La catástrofe nuclear en Japón continúa, mientras el Gobierno renuncia a la puesta en marcha de 14 nucleares y surge una oposición a lo nuclear.
El 11 de marzo Japón sufrió un potente terremoto de
magnitud 9 en la escala
Rihchter, seguido de un
enorme tsunami. Su efecto combinado
ocasionó la pérdida de suministro
eléctrico en la central nuclear de
Fukushima, y ello condujo inevitablemente
a que se produjera el accidente
nuclear más grave, junto con
el de Chernóbil, de la historia de la
industria nuclear (ambos clasificados
como nivel 7, el máximo dentro
de la Escala Internacional de Sucesos
Nucleares, INES). Un nivel INES
7, “accidente grave”, supone, según
la descripción oficial, “efectos generalizados
en la salud y el medio ambiente.
Liberación externa de una
fracción considerable del inventario
del núcleo del reactor”.
Refrigeración del combustible
La causa real de este accidente nuclear
no fue el terremoto ni el tsunami
(éstos provocaron la pérdida de
suministro eléctrico), sino la incapacidad
de estos reactores de refrigerar
eficazmente el combustible nuclear
una vez perdido el aporte eléctrico
externo. Existen otras muchas causas
posibles (una inundación por una
causa natural, un atentado terrorista,
un sabotaje, una tormenta, un impacto
de una aeronave, un fallo técnico,
errores humanos...) que también
hubieran podido ocasionar una
pérdida prolongada de suministro
eléctrico exterior en Fukushima, y
entonces, la evolución de los acontecimientos
hubiera sido, muy probablemente,
la misma.
A la vista de estos hechos, el
Gobierno socialista de Zapatero haría
bien en cerrar inmediatamente
las centrales nucleares de Garoña y
Cofrentes, que son reactores de agua
en ebullición de General Electric, con
el mismo diseño que las siniestradas
en Fukushima. La respuesta de la
canciller alemana Angela Merkel ha
sido cerrar siete de sus 17 centrales.
El accidente sigue activo, la situación
de los reactores está lejos de estar
controlada y se sigue emitiendo radiactividad
al medio ambiente: Fukushima
es, repitiendo una expresión
que ya ha hecho fortuna, un Chernóbil
a cámara lenta.
Importantes
cantidades de iodo-131, cesio-137 se
han emitido ya; también se ha detectado
plutonio-239 y estroncio-90, entre
otros elementos radiactivos. Cientos
de miles de personas han sido
afectadas por la radiación. El Gobierno
japonés debe evacuar poblaciones
que están a 40 kilómetros de
distancia de la central nuclear. Gente
que tardará años en volver a sus hogares,
si es que vuelven alguna vez.
Similar a lo que ocurrió en Chernóbil.
Esta vez en Japón, la tercera
potencia económica mundial, el país
líder en tecnología, el más riguroso
en cuestiones de seguridad nuclear...
De forma irresponsable, el Gobierno
nipón ha decidido elevar el límite
nacional de exposición a la radiación
en niños desde 1 milisievert por año
(mSv/año) hasta los 20 mSv/año. La
decisión de elevar los niveles de dosis
permitidos en los niños de Fukushima
al mismo nivel que los trabajadores
adultos de la industria nuclear,
y a 20 veces del nivel máximo para el
público general, es totalmente inaceptable.
Aún más cuando está reconocido
que el riesgo de la radiación
para los niños es mayor que para
los adultos.
Pasados dos meses
del nefasto seísmo, la crisis nuclear
de Fukushima ha provocado otro terremoto
en Japón, esta vez de signo
social. Este desastre nuclear ha despertado
la conciencia del pueblo japonés,
que ha empezado a sacudirse
su indiferencia hacia el problema de
la energía nuclear. Por primera vez
en este país, poco dado a la protesta
callejera, se han celebrado en estas
últimas semanas numerosas manifestaciones
donde decenas de miles
de personas piden el cierre de las
centrales nucleares y el cambio a un
modelo energético sostenible, basado
en energías renovables.
De tal modo que el Gobierno japonés
ha anunciado no sólo el cierre
definitivo del complejo nuclear
de Fukushima (seis reactores), sino
también el cierre de la central nuclear
de Hamahoka (tres reactores),
situada en zona de alto riesgo
sísmico. Un 60% de los japoneses,
que según los últimos sondeos de
opinión son mayoritariamente contrarios
a la energía nuclear, ha respaldado
esta decisión.
Además, el Gobierno nipón ha
anunciado la cancelación definitiva
de sus planes de expansión nuclear,
con los que se pretendía construir
14 nuevas centrales nucleares
y aumentar la contribución de la
electricidad de origen nuclear del
actual 29% a un 50% en 20 años.
Asimismo, el Gobierno ha prometido
que la apuesta será a partir de
ahora por las energías renovables y
la eficiencia energética. Una vez
que, tras el accidente de Fukushima,
ha vuelto a quedar claramente
de manifiesto la extrema peligrosidad
de la energía nuclear,
Greenpeace demanda al Gobierno
y a los partidos políticos que actúen
con responsabilidad y adopten una
serie de medidas para que nuestro
sistema energético sea eficiente, inteligente
y 100% renovable.
En 2009 la Fundación Ideas para
el Progreso del PSOE publicó el
informe Un nuevo modelo energético
para España. Recomendaciones
para un futuro sostenible, el
cual, además de concluir también
en la viabilidad económica y técnica
de un sistema 100% renovables,
muestra cómo la energía nuclear
se podría sustituir de forma acelerada
para 2016.
ÚLTIMOS ACCIDENTES EN CENTRALES NUCLEARES ESPAÑOLAS
El día 29 de abril se produjo un accidente en el sistema de refrigeración de la central nuclear de Ascó I (Tarragona) por el que se vertieron 25.000 litros de
agua radiactiva de modo incontrolado. El accidente sucedió en un recinto en el que trabajaban 14 personas, que resultaron expuestos al fluido tóxico. Responsables de la planta han informado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de que el personal y el medio ambiente no han sufrido daños. Además, el CSN reveló que desde marzo la central de Cofrentes, Valencia, pierde 4.000 litros diarios de agua de refrigeración con niveles bajos de isotopos radioactiavos, pero que el accidente no afecta a la salud pública.
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