El envío de combustible
nuclear gastado desde
Cáceres, sin previo aviso, y
el robo de material
nuclear en Salamanca,
silenciado por los organismos
responsables, son
parte de la misma política.

- CORTE AL TREN NUCLEAR. En octubre de 2006, cientos de activistas bloquearon las vías de un tren que transportaba residuos nucleares desde Francia a Gorleben (Alemania).
El 3 de octubre, la prensa nacional
informaba sobre un futuro transporte,
vía carretera, de combustible nuclear
gastado desde la central nuclear
de Almaraz (en Cáceres) hasta un
centro de experimentación nuclear
en Bélgica, cuya fecha y recorrido se
mantenían ocultas por razones de
seguridad. Lo enigmático, según denuncia
Carlos Bravo, de Greenpeace,
es que el transporte ya se había
realizado cuando apareció la noticia
en la prensa: “Tenemos constancia
de que por lo menos dos camiones
de Express Truck, la empresa de
transporte de ENUSA, transportó estos
materiales a Bélgica con total secretismo
el 1 de octubre, engañando
deliberadamente a los medios. Nuestros
compañeros de Bélgica nos lo
pudieron confirmar porque allí se ha
montado un gran escándalo”. En
Bélgica no está permitida la importación
de material nuclear y este envío
podría sentar un precedente, por lo
que es posible que Greenpeace lleve
a los tribunales el caso.
En el Estado español, el Consejo
de Seguridad Nuclear (CSN) y el
Ministerio de Industria justifican el
silencio en torno a transportes peligrosos
por razones de seguridad. Sin
embargo, según Bravo, este caso
constituye “un engaño más a la opinión
pública para evitar que se pudieran
dar manifestaciones y protestas”.
Las organizaciones antinucleares
europeas siempre han respondido
con contundencia a los transportes
radioactivos, llegando incluso a
paralizarlos. El 7 de noviembre, justamente,
se cumplen cuatro años de
la muerte del joven activista francés
que se encadenó a las vías del tren
para denunciar el transporte de un
tren cargado con 175 toneladas de
residuos nucleares, desde Francia
hasta Alemania.
El CSN y el Ministerio de Industria
parecen cubrirse las espaldas maniobrando
con secretismo, como también
se ha podido evidenciar en el reciente
robo de material nuclear en la
fábrica de elementos combustibles
de ENUSA en Juzbado (Salamanca),
suceso ocultado por estos organismos
durante algunos días hasta que
los medios de comunicación se interesaron
por el asunto el 1 de octubre.
La opacidad del CSN no es algo
nuevo. Desde su creación en los
años ‘80, su política de hechos consumados
ha trascendido a la opinión
pública sólo cuando algún escándalo,
como el accidente de
Vandellós I en 1989, ha captado la
atención mediática o algún grupo
parlamentario ha pedido explicaciones
en el Congreso.
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