ECUADOR
El crimen organizado, detrás del rapto de Correa

El intento de magnicidio contra el presidente de
Ecuador ha supuesto la apertura de 104 expedientes a
funcionarios implicados en el golpe. Las ramas de la
trama se extienden de la policía a grupos ultra y jueces.

- La amenaza de gobiernos del pasado

- Más información en: Un golpe coordinado entre policía y oposición

02/11/10 · 8:00
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Al cierre de esta edición son ya
104 los uniformados con procesos
disciplinarios en marcha para determinar
su grado de responsabilidad
en la sublevación e intento
de golpe de Estado del 30 de septiembre
en Ecuador
.

El ministerio del Interior ha informado
a su vez de que se han producido
deserciones de miembros de la
policía, personal que no se ha presentado
a entregar su dotación de armas
y uniformes tras la intentona
golpista. Por su parte, la Fiscalía declaró
estar esperando del Ministerio
de Defensa el listado de los miembros
del Ejército involucrados en el
levantamiento. También se están investigando
los correos electrónicos y
pasquines distribuidos en los cuarteles
de la Policía Nacional llamando a
la revuelta y firmados por un grupo
paramilitar autodenominado Grupo
Armado Policial (GAP), a fin de dar
con pistas que permitan la identificación
de sus cabecillas.

El 20 de octubre, en una operación
realizada de madrugada, ocho
miembros del ex grupo de élite policial
Grupo de Apoyo Operacional
(GAO) fueron trasladados al pabellón
A de máxima seguridad de la
cárcel de Quito como sospechosos
de haber participado en el intento
de magnicidio del presidente Rafel
Correa el 30 de septiembre.
De igual manera, los informes
que se están realizando por expertos
independientes demuestran conexiones
de determinados mandos
policiales con sectores de la oposición
política al Gobierno, al igual
que una importante penetración de
la CIA en los aparatos de información
de la Policía
, de manera especial
en las unidades implicadas en
la lucha antinarcóticos.

La red parainstitucional conformada
en la policía ecuatoriana es un
hecho que se remonta a 1984, durante
la presidencia de León Febres
Cordero, dirigente ultraconservador
que encabezó el gobierno más represivo
que ha conocido Ecuador
desde la segunda mitad del siglo pasado.
De igual manera florecen las
conexiones de sectores de la cúpula
policial y militar con una ciudadana
libanesa que estuvo afincada en
Ecuador llamada Leila Hadad Pérez,

quien fue nombrada durante el gobierno
de Lucio Gutiérrez (2003-
2005) cónsul ad honorem de Ecuador
en Egipto y que, según un informe
confidencial del Ministerio de
Defensa hecho público en diciembre
del 2008, es referenciada como
una “agente SWAT” con vinculaciones
con la CIA.

Mafia policial

En la actualidad, se está haciendo
público que, después de haber sido
separados por medidas disciplinarias
del cuerpo, varios policías que
han sido señalados por pertenecer a
grupos de sicariato –muchos de ellos
con conexiones con el GAO–, han
recibido amparo constitucional por
parte de fiscales y jueces acusados
de corrupción. Muchos de ellos tienen
enlaces con la oposición y también
se les acusa de estar vinculados
a grupos criminales, actos delictivos
y redes de narcotráfico. En la Policía
Nacional constan 517 bajas realizadas
por el Tribunal de Disciplina interno
entre 2006 y julio de 2010. Sin
embargo, y según datos oficiales del
cuerpo policial, 308 uniformados
fueron reincorporados al servicio
entre 1996 y julio de 2010 por varios
jueces considerados corruptos.

De forma extraoficial, miembros
del Gobierno ecuatoriano manifiestan
su preocupación ante una
situación que evidencia cómo “la
Policía perdió el rumbo institucional”.
Tampoco se atisba capacidad
de emprender reformas claras
en
una institución que, como quedó
demostrado el 30 de septiembre,
está vinculada a sectores políticos
de oposición y penetrada por el crimen
organizado, y es un foco de
múltiples denuncias de violación
de derechos humanos.

Un dirigente del partido oficialista
Alianza Patria Altiva I Soberana
(PAIS) manifiesta su preocupación
a este periódico e indica que
“en el Gobierno de la Revolución
Ciudadana, tanto el Ejército como
la Policía Nacional han sido privilegiados
en salarios, dotación armamentística
y tecnología. Sin
embargo estas instituciones no
han sido depuradas internamente.
Según este miembro de PAIS,
“pensamos inocentemente que de
esta manera posicionaríamos su
lealtad. Los hechos actuales demuestran
nuestro error. O procedemos
de inmediato con la reforma
de estas instituciones o estamos
perdidos. Llevamos ya cuatro años
de retraso”.

Tags relacionados: Ecuador Número 136 Golpe de estado
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