ARGENTINA // LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y EL GOBIERNO DE KIRCHNER
Contra Menem luchábamos mejor

En sólo dos años de
“progresismo” en el
Gobierno, los movimientos
sociales pasaron de la
euforia y la movilización a
sufrir los efectos de la
cooptación y la división.

23/06/06 · 14:10
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// Sebastián Hacher

Con asambleas no se
puede gobernar”, dijo
el presidente Eduardo
Duhalde durante el agitado
verano austral de
2002. Seis meses después, el propio
Duhalde debió convocar elecciones
presidenciales al fracasar en su intento
por deslegitimar y desmovilizar
a los movimientos sociales, en
particular a los piqueteros que en
esos momentos eran el principal actor
social argentino.

A partir de mayo de 2003, el nuevo
presidente Néstor Kirchner se
propuso -sin decirlo, claro está- vaciar
las calles y plazas de manifestantes.
La sociedad argentina estaba
realmente movilizada: más de
300 asambleas barriales sólo en la
capital, Buenos Aires, realizaban
reuniones multitudinarias en plazas,
calles y parques; todas las semanas
había nuevas fábricas recuperadas
por sus trabajadores y los
cortes de ruta se multiplicaban alcanzando
un alucinante promedio
de más de seis por día, totalizando
unos 2.300 en el año 2002.

El nuevo equipo de gobierno sacó
las lecciones del fracaso de Duhalde:
la represión debía ser sustituida
por medios más eficaces y menos
costosos, en una sociedad que tiene
una pésima visión de la policía y, sobre
todo, que le perdió el miedo a
las balas. La primera tarea emprendida
fue legitimar al nuevo Gobierno
ante el propio movimiento
social. Por eso Kirchner pasó a retiro
a toda la cúpula militar y policial,
algo inédito en la historia de los gobiernos
argentinos y latinoamericanos.
En paralelo, realizó un conjunto
de gestos muy fuertes vinculados
a los derechos humanos, pidiendo
perdón a las víctimas (los familiares
de 30.000 desaparecidos y decenas
de miles de asesinados y torturados)
en nombre del Estado argentino.

Esa política, para la cual Kirchner
estaba previamente legitimado porque
no tuvo ninguna relación con la
represión de los ‘70, en tanto varias
personas de su entorno presidencial
habían militado junto a las víctimas,
le granjearon la simpatía y el
apoyo de importantes sectores del
movimiento de derechos humanos.
Hebe de Bonafini, presidenta de la
Asociación Madres de Plaza de
Mayo y una de las principales referentes
del campo popular, estableció
un fluido y amistoso intercambio con
el presidente. La siguieron otros grupos-
piqueteros, fábricas recuperadas
y decenas de ONG y grupos locales-,
muchos de ellos sin la trayectoria
ni las intenciones de Bonafini.

En pocos meses, la pujanza del
campo social comenzó a debilitarse,
aunque la política oficial contó con
un inmejorable aliado: el notable
crecimiento económico luego del
desastre del período 1997-2001.
Durante los dos últimos años la economía
argentina creció a un ritmo
cercano al 9% anual, lo que permitió
reducir los elevados niveles de
desocupación, pobreza e indigencia,
que aún así siguen siendo muy
elevados.

La evolución de los cortes de rutas
(medida más válida que los paros
y huelgas ya que se convirtieron
en la forma de protesta más extendida),
medidos por el Instituto Nueva
Mayoría, pasaron del crecimiento
explosivo a una brusca desaceleración:
de 514 en el año 2000 pasaron
a 1.383 al año siguiente,
para trepar a 2.336 en el crítico
2002. Durante el primer
año de la gestión de Kirchner
los cortes bajaron a 1.278 y el
año pasado siguieron cayendo
hasta 1.181 anuales.

La mayor parte de las
asambleas barriales desaparecieron
o tienen pocos integrantes,
aunque crearon centros
sociales y culturales, canales
de distribución de productos
piqueteros y de fábricas
recuperadas, y realizan
una labor a pequeña escala
pero más creativa. En síntesis,
los movimientos dejaron
de ser una amenaza para el
Estado.

En tercer lugar, la división
y la fragmentación -estimuladas
por el Gobierno- son
los factores más graves que
afectan a los movimientos. La reciente
injerencia gubernamental en
la división del colectivo obrero de
IMPA, un símbolo del movimiento,
prometiendo soluciones económicas
a cambio de expulsar a Eduardo
Murúa, uno de los líderes del
sector más combativo de las fábricas
recuperadas, es apenas una
muestra de una política de destrucción
de los movimientos. En relación
a los piqueteros, Kirchner ha
sido perverso: jugando con los escuálidos
subsidios (40 euros mensuales),
el reparto se ha hecho privilegiando
a los aliados, lo que ha
redundado en un crecimiento de
los grupos cooptados mientras los
rebeldes y autónomos deben desgastarse
en cortes de rutas para
mantener los subsidios.

Sin embargo, en los dos últimos
meses las cosas empezaron a cambiar:
los cortes de rutas se multiplican;
en abril hubo 57 conflictos laborales
por aumentos salariales,
una cifra que no se veía desde hace
15 años. Pero ahora los obreros utilizan
métodos piqueteros: el 7 de
junio los mecánicos cortaron dos
de los principales accesos a Buenos
Aires. No son una excepción, los
empleados del metro y los telefónicos
hicieron cortes y escraches ante
las casas de los ejecutivos. El fantasma
que Kirchner quiso conjurar
retorna con más bríos.

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