar un nuevo gobierno.

“Jebali miente más que respira. Todo esto ha sido una maniobra para absorber el enfado de la población tras el asesinato de Chokri”, dice Farouk Jhinaoui, arabista y miembro del comité central de Watad. “Ahora volverán a otras propuestas, como la de un gobierno político, intentando que participen más partidos, pero esto no funcionó anteriormente porque el resto de partidos no quiere estar con la troika y porque Nahdha se niega a cambiar a los ministros de Interior, Exteriores y Justicia. Todo esto nos vuelve a poner en la situación anterior a la muerte de Chokri”, afirma, haciendo referencia a los más de siete meses de un impasse político que parece no haber acabado.

Cambio urgente

Exasperada por el bloqueo político y social del país, la sociedad tunecina reclama un cambio para salir de una crisis de amplitudes monumentales. “Hemos aconsejado la creación de una conferencia de diálogo nacional y proceder lo antes posible a celebrar elecciones presidenciales y legislativas. Además, la Asam­blea Constitu­yente debe acabar su trabajo, en particular, la adopción de la Constitu­ción, la adopción de la ley electoral, que ni siquiera se ha empezado a discutir, y la puesta en marcha de una instancia electoral independiente”, dice a DIAGONAL el jurista Yadh Ben Achour, antiguo líder de la Alta Instancia para la Realización de los Objetivos de la Revolución, que ha participado en un “consejo de sabios” que ha asesorado al primer ministro.

Además, para poner freno a una situación de inseguridad creciente, tanto partidos políticos como organizaciones de la sociedad civil y este “consejo” exigen al Go­bierno que proteja a las personalidades amenazadas, entre quienes se encuentran políticos, sindicalistas, abogados y periodistas, y, sobre todo, según añade Ben Achour, le instan “a poner fin a la violencia y a disolver las Ligas de Protección de la Revolu­ción”.