El Gobierno estatal pretende llevar a cabo un concejicidio aniquilando las entidades locales menores, primer escalón de la estructura administrativa territorial de nuestro Estado. Arguye para ello que son opacas y, ciertamente, en algunos casos puede tener razón, pero la causa de la opacidad radica en que tanto el Estado como las autonomías se han olvidado de ellas. Si el Estado no tiene datos de las entidades locales menores no es porque éstas no rindan cuentas a sus vecinos, pues lo hacen, y en muchísimos casos en régimen de concejo abierto, única manifestación de democracia directa que queda ya en nuestro sistema político, a cuya necesaria potenciación no parecen estar dispuestos quienes quieren someter todas las instituciones a la férrea disciplina de los partidos políticos. No han prestado atención alguna ni en regular sus limitadas competencias, ni en exigir a los ayuntamientos que colaboren en su gestión, asesoramiento e intervención, algo a lo que están obligados en muchas comunidades autónomas.

El intento de transferir la titularidad de las históricas propiedades comunales provocará gravísimos conflictos no previstos y que amenazarán la convivencia La cercanía de estas entidades permite el control ciudadano directo de los bienes y asuntos públicos local. En este punto el Gobierno ha tenido malos consejeros; por lo que el legislador debería evitar una medida que supondría un auténtico genocidio institucional, eliminando de nuestra estructura administrativa un elemento de gobierno democrático que, ya sea reuniéndose en concejo a campana tañida o por correo electrónico, sigue siendo insustituible en muchas pequeñas comunidades rurales de España.