Más gasto energético e insostenibilidad

“La verdadera crisis que vivimos”,
según Luis González
Reyes, coordinador de Ecologistas
en Acción (EeA), “es la
socioambiental, causada por la
obsesión por el crecimiento
económico”. Frente a medidas
como los créditos gubernamentales
para la compra de viviendas
y la inyección de 2.500
millones de euros para rehabilitarlas,
EeA considera que “lo
lógico sería hacer accesibles el
millón de casas construidas
que aún están sin vender”. Sin
embargo, hay que “incrementar
la eficiencia energética de
nuestras viviendas. En ese sentido,
la apuesta del Gobierno es
acertada”. Ante la cesión de
1.500 millones de euros para
sustituir los coches de más de
15 años, EeA se pregunta “por
qué no se invierte lo mismo en
mejorar el transporte público”,
cuando los sucesivos planes
Renove sólo han incrementado
“el parque automovilístico y sus
impactos”. El aumento del
gasto en obra pública por encima
del 5% incrementará las
emisiones de C02 y la fragmentación
del territorio”. Con políticas
como la interconexión eléctrica
con Francia el consumo de
energía crecerá. “La apuesta de
llegar al 20% de energías renovables
servirá para mantener el
crecimiento, no para cambiar la
matriz energética”, que seguirá
basada en “un consumo creciente
de combustibles fósiles,
ni mucho menos reducir el consumo”.
La meta de alcanzar el
10% de agrocarburantes en el
transporte tendrá importantes
impactos socioambientales; no
reducirá el consumo de petróleo
y sostendrá el creciente
consumo de carburante”.

Recorte de gasto social y de derechos

Según Walter Actis, del colectivo
de sociólogos Ioé, autores
del Barómetro Social de España
1994-2006, “la contención
del gasto público se refiere
realmente al gasto social, pues
no se cuestionan las cuantiosas
ayudas a sectores empresariales,
de las eléctricas en
los ‘80 y ‘90 a la construcción
actualmente”. Para Esteban
Cancelado, vicepresidente de
la FERINE (Federación de Asociaciones
de Inmigrantes y
Refugiados en España), este
recorte “empeora la situación
de todos los trabajadores y de
los inmigrantes en particular,
ya que es más barato despedirles”.
Muchos se ven doblemente
afectados por la caída
de la burbuja inmobiliaria: por
un lado, como señala Desiderio
Martín de la CGT, “ la construcción
ha caído dejando en
la calle a miles de trabajadores,
fundamentalmente inmigrantes”.
Según Cancelado,
“algunos se hipotecaron para
tener al menos una vivienda y
ahora tienen que entregar sus
casas”. Además, medidas
como la promoción del retorno
de inmigrantes a cambio de
cobrar el paro en dos plazos o
la ‘Directiva de la Vergüenza’,
“quieren regresarnos a casa
tras trabajar cinco o diez años,
sin tener en cuenta que las
razones sociopolíticas por las
que emigramos no han cambiado.
Somos el colchón amortiguador
de la crisis y no
vamos a pagarla. Reivindicamos
la igualdad de derechos”.