ANÁLISIS : LOS NUEVOS PLANEAMIENTOS SE IMPONEN A LAS PRIORIDADES SOCIALES
Cómo proyectar un millón de viviendas más en una región saturada

Madrid es una de las regiones donde más ha aumentado
el terreno ocupado por inmuebles e
infraestructuras. Pese a las consecuencias negativas,
una alianza público-privada de bancos, constructoras,
partidos políticos y otros agentes sociales
hace posible que los planeamientos urbanísticos
de los diferentes municipios prevean la construcción
de un millón de nuevas viviendas.

29/05/08 · 0:00
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MÁS GRÚAS. Pese a la escasez de recursos
sociales, se prioriza la edificación / Juan Carlos Rojas

El supuesto éxito del modelo
madrileño, del que tanto
hacen hincapié las administraciones
autonómicas, ha
tenido en el desarrollo de la construcción
y del mercado inmobiliario
uno de sus factores clave. El uso intensivo
del territorio ha sido así el eje
central de este crecimiento económico.
Sus consecuencias son conocidas,
si bien han sido poco analizadas:
recalificaciones masivas de suelo
generalmente destinado a la construcción
residencial (con una rentabilidad
más alta que cualquier otro
destino), fuertes inversiones en infraestructuras,
agotamiento de recursos
y amenaza sobre los espacios
naturales, desigual distribución
de infraestructuras no deseadas y,
finalmente, un rosario de escandalosas
macro operaciones urbanísticas
(Cuatro Torres, Valdebebas,
Operación Chamartín, los PAU, M-
30, etc.). Vayamos por partes.
En primer lugar, en la Comunidad
de Madrid, durante el período
1993-2003, el suelo comprometido
(el suelo destinado a la urbanización)
ha aumentado un 49%. De hecho,
un importante número de municipios
ha visto cómo se duplicaba
la superficie de suelo urbano o susceptible
de urbanizarse, llegando a
casos extremos como el de Arroyomolinos,
que ha multiplicado por
nueve la superficie de suelo destinado
a usos urbanos.

Evidentemente, la explosión urbanística
ha impulsado y repartido las
expectativas de crecimiento sobre
amplios espacios de la región, antes
considerados periféricos. Decenas
de municipios se encuentran así en
proceso de tramitación de su planeamiento
general, lo que invariablemente
se realiza sobre unas expectativas
de un gigantismo desmesurado.
Un solo dato puede ser aquí significativo:
el número de viviendas
previstas en la Comunidad de Madrid
alcanza el millón y su distribución
parece confirmar, a todas luces,
esta tendencia hiperexpansiva de la
conurbación madrileña, y aun a pesar
de la crisis en ciernes. La morfología
de la metrópolis madrileña está
experimentando de este modo una
radical transformación: el centro,
que hasta hace bien poco siempre
había concentrado a más del 50% de
la población de la Comunidad, tiende
a perder peso relativo. En su lugar,
según los crecimientos previstos,
las coronas suburbanas y las
áreas adyacentes del resto de la región
son las áreas más dinámicas en
términos demográficos. Por otra parte,
zonas y comarcas que hasta ahora
habían permanecido completamente
al margen de las dinámicas
metropolitanas viven ahora una
enorme explosión urbanística y demográfica
que anuncia su incorporación
a las dinámicas de la conurbación
metropolitana. Es el caso de la
Sierra Norte, la Sierra Oeste, las
Vegas del Sureste o el límite sur de la
región o, incluso, más allá, La Sagra
en Toledo, Segovia y su alfoz, Guadalajara
y los municipios manchegos
del Henares, e, incluso más lejos,
Ávila y Toledo.
En segundo lugar, el despliegue,
tanto en términos físicos como económicos,
de este proceso ha estado
apoyado, invariablemente, en las
fuertes inversiones públicas en infraestructuras.

La proliferación de
vías rápidas que hoy conforman la
malla de autopistas madrileñas ha
convertido la región en la metrópoli
europea con más kilómetros de vía
rápida por millón de habitantes, a pesar
de la persistencia del mito del déficit
de infraestructuras. Esta red
constituye el armazón estructural de
todos los nuevos suelos clasificados.
Sobra decir que esta inflación de
autovías y carreteras supone, además,
la mayor amenaza sobre importantes
zonas naturales, como los parques
regionales del Manzanares,
Guadarrama y Sureste, o las zonas
de especial protección de aves del
Alberche y las estepas cerealistas. El
proyecto emblemático del nuevo
Plan de Carreteras 2007-2011 de la
Comunidad de Madrid es la M-61
(más conocida como “cierre norte de
la M-50”), que atravesaría el monte
de El Pardo y el parque regional de
la Cuenca Alta del Manzanares.

Frente a este proyecto y a otros tantos
que amenazan todos los rincones
del territorio madrileño, comienza a
organizarse una resistencia aún incipiente
aunque prometedora, que se
materializa en espacios como la
coordinadora Salvemos la Sierra, en
la zona del Guadarrama, una de las
más afectadas por estos planes.
En tercer lugar, el banquete desarrollista
está unido a la competencia
territorial entre los distintos municipios
con el fin de atraer inversión,
normalmente bajo la forma de nuevos
desarrollos inmobiliarios, que
son todavía considerados sinónimos
de dinamismo económico y bienestar
social por buena parte de la población. Una puja entre municipios
que se condensa en la desigual distribución
territorial entre las zonas
más favorecidas de esta división
metropolitana (el norte y el noroeste)
y las menos agraciadas (el sur y
el sureste). Concretamente la zona
sureste concentra la práctica totalidad
de las infraestructuras no deseadas,
aunque fundamentales para
el sostenimiento de la ciudad,
tanto en términos productivos (infraestructuras
de distribución y logística)
como metabólicos (depuradoras,
incineradoras, centrales
de abastecimiento energético, graveras,
etc). Una desigualdad ambiental
que refuerza la polarización
socioeconómica noroeste-sureste
de la geografía madrileña.

Y todo esto no se ha producido
únicamente mediante corruptelas
o actuaciones caciquiles, sino en la
mayoría de las ocasiones bajo el
amparo institucional y legal de
unas políticas públicas basadas en
un supuesto aumento del bienestar
social y de una mejora de la calidad
de vida, y una supuesta intención
de facilitar el acceso a la vivienda.
Un apoyo institucional que
se ha visto subordinado a las nuevas
oligarquías empresariales madrileñas,
compuestas por los grandes
bancos y empresas inmobiliarias
y de la construcción. Al hilo del
cual han desarrollado una confluencia
de herramientas legislativas,
tanto urbanísticas (modificaciones
sucesivas de las distintas leyes
del suelo) como fiscales (regulación
del mercado hipotecario y
generación de beneficios fiscales a
la inversión inmobiliaria), que ha
visto el territorio como una de las
primeras fuentes de experimentación
y desarrollo, creando una
suerte de growth machine –una
alianza público-privada encaminada
a garantizar el crecimiento– que
gobierna la ciudad.

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