ENLAZANDO ALTERNATIVAS
Condena a empresas españolas

Durante dos días de
sesión, el Tribunal Permanente
de los Pueblos

(TPP) escuchó a
testigos y representantes de los
pueblos afectados en Latinoamérica
por multinacionales españolas,
como Telefónica, Repsol,
Aguas de Barcelona, Calvo,
Endesa, Gamesa, Acciona e Iberdrola,
y otras como Bayer,
Dupont, Stora Enso, Nestlé, Goldcorp
o Pescanova. El lunes 17 de

26/05/10 · 6:00
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Durante dos días de
sesión, el Tribunal Permanente
de los Pueblos

(TPP) escuchó a
testigos y representantes de los
pueblos afectados en Latinoamérica
por multinacionales españolas,
como Telefónica, Repsol,
Aguas de Barcelona, Calvo,
Endesa, Gamesa, Acciona e Iberdrola,
y otras como Bayer,
Dupont, Stora Enso, Nestlé, Goldcorp
o Pescanova. El lunes 17 de
mayo, el TPP emitió su sentencia
en el marco del IV encuentro de
Enlazando Alternativas. El Tribunal
hizo especial hincapié en las
multinacionales españolas, que
representan el 50% de las inversiones
en América Latina.

En las
30 páginas, la sentencia desgrana
las violaciones en capítulos
como Daños a la integridad física
en los que se condena, entre
otros, la implicación de paramilitares
en la defensa privada de la
mina de carbón del Cerrejón, en
Colombia, detenciones arbitrarias
y desapariciones en el caso de
Unión Fenosa en Guatemala y en
otros tantos países. En otro apartado
se juzga a las farmacéuticas
que bloquean el acceso a medicamentos
genéricos. También se
recogen crímenes ambientales o
los desplazamientos de pueblos
indígenas tras la expropiación de
sus tierras para cederlas a las
multinacionales. En total se condena
a 40 multinacionales que
operan en la zona.

Los miembros
del Tribunal subrayaron el
papel de las víctimas, “porque
pasan de sujetos pasivos a
parte activa en la transformación
social”. Yudith Brown
Chomsky, abogada contra Shell
y miembro del TPP, resaltó que
el Tribunal “considera los derechos
de los pueblos en todo el
mundo y en cada país”. El veredicto
señala que las prácticas
de las transnacionales juzgadas
son consideradas “inmorales y
antijurídicas”. Y se denuncia el
régimen “de permisividad, ilegalidad
e impunidad” de estas
empresas y “las políticas institucionales
del Banco Mundial,
Banco Interamericano, Banco
Europeo de Inversiones, el FMI y
la complicidad de la UE”.

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