En un país donde el agua es un bien
escaso, el conflicto de intereses que
se genera con las actividades económicas como el turismo o la agricultura intensiva es difícil de resolver.
Quizá por eso, las propuestas de
Arias Cañete para la gestión del agua
son tan vagas que se quedan en una
declaración de intenciones. O eso al
menos piensan desde Ecologistas en
Acción: “sea por no tener dinero para acometer la política que quieren o
por no querer entrar en una guerra
del agua, lo cierto es que las propuestas se quedan en nada”.

Una nada que, sin embargo, ayuda
a entrever los males que aquejan la
gestión del agua en este país y que
tienen su origen en el hecho de gestionarla “como un recurso económico y no como un recurso natural limitado”, algo que las asociaciones ecologistas demandan desde hace tiempo. Quizá así se entienda mejor el retraso de los planes de demarcación
hidrográfica intercomunitaria, un requisito de la Directiva Marco del
Agua que debía haberse cumplido en
2009 y que el Ministerio anuncia ahora para 2013 (un retraso por el que la
Comisión Europea denunció a
España ante el Tribunal de
Luxemburgo). Estos planes son necesarios para actualizar los planes hidrológicos, que deciden qué podemos hacer con el agua. Pero ¿y si resulta que los planes descubren que
no hay agua suficiente?

No es una pregunta retórica. Un
reciente estudio del CSIC asegura
que el caudal de los ríos españoles ha
descendido de forma generalizada
en los últimos 60 años. Los planes de
demarcación intercomunitarios deben asegurar la conservación del
caudal ambiental de los ríos, la cantidad de agua necesaria para asegurar
la vida de las especies que dependen
de él y que condiciona la cantidad disponible para otros usos. Hasta la fecha,

Un estudio del CSIC dice
que el caudal de los ríos
españoles ha descendido
de forma generalizada
en los últimos 60 años

según Ecologistas en Acción, tan
sólo Cataluña ha realizado esos cálculos y la organización sospecha que
si no se hacen es porque no salen los
números: “Las políticas del agua han
venido respondiendo a los intereses
de hidroeléctricas, grandes regantes
y empresas turísticas y no hay agua
para todo lo que se quiere hacer”, dicen desde la coordinación del área
de aguas de la organización.

Los conflictos de intereses están
detrás de otra de las intenciones de
Arias Cañete, la de fomentar la cooperación entre las confederaciones
hidrográficas, las sociedades estatales de aguas y la Dirección General
del Agua; algo que en principio no
debería ser muy complicado puesto
que todas pertenecen al mismo
Ministerio. Pero “se acerca la época
de designar a los directores de las
confederaciones y se teme un conflicto de intereses con las comunidades”. El mismo conflicto que subyace en el deseo de fortalecer el papel
de vigilancia del Ministerio sobre el
dominio público hidráulico, que desde Ecologistas en Acción se ve con
buenos ojos, ya que creen necesaria
la gestión de los ríos y acuíferos en
su conjunto, no por comunidades –el
pasado gobierno concedió estas
competencias a las comunidades de
Andalucía, Cataluña y Baleares–.
Eso sí, esperan la derogación del decreto que lo permitía y lamentan que
esa vigilancia del Ministerio no se
extienda a las comunidades de regantes y a los más de 500.000 pozos
ilegales que se cree horadan el país.

El Ministerio también ha anunciado la intención de impulsar el
uso de aguas reutilizadas y de alcanzar la plena depuración de
aguas residuales, un compromiso
que se entiende mejor si se tiene en
cuenta que el pasado año la Unión
Europea multó a España porque nada menos que 38 localidades incumplían la normativa de depuración
de aguas, entre ellas algunas tan importantes como Santiago de
Compostela, Vigo o La Coruña.