Autoras: Argentina Es difícil asumir que en Riquelme, Ana Tecla y Sonia Ortiz.

Madridpersisten guetos invisiblespara la mayor parte dela ciudadanía, en los que vivenpersonas sin acceso al agua potable,sin alimentos suficientes, sinluz y sin ropa. Los dispositivos deproximidad hasta ahora (aunque aúnde manera insuficiente) intentabanacercar a estas personas los recursossociosanitarios.

La atención en proximidad integral(MAPI) convierte la dispensaciónde metadona en una estrategiapara conseguir una relación sociosanitariaque se prolongue en eltiempo para dar respuesta a las necesidadesmás fundamentales parala vida de un ser humano (alimentación,vestido, sanidad, vivienda...),imprescindibles para iniciar el caminohacia la ‘reinserción’.

Este servicio se fundamenta en
que la población a la que se dirige no
accede por sí misma a estos recursos.
Hace falta una vida ‘normalizada’
y ánimo suficiente para poder
acudir simplemente a las citas médicas
o de servicios sociales. Quienes
viven en una situación de exclusión
prolongada cambian o modifican sus
hábitos de vida después de periodos
de una atención continuada en su
contexto. Una atención de dos meses
excluye por tanto a aquell@s cuya
marginación es mayor.

Asimismo, nuestra experiencia de
estos años nos permite afirmar que
un porcentaje considerable de personas
derivadas a dispositivos normalizados
de atención a drogodependientes
no han podido acceder o
permanecer en esta red porque su situación
de exclusión les impide la
movilidad necesaria y el cumplimiento
de la normativa de estos recursos.

Así, el enfoque del nuevo Dispositivo
móvil de emergencias para
el tratamiento a drogodependientes
con metadona queda limitado a la
dispensación de metadona como un
fin en sí mismo. Este cambio significa
un modelo distinto de política
social para la atención de la población
en exclusión, que no persigue
reducir la exclusión y atender las
necesidades básicas de las personas
en un tratamiento integral, sino
quizá, y en el mejor de los casos,
reducir la delincuencia.

Otras consecuencias que se derivan
de este recorte drástico tienen
que ver con el tratamiento de VIH-sida.
Este tratamiento requiere de un
sinfín de recursos imprescindibles
con los que contamos el resto de la
población (condiciones de conservación
y almacenamiento de los fármacos,
una dieta y una higiene adecuadas,
un bonometro para salir a las
consultas, tarjeta sanitaria, documento
que acredite tu identidad) que
suponemos a los demás. Pero hay
personas en esta ciudad que no sólo
carecen de vivienda y de trabajo. Hay
emigrantes sin papeles, hay grupos
en poblados marginales y personas
sin hogar. Algunas de estas personas,
al no poder acceder a la atención
sociosanitaria que utilizamos el
resto y a unas condiciones de vida
adecuadas, padecen esta enfermedad
de una forma más virulenta.

Entendemos que la reducción del
presupuesto a la atención a las personas
sin hogar drogodependientes
que viven con VIH responde a un
cambio en la política social del Gobierno
de la Comunidad de Madrid.
Es por tanto una vuelta de tuerca
más en materia de política sanitaria
que fomenta la exclusión y cierra
los ojos ante las necesidades de una
población cuya desprotección se
mueve en un finísimo hilo entre la
vida y la muerte.