LONDRES, 2010. Protestas contra la guerra de Iraq y la participación de Tony Blair durante la celebración de la comisión Chilcot

El verano pasado, Gordon Brown
anunció la creación de una comisión
de investigación para esclarecer
públicamente las razones que
llevaron al Reino Unido a la guerra,
con poderes para reclamar
cualquier documento público relevante
y hacer comparecer a cualquier
ciudadano británico cuando
estime necesario. Esta iniciativa,
que comenzó sus sesiones de trabajo
el 24 de noviembre, ha desatado
multitud de críticas desde la
oposición y la opinión pública, motivadas
en su mayor parte por la
falta de cualificación y autoridad
de los miembros de la comisión.

También se ha puesto en cuestión
su falta de competencia para extraer
testimonios fiables y la potestad
que se arroga el Ejecutivo para
vetar, a su elección, fragmentos del
informe final que puedan ser dañinos
para “el interés público, la seguridad
nacional o los intereses
económicos del Reino Unido”. La
depuración de responsabilidades
legales o políticas no se encuentra
entre los fines declarados en el protocolo
de esta comisión, con lo que
el valor del texto final será sólo nominal
e informativo.

Informaciones inéditas

Más allá de las consecuencias penales
y políticas que no se derivarán,
esta investigación está permitiendo
asomarse al proceso interno
de construcción del casus belli contra
Iraq que se dio en Downing
Street en los meses previos a la invasión,
en algunos casos con revelaciones
sorprendentes por parte
de los protagonistas del proceso.

Ya en diciembre, Tony Blair aseguró
en la BBC que habría invadido
Iraq “incluso sin indicios de la existencia
de armas de destrucción masiva”
y que habría “encontrado una
vía para justificar la guerra ante el
Parlamento y el público británico”.

Algunos comentaristas políticos
han sugerido que se podría tratar
de un intento de allanar el terreno
ante comparecencias que podrían
poner de manifiesto contradicciones
y falsedades planteadas en el
pasado por el gabinete laborista.

Este caso ya se dio el 30 de noviembre
con la comparecencia de Sir
David Manning, ex asesor de política
exterior de Blair, que desveló la
“voluntad del primer ministro de
acometer el cambio de régimen en
Iraq por la fuerza, una vez que las
medidas de la ONU hubieran fracasado”.

Poco después, se filtró a la
comisión una trascripción de la
reunión Blair-Bush en Crawford en
2002, en la que se revela que “el
Reino Unido participaría en acciones
armadas a condición de crear
una coalición internacional y una
campaña para moldear la opinión
pública”. En este contexto, se está
haciendo visible hasta qué punto
el Gobierno de Tony Blair ignoraba
y tergiversaba las informaciones
que le suministraban sus propias
agencias y servicios de inteligencia.

El 15 de marzo de 2002, el
Gabinete Conjunto de Inteligencia,
al servicio de la oficina del primer
ministro, informaba a Downing
Street de que “Iraq tiene una
capacidad insignificante de producción
de armas de destrucción
masiva”. Un mes más, tarde Blair
declaraba en la NBC que “Sadam
tiene reservas sustanciales de armas
químicas y biológicas”.

El proceso de construcción de la
guerra también trajo consigo la supresión
de opiniones discrepantes
dentro de las mismas filas del laborismo.
El caso más notorio fue el de
David Kelly, inspector de armamento
de la ONU destacado en Iraq y
asesor del Gobierno en materia de
armas químicas. En 2003, los trabajos
de Kelly constituían la mayor objeción
al dossier sobre armas de destrucción
masiva que el Gobierno estaba
intentando colar a la opinión
pública. En julio de ese mismo año,
Kelly fue encontrado muerto en circunstancias
sospechosas. El escándalo
obligó al laborismo a encargar
una investigación pública al reputado
jurista Lord Hutton, que duró seis
meses y tuvo un notable seguimiento
internacional. El informe final
exoneraba al Gobierno de cualquier
responsabilidad, determinó que Kelly
se suicidó y provocó tres dimisiones
dentro de la BBC. Sin embargo,
en diciembre de 2009 un grupo de
médicos inició acciones legales para
revisar las circunstancias de la muerte
de David Kelly, alegando que “no
había suficientes pruebas para demostrar
más allá de la duda razonable
que Kelly se suicidara”. En enero,
Lord Hutton ordenó que todos los
archivos relacionados con la muerte
del Dr. Kelly permanecieran en secreto
durante 70 años, por razones
que ni él ni el Ministerio de Justicia
han llegado a explicar. El otro
miembro del Gobierno que experimentó
las consecuencias de la disidencia
en este proceso fue Lord
Goldsmith, fiscal general del Estado,
que asesoró a Tony Blair en materia
legal durante las etapas previas
a la invasión. En un memorándum
dirigido al Ejecutivo, que posteriormente
fue filtrado a la prensa, Goldsmith
advertía de que la invasión no
sería legal en ningún caso y que sería
imposible venderla en esos términos.

Según The Guardian, Blair
no sólo ignoró sus consejos, sino
que le proscribió de toda reunión de
gabinete, instándole a ofrecer consejo
sólo cuando fuera a favor de la
legalidad de la guerra.

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