El nombre ‘coltán’ procede
de la abreviatura de columbita
y tantalita, minerales
que contiene este tipo
de roca. De estos minerales se
extrae el tantalio y el niobio, utilizados
en distintas industrias de
aparatos eléctricos, centrales atómicas,
misiles, fibra óptica y otros,
aunque la mayor parte de la producción
se destina a la elaboración
de condensadores y otras partes de
los teléfonos móviles.

La escalada de precios del coltán
comenzó hace relativamente
poco tiempo y tuvo que ver con el
uso de tantalio para la fabricación
de microchips de nueva generación
que permitían baterías de larga
duración en teléfonos móviles,
videojuegos y portátiles. Los precios
se dispararían aún más, unos
años antes del año 2000, cuando
comenzaron a escasear las reservas
de coltán en Brasil, Australia
y Tailandia. Como ejemplo ilustrativo,
basta decir que, por ejemplo,
la japonesa Sony tuvo que
aplazar el lanzamiento de la segunda
versión de la Play Station 2
debido a este inconveniente.

Ante todo esto, las miradas se habían
vuelto hacia la República Democrática
del Congo, país que posee
el 80% de las reservas mundiales
de coltán en el subsuelo de las
provincias del Este, especialmente
en los Kivu, fronterizos con Ruanda
y Uganda, los más fieles aliados de
EE UU en la zona.

El coltán puede considerarse como
la principal causa del desencadenamiento
de la última guerra en
el Congo. Un conflicto que tiene su
origen en agosto de 1998 y que terminaría
oficialmente en 2003 y sobre
el que Naciones Unidas en su
informe S/2002/1146 de 16 de octubre
de 2002 (cuatro años después
del inicio) dijo: “Para los más de 20
millones de personas que viven en
las cinco provincias de la región
oriental de la República Democrática
del Congo, el número de defunciones
directamente atribuibles a la
ocupación de Ruanda y Uganda
puede estimarse entre 3 y 3,5 millones
de personas”. Más recientemente,
en julio de 2004, el Internacional
Rescue Committee estimaría en 3,8
millones el número de muertes atribuibles
directa o indirectamente a
la guerra desde el año 1998.

Coltán manchado

En realidad el mayor beneficiario
del coltán congoleño durante la
guerra fue Ruanda. Según informes
de Human Right Watch, el
Ejército regular, o bien alguna de
las guerrillas que financiaba, empleaba
prisioneros hutus, así como
a población local, incluidos niños
para la extracción del mineral en
los yacimientos de aluvión que salpicaban
el área bajo su control.
Antes de que el mineral fuera
transportado por carretera o
avión a Ruanda habría pasado por
cuatro o cinco comisionistas, generalmente
miembros de alto rango
del Ejército o de alguna de las
facciones guerrilleras. Una vez en
Ruanda, el mineral pasaba al departamento
administrativo informal
‘Congo Desk’ y dos empresas:
Rwanda Metals y Grands Lacs. La
organización de Uganda en la extracción
del coltán, según informes
de la ONU, era mucho menos sistemática
y piramidal, y también estarían
involucrados altos cargos del
Ejército o de las guerrillas financiadas,
entre otros, por un hermano
del actual presidente de Uganda.

A partir del año 2001 la ONU había
enviado a la zona un ‘grupo de
expertos’. Los informes por ellos
elaborados proponían para acabar
con la guerra la declaración de un
embargo en la zona tanto de armas
como de las importaciones y exportaciones
de oro, diamante y coltán
sobre los países invasores. De la
misma forma, proponían sancionar
tanto a los países como a las empresas
que incumplieran con el embargo.
También aconsejaba una
congelación de los activos financieros
de los movimientos rebeldes
(aliados de los países invasores) y
sus líderes y que se estableciera un
proceso de certificación de origen
del diamante, oro y coltán.

Los innumerables informes de
diversas ONG o de la propia ONU
que iban saliendo a la luz, y que
acusaban a Ruanda y Uganda del
expolio de las riquezas minerales
del Congo, permitieron una cierta
presión internacional y el establecimiento
de listas negras de empresas
que operaban en la zona.
Así 34 empresas (27 occidentales)
fueron acusadas de importar coltán
y casiterita y se consiguió que
la compañía aérea belga Sabena
suspendiese el transporte del mineral
que realizaba desde Kigali
(capital de Ruanda) a Bruselas. Sin
embargo, otras rutas alternativas
siguieron funcionando, y un considerable
porcentaje del coltán congoleño
siguió saliendo al mercado
camuflado como procedente de
Brasil o Tailandia.

Las medidas tomadas resultaron
muy poco efectivas y en el
Consejo de Seguridad no se llegó
a ningún acuerdo para adoptar
otras más influyentes. En realidad,
ni el Gobierno de EE UU ni los de
la Unión Europea mostraron una
voluntad política real para acabar
con el conflicto en detrimento de
sus intereses particulares. Más
bien al contrario: muchos países
occidentales siguieron ayudando
a Uganda y Ruanda tanto militarmente
como a través de cuantiosas
‘ayudas al desarrollo’. Por
ejemplo, la agencia de ayuda británica
(DFID) anunció en septiembre
del año 2000 un préstamo de
95 millones de dólares sobre un
periodo de tres años para ayudar
al Gobierno ruandés. Resulta paradójico
y difícil de comprender
cómo era necesaria una ayuda a
países que poseían los suficientes
recursos para invadir a su vecino.
En este sentido, informes publicados
por la ONU en abril de 2001
estimaban que el gasto militar de
Ruanda en municiones, abastecimiento
y vuelos de su Ejército en
el Congo rondaba los 60 millones
de dólares al año, mientras otros
informes también publicados por
la ONU y por comisiones independientes
estimaban que en el
año 2000 Ruanda había ganado
40 millones de dólares por diamantes,
15 millones por el oro y
191 millones por el coltán, todos
extraídos en suelo congoleño.
Uganda habría ganado en sus zonas
bajo control 1,8 millones por
diamantes, 105 millones por el
oro y 6,2 millones por el coltán.

Ruanda y Uganda no sólo se beneficiaron
durante el periodo de
guerra de la ayuda de los países donantes,
sino que parte de sus deudas
externas fue cancelada y además
fueron considerados como
modelos de desarrollo económico.

Por otro lado, la ayuda militar
también continuó durante el conflicto,
y fueron firmados planes de
cooperación entre EE UU y los dos
países africanos. Sorprendentemente,
el acuerdo con Ruanda llegó
después de que una de sus guerrillas
tomase Bukavu, la capital de
Kivu Sur, en mayo-junio de 2004.