Correa se niega a cargar con la ‘deuda ilegítima’

La decisión del Gobierno de Ecuador de auditar la deuda
externa del país, identificando sus orígenes “ilegítimos,
inmorales e ilegales” abre la puerta a una renegociación
de la deuda favorable a los intereses de Ecuador.

22/01/09 · 0:00
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El 15 de enero el presidente de
Ecuador, Rafael Correa, en su informe
a la Nación, anunciaba cuál sería
la estrategia ecuatoriana con respecto
a la deuda externa. Correa precisó,
entre otros puntos, que Ecuador
intentará recomprar un tercio de la
deuda externa (3.210 millones de dólares),
que dejó de pagar en noviembre
al ser considerada ésta como
“deuda ilegítima” por una auditoría
independiente.

El presidente ecuatoriano lo decía
de esta forma: “Vamos a hacer
una propuesta de compra de esa
deuda ilegítima, pero quitándole
la mayor fuente de ilegitimidad,
que fue el alto precio a la que se
renegoció, y volviendo a los precios
o estimando los precios a los
cuales debió canjearse esa deuda”.
Correa señaló que “la mayor fuente
de ilegitimidad de esa deuda es
que cuando el país estaba quebrado
y los bonos vendiéndose a 20%
de su valor nominal, agenciosamente,
fueron nuestros negociadores
para que se recuperen los
precios y canjear la deuda, pero al
60% de su valor nominal”.

Consultado por DIAGONAL, Diego
Borja, ministro coordinador de la
política económica, nos indica que
Ecuador planea recomprar los bonos
con un descuento de al menos un
70% sobre su valor nominal.

La deuda ilegítima

El llamado Gobierno de la ‘revolución
ciudadana’ declaró en diciembre
el default (suspensión de pagos)
para la deuda externa comercial
que involucra a los bonos Global
con vencimiento en 2012 (por 510
millones de dólares) y 2030 (2.700
millones), los cuales fueron canjeados
por los Brady en 2000.

El cuestionamiento del Gobierno
de Correa es sobre los tramos de
deuda que se consideraron “ilegítimos,
inmorales e ilegales” en el estudio
realizado por la Comisión para
la Auditoria Integral del Crédito
Público (CAIC) y que se presentó
oficialmente en el mes de noviembre.
Esto ha significado que desde
el 15 de noviembre no se esté cumpliendo
con los pagos correspondiente
a los bonos Global 2012 y
2030, aunque paralelamente se hayan
desembolsado 30,5 millones
de dólares por intereses de los
Global 2015 (que ascienden a 650
millones de dólares), y que fueron
emitidos por el propio Ecuador en
2005 para generar directamente recursos.
El Gobierno no considera
que formen parte de los tramos ilegítimos
de deuda, dado que ésta no
fue impuesta desde las instituciones
financieras internacionales,
sino por el propio Gobierno.

Al mismo tiempo que suspende
estos pagos, el Gobierno de Ecuador
prepara en estos momentos las
acciones legales contra los acreedores,
instituciones financieras internacionales
y, en el plano interno, contra
los responsables en gobiernos anteriores
de haber generado esta crisis.

La ministra de Finanzas, María Elsa
Viteri, declaró a DIAGONAL que
“el servicio de la deuda externa en
nuestro Gobierno jamás estará por
encima de la inversión social, que en
el año 2008 superó en 940 millones
de dólares el pago de la deuda”.

El total de la deuda ecuatoriana ascendía
en noviembre de 2007 a 9.985
millones de dólares, el equivalente al
19% del PIB de Ecuador.

Ex presidentes en la mira

Gustavo Noboa, quien fue presidente
de Ecuador entre 2000 y 2003, es
el quinto jefe de Estado que se presenta
ante el fiscal encargado de la
indagación previa, Byron Granja,
después de que la Fiscalía decidiera
investigar el tratamiento que se dio
a ciertos tramos de la deuda externa
en los gobiernos de las últimas
tres décadas. Noboa, quien fue
amnistiado el pasado 4 de julio por
la desaparecida Asamblea Constituyente
del país, tuvo que presentarse
ante la Fiscalía el 9 de enero
por requerimiento de la justicia
ecuatoriana.

La Fiscalía ha llamado a declarar a
Noboa, después de haber requerido
ya a Lucio Gutiérrez, quien gobernó
el país entre 2003 y 2005. También
han declarado Rodrigo Borja, presidente
entre 1988 y 1992; Fabián
Alarcón, presidente entre 1997 y
1998; y Alfredo Palacio, último mandatario
ecuatoriano antes de la elección
de Rafael Correa.

“El informe de auditoría sobre
la deuda externa detecta una serie
de problemas de eventuales responsabilidades
e ilegalidades que
tiene que ser sometido a las autoridades
competentes en el tema interno
de la Fiscalía General y en el
tema externo eventualmente a demandas
y juicios en el exterior bajo
los tribunales de Nueva York”,
declaró a DIAGONAL uno de los
portavoces de la CAIC, el historiador
argentino Alejandro Olmos.

La Comisión para la Auditoría
Integral del Crédito Público estableció
responsabilidades en presidentes
de la República, ministros de
Finanzas, autoridades del Banco
Central y Junta Monetaria, dictadura
militar y procuradores que actuaron
en el período que se investiga.

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