Las diez preguntas formuladas por
el presidente Rafael Correa por las
cuales se pretende reformar la justicia,
endurecer los criterios de la prisión
preventiva a presos pendientes
de juicio, prohibir la muerte de animales
en espectáculos públicos, eliminar
los juegos de azar, evitar que
la banca y los medios de comunicación
tengan inversiones en otros
segmentos del mercado u obligar a
los empresarios a que afilien a sus
trabajadores a la seguridad social,
fueron secundadas por la ciudadanía
ecuatoriana con un escaso margen
respecto a la oposición.

Para Alberto Acosta, quien fuera
presidente de la Asamblea Constituyente,
líder del progresista Frente
Montecristi Vive, que propugnaba el
‘no’: “El meollo de la cuestión es la
reforma del sistema judicial, necesidad
en la que estamos todos de
acuerdo. Las diferencias son las
formas y en ese sentido estamos radicalmente
opuestos a que el
Gobierno le meta mano a la Justicia
poniendo a sus jueces a dedo como
pretenden”.

De igual manera piensa
Humberto Cholango, presidente
de la CONAIE, quien añade: “La banca
ya estaba obligada por la
Constitución a no intervenir en otras
esferas que estrictamente el sector
financiero. Nuestra carta magna reconoce
los derechos de la naturaleza,
¿a qué viene pues preguntarnos
sobre si se debe o no prohibir la
muerte de animales en espectáculos?
Lo mismo pasa con la afiliación
a la seguridad social: está tipificado
como delito no hacerlo. ¿Por qué no
nos preguntan por la minería, la reforma
agraria o la desprivatización
del agua?”, se pregunta Cholango.

La dos caras del ‘no’

La oposición que se articuló en torno
al ‘no’ en la consulta se dividió de dos
maneras claras: por un lado la oposición
de izquierdas, en la que confluyeron,
entre otras organizaciones,
los indígenas de la CONAIE y Pachakutik;
los maoístas del Movimiento
Democrático Popular; nuevas agrupaciones
provenientes de escisiones
a la izquierda del oficialismo (Montecristi
Vive, Participación, Ruptura de
los 25) y un sector muy importante
de los movimientos sociales.

Por otro
lado, también defendía el ‘no’ la oposición
conservadora, la cual nunca
apoyó la Constitución de Montecristi
y donde se agrupó lo más viejo
y rancio de la vieja “partidocracia”
ecuatoriana.
Por su parte, el oficialista partido
Alianza PAIS agrupó en su entorno
a las organizaciones y colectivos
aliados del Gobierno, como son el
Partido Socialista y el Partido Comunista,
al igual que algunos sindicatos
y un sector pequeño de organizaciones
sociales.

Acostumbrados a ganar
desde finales de 2006 elecciones,
referéndums y consultas con
porcentajes muy altos, es la primera
vez que la ciudadanía ecuatoriana
da un aviso de estas características
al presidente Correa y a su
Gobierno, un año y medio antes de
las próximas presidenciales.

Para Gustavo Larrea, quien fuera
ministro con Correa y hoy también
en la oposición, a partir del 7
de mayo “hay una nueva realidad
política en Ecuador”. Por su parte,
el presidente Correa y sus ministros,
quienes festejaban una victoria
que estimaban por encima del
60% en la noche de las votaciones,
se vieron obligados a suspender la
fiesta –que se estaba celebrando en
una de las principales avenidas de
Quito– cuando el primer recuento
rápido del Consejo Nacional Electoral
indicó que la tendencia del voto
positivo no sobrepasaba el 50% y
que ganaba debido al porcentaje de
votos blancos y nulos, reduciéndose
las diferencias entre el ‘sí’ y el
‘no’ a apenas 4 o 5 puntos dependiendo
de las preguntas.