Análisis sobre las trabas y dificultades que rodean los casos de corrupción
Corrupción sin consecuencias legales

Pocos medios, prescripciones benévolas o indultos favorecen que muy pocos de los casos de corrupción investigados tengan consecuencias para sus responsables.

, Redacción / Redacción Asturies
19/02/13 · 17:57
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GÉNOVA. Periodistas esperan el comienzo de la intervención en la que Mariano Rajoy desmintió su implicación en el Caso Bárcenas. / Juan Ramón Robles

inforelacionada

Desde concejales hasta la Casa Real, los casos de corrupción alcanzan ya a cerca de un millar de cargos públicos por toda la geografía del Estado. Los casos Pokemon y Campeón en Galiza involucran a PP, PSOE y BNG. Catalunya acumula operaciones contra Convergencia (Palau, Treball, ITV, Clotilde), Unió (Pallerols) o PSC (Mercurio). En Asturias el caso Marea entrelaza a PP y PSOE, y en Aragón el Partido Aragonés lleva décadas bajo la sombra de la corrupción. En Andalucía, el caso Astapa y los ERE fraudulentos acumulan 160 imputados. Pero Madrid, Valencia y Baleares llevan la delantera con casos como el Gürtel, Palma Arena, Nóos o Cooperación. A la par que los grandes casos ligados a alto cargos, como el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra o la cúpula del Partido Popular, siguen sumando páginas, la apuesta por la transparencia desde las altas esferas se queda en un brindis al sol y los medios para afrontar la corrupción se recortan bajo el paraguas exculpatorio de la crisis.

Este 2013 la exconsejera de Cultura del PSOE en Asturias, Ana Rosa Migoya, se unía como imputada del caso Marea al exconsejero de Educación, en una trama casi infinita que amenaza al presidente asturiano, Javier Fernández, nombrado en los listados de empresas que facilitaban regalos y comisiones a cambio de concesiones públicas, y que implica a la Universidad así como a Ayuntamientos. Nada distinto a la corrupción en el resto del Estado: vinculación de sector público y privado en concesiones y privatizaciones y redes de empresas que financian a partidos y ‘colocan’ a militantes y altos cargos. No es extraño que los poderes públicos, que dominan los órganos de control judicial y la Fiscalía, tengan escaso interés en investigar.

Por ello, la asociación Avall, con 20 años de lucha contra la corrupción, impulsó una acusación popular en ese caso. María Jesús Rodríguez, su secretaria general, recuerda que “el letrado del Princi­pado era el mismo que el de los dos principales acusados, el fiscal general de Asturias quería cerrar la instrucción ‘cuanto antes’ y la fiscalía a veces no asistía a las declaraciones”. En la justicia, añade, “unos expedientes avanzan y otros se mueren en los cajones”. Que existen presiones políticas es una realidad para José María Benito, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP). “Esta­mos siempre en el ojo del huracán cuando investigamos casos de corrupción”, y lamenta que “nunca he conocido una cúpula policial  tan politizada como ésta”. Pone ejemplos como el del borrador policial del caso Palau o el cese, por “pérdida de confianza”, de dos comisarios que investigaban la compra del ático en Marbella del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González (uno de ellos a los seis meses de ser nombrado por el director general de la Policía Nacional,  Ignacio Cosidó). Benito ha anunciado la creación de una Plataforma de Policías contra la Corrupción que denunciará públicamente y llevará a los tribunales casos de obstrucción a la investigación, porque están “hartos de ver pasar tanta corrupción por delante, de recibir tantas presiones y tantas críticas”.

Otra vía más simple de dificultar las investigaciones es la falta de medios, porque, apunta Rodríguez (Avall), “el quid de una buena instrucción es que no se te escape el corrupto porque se ha instruido mal”. Falta de medios que perciben en la acusación particular contra Rodrigo Rato –15MpaRato– donde “sólo hay dos personas para leer un dossier que costaría 20 años leerlo, no hay escáner, etc.” Joaquim Bosch, de Jueces para la  Democracia, explica que “nuestros juzgados no están preparados para afrontar los grandes casos de corrupción, hacen falta medios que habitualmente no son concedidos por las administraciones competentes”.

Con una media de diez jueces por cada cien mil habitantes, España se sitúa en el 36 de ese ránking europeo sólo delante de Armenia, Azerbaiyán y Georgia, lo que genera un colapso de los juzgados que aumentará tras el recorte de 1.200 jueces sustitutos. La asociación de jueces reclama peritos especializados y una policía judicial que dependa directamente de los jueces. Mientras tanto, las acusaciones populares son claves en este proceso. Avall y 15MpaRato se dividen partes del sumario entre sus activistas, ayudan en la lectura, investigan bienes de los encausados y aportan pruebas para ‘mejorar’ la instrucción. La financiación va desde rifas y donaciones a las nuevas tecnologías, como el crowdfunding (que recaudó 20.000 euros en un solo día para la acusación contra Rato).

Dilación de los procesos

Una vez empezados los juicios, para el diputado de las CUP David Fernández y participante en la acusación popular del caso Palau, entra en escena una operativa sistematizable “con abogados de lujo expertos en  dilatar los procesos”. Y es que los plazos de prescripción son cortos para la corrupción: tráfico de influencias y blanqueo de capitales dejan de ser punibles tras cinco años, mientras que la prevaricación prescribe a los diez. Un ejemplo es el caso Fabra, que, tras ocho  años de instrucción, no cuenta con fecha para la vista que sentará en el banquillo de los acusados al expresidente de la Diputación de Castellón. Y aunque llegue a juicio, recuerda Joaquim Bosch, el “poco proporcionado” sistema de penas en la legislación española permite que salgan a la calle con una simple multa, mientras que pequeños robos pueden tener pena de prisión. Como ejemplo, el caso Hacienda, que afectó al constructor y expresidente del FC Barcelona, Josep Lluis Núñez, y a la cúpula de Inspección de Hacienda: su juicio duró 12 años y tras condenas de entre seis y 13 años de cárcel cada uno, nadie ha entrado en prisión. Al cóctel se suman los indultos (recibidos por seis de los 33 condenados por prevaricación en 2012), una figura que, aunque existe en otros países, en el Estado no está sujeta a explicaciones por el Ejecutivo, saltándose el principio constitucional de igualdad y no arbitrariedad. El jurista Bosch lo tiene claro: “Hay que reformar el  sistema de penas para que no sea tan benévolo con los políticos y que la  prescripción no sea tan corta”.

Ante la desesperanza

Las acusaciones ciudadanas consiguen, vía judicial, destapar nuevas irregularidades, al contar con acceso al sumario u obligar a bancos y Administraciones a facilitar información, lo que ayuda a detectar ‘responsabilidades cruzadas’. Frente a los intentos de limitar las investigaciones a ‘manzanas podridas’ entre los políticos, estas iniciativas ponen su énfasis en el sistema de ‘puertas giratorias’ entre el sector público y el privado. La activista del 15MpaRato recuerda que “sin la legislación de Rato como ministro de Economía, las preferentes no habrían sido tan abusivas, y esa legislación blindó su carrera posterior en el sector privado”. Hasta 48 cargos ministeriales del PP, PSOE y CiU se encuentran en el Consejo de Administración de las grandes empresas españolas. Los sobres a la cúpula del PP eran financiados por las principales constructoras, que previsiblemente recibían a cambio concesiones de obras públicas que están en la base del endeudamiento de los ejecutivos central y autonómicos.

El principal riesgo es que “no demos abasto a la sobrestimulación que nos da cada día la corrupción”, alerta David Fernández, que cree que “estamos conociendo la punta del iceberg de un modelo de gobernanza al servicio de las élites económicas”. Pero ante el discurso de que ‘no se puede hacer nada’, la movilización popular funciona y construye un discurso político, como el del rechazo a la nacionalización de la deuda privada, a las privatizaciones y a los rescates a la banca. Y es que “sin la participación ciudadana se habría pasado de puntillas sobre el agujero de Bankia”, señala la activista del 15MpaRato, que alienta a replicarles e “ir a por los culpables”. Avall, por su parte, lleva años de victorias judiciales contra la especulación urbanística, mientras que las acusaciones ciudadanas contra Rato, el caso Marea o el Palau son claves en la erosión política de PP, PSOE y CiU. Se abre un tempo político en el que la ciudadanía comienza a pedir la ruptura con un sistema corrupto. Aparecen y aparecerán ‘outsiders’ ficticios, como Beatriz Talegón, Rosa Díez, Nuñez Feijóo o Esperanza Aguirre, pero también activistas de izquierdas que están elevando el tono de su discurso, como David Fernández o Ada Colau, en una carrera de impugnación del régimen que ya no es tan de fondo.

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Dudas sobre la ley de transparencia

En esta ocasión no hay urgencia. La Ley de Transparencia anunciada por el Gobierno del PP hace poco menos de un año sigue quemando etapas a paso lento, pese a que, durante sus últimas comparecencias relativas al “caso Bárcenas”, distintos cargos del PP como la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santama o el propio Mariano Rajoy han realizado alusiones a un texto que está en periodo de consultas, algo que convierte a España en “el único país de Europa con más de un millón de habitantes que no cuenta con una ley de acceso a la información pública”, según denuncia en un comunicado Access Info Europe, que forma parte de la plataforma tuderechoasaber.es. “Es evidente que una ley de Transparencia difícilmente puede destapar una contabilidad B pero también lo es que la transparencia es el primer paso para intentar acabar con la corrupción”, explica a DIAGONAL, Victoria Anderica Caffarena de Access Info Europe, quien desarrolla la idea de que un “buen derecho de acceso a la información”, del que carece el Estado español, “tiene un efecto disuasorio sobre la corrupción ya que toda la información en manos de las instituciones públicas puede ser solicitada”. Sin embargo, Victoria Anderica, cree que ése no es el caso de la Ley que se prepara estos días. Entre los puntos que se critican del borrador presentado por el Gobierno está la exclusión de determinada información que contraviene el Convenio del Consejo de Europa sobre acceso a documentos públicos, “en concreto la información auxiliar (notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos de órganos o entidades administrativas)”.

Algunas migajas del pastel

GÜRTEL. PARTIDO POPULAR, REGALOS Y CONTRATAS (PP)

Delitos: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, etc.

Dónde: Madrid y Comunidad Valenciana.

Cuándo: se comenzó a investigar en 2009.

Implicados: actualmente hay 21 imputados, casi todos del PP.

PALMA ARENA. UN PABELLÓN MUY LUCRATIVO (PP)

Delitos: malversación de caudales públicos, falsedad y cohecho.

Dónde: Islas Baleares.

Cuándo: la investigación comenzó en 2007.

Implicados: 30 imputados, entre ellos Iñaki Urdangarin, yerno del rey.

CASO PALAU. MECENAS A CAMBIO DE ADJUDICACIONES (CDC)

Delito: financiación irregular de Convergència Democràtica de Catalunya.

Dónde: Catalunya.

Cuándo: la primera denuncia, anónima, data de 2012.

Implicados: Fèlix Millet, Convergència Democràtica de Catalunya.

OPERACIÓN MALAYA. CORRUPCIÓN Y BOOM URBANÍSTICO

Delito: corrupción urbanística.

Dónde: Marbella.

Cuándo: 2011, actualmente en proceso de instrucción.

Implicados: Julián Muñoz, J. A. Roca y parte del equipo de Gobierno.

ERE DE ANDALUCÍA. EL FONDO DE REPTILES DEL PSOE

Caso: prejubilaciones fraudulentas.

Dónde: Andalucía.

Cuándo: 17 de mayo de 2012.

Implicados: alcaldes, delegados y consejeros socialistas en Andalucía.

CASO CAMPEÓN. METIENDO MANO A COMISIÓN

Caso: fraude en subvenciones públicas.

Dónde: Galicia.

Cuándo: 2011, la instrucción está en su última fase.

Implicados: políticos del PP, PSOE y BNG, entre otros José Blanco.
 

 

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comentarios

1

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    02/03/2013 - 8:04am
    Aquí otro caso de corrupción: <a href="http://barbaroestresado.blogspot.se/2013/02/el-video-prohibido-de-la-sanidad.html">http://barbaroestresado.blogspot.se/2013/02/el-video-prohibido-de-la-sanidad.html</a><br />El vídeo que destapó este caso ha sido prohibido.