ENTREVISTA AL ABOGADO JORGE MOLANO
“Colombia se ha erigido en la Israel de Latinoamérica para desestabilizar la región”

El abogado de derechos
humanos Jorge Molano
relata la violación de
derechos humanos en
Colombia y la impunidad
de militares y paramilitares
ante la Justicia.

02/12/10 · 8:05
Edición impresa

Jorge Eliécer Molano es un abogado
colombiano que lleva 23 años en la
defensa de los derechos humanos.
Ha llevado casos como la desaparición
de los 11 detenidos tras la toma
del Palacio de Justicia en 1985; la
masacre en la comunidad de San
José de Apartadó
, en la que fueron
degollados dos niños a manos de militares
y paramilitares; la vinculación
de cuatro generales colombianos en
la creación de grupos paramilitares;
o el asesinato de un estudiante durante
la irrupción de militares en la
Universidad. Ahora, Molano denuncia
la actuación del servicio de inteligencia
de Colombia, Departamento
Administrativo de Seguridad (DAS),
tras las revelaciones de la Fiscalía de
Colombia
que han sacado a la luz
que durante el mandato de Uribe el
DAS investigó a políticos, sindicalistas,
periodistas y defensores de derechos
humanos (colombianos y del
Estado español) para desacreditarlos.
Durante esos años Molano fue
amenazado.

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Foto: Olmo Calvo

DIAGONAL: ¿Desde qué sectores
fue amenazado por su defensa de los
derechos humanos?

JORGE MOLANO: Las amenazas
provienen del ministerio de Defensa
y fueron transmitidas por la vicepresidencia
de Colombia en 2008. Me
dijeron que corría un riesgo extraordinario,
pregunté de dónde venía ese
riesgo, pero no respondieron. Este
año el Gobierno me dijo que, tras
reunirse con la Junta de Generales y
el ministerio de Defensa, los militares
no veían bien mi labor porque estaba
“atacando el honor militar” e incluso
pidieron que saliera del país.

D.: Uno de los casos que ha denunciado
es la desaparición de los detenidos
tras la toma del Palacio de
Justicia de Bogotá en 1985.

J.M: Los hechos ocurrieron hace 25
años. Ahora la Justicia colombiana
ha dictado sentencia. Once personas
del grupo guerrillero M19 fueron sacadas
por el Ejército colombiano del
Palacio, en pleno centro de la capital,
con cámaras de televisión que registraron
esa salida. Nunca se volvió
a saber de ellos. Fueron trasladados
a prisiones militares y murieron por
torturas. Se denunció y se hizo un
proceso judicial en el que las intimidaciones
fueron una práctica recurrente.
Pasados 13 años, el abogado
que llevó el caso consiguió abrir la
fosa, en la que fueron exhumados
los cuerpos, pero fue asesinado el 18
de abril de 1998. La juez que condenó
en julio al general Plazas Vega tuvo
que abandonar el país por amenazas
15 días después de dictar sentencia.
La fiscal que instruyó el caso,
fue retirada de su cargo por presiones
del Ejército y sectores políticos.
Estamos pendientes de que se dicte
sentencia contra varios generales,
eso es positivo, pero el Gobierno no
tiene voluntad de que se cumpla. El
general Plazas Vega ya fue condenado
a 30 años por estos hechos. Pero
está recluido en su domicilio, una casa
de 600 por 400 m2. Además, el año
pasado mientras estaba sometido a
juicio Plazas Vega fue contratado
por la Universidad Militar, para impartir
la cátedra de Guerra Jurídica,
en la que los abogados de Derechos
Humanos estamos considerados
–tras la guerrilla– como el segundo
frente de subversión del país.

D.: ¿Qué implicación tiene el ex
presidente Álvaro Uribe en las investigaciones
ordenadas al servicio
secreto DAS contra defensores de
derechos humanos?

J.M.: Durante ocho años de Gobierno
de Uribe hemos estado ante un
presidente inepto, que no sabía lo
que pasaba, o ante un presidente que
dirigió una empresa criminal. La acción
del DAS, además, traspasó fronteras;
fue una acción que se hizo con
la Operación Libertad en diferentes
países, en contra de ciudadanos europeos,
diputados españoles y miembros
del Parlamente Europeo. Estas
acciones de espionaje están relacionadas
con posteriores asesinatos,
desplazamientos de población y
atentados.
Todos estos hechos pueden
ser considerados como un crimen
contra la humanidad
como lo
reconoce la ONU. Uribe tiene que
responder. Va a ser juzgado por la
Comisión de Acusaciones del Congreso
de la República, que algunos
preferimos llamar comisión de absoluciones,
porque en los últimos 50
años no ha resuelto ninguno caso bajo
el argumento de que todas las denuncias
son infundadas. Tenemos
dudas de que el fiscal actúe contra
los cuatro directores del servicio secreto
vinculados con actuaciones criminales.
Además, el nuevo Gobierno
ha dado cargos a los implicados.
Cuando se conocen los hechos, la
Fiscalía ordena confiscar los ordenadores
y documentación del DAS. La
decisión se filtra al director del DAS.
Pero los detectives guardaron mucha
información para protegerse. Lo
preocupante es que el director actual
del DAS es la persona que recibió el
aviso del allanamiento y el que ordenó
destruir las pruebas.

D.: ¿Qué implicación tiene la CIA y
qué intereses económicos se esconden
detrás de estos hechos?

J.S.: La mayoría de los equipos con
los que se hicieron las escuchas fueron
suministrados por EE UU.
Incluso
las llaves de la oficinas del DAS
en la capital estaban en poder de
miembros de la embajada de EE UU.
Colombia fue erigida como la Israel
de América Latina y ha jugado un
papel desestabilizador en la región.
En uno de los informes de la Fiscalía
queda claro que el servicio secreto
de Colombia estaba financiado por
la CIA] con el propósito de infiltrarse
en la representación diplomática de
Venezuela, Ecuador y Cuba.
La presión internacional ha ido en
aumento, pero la UE, que está al tanto
de los asesinatos que se han cometido
y las vinculaciones entre militares
y paramilitares, ha preferido
mirar para otro lado. Ha avanzado,

ganando incluso espacio a EE UU,
en la firma de un acuerdo de libre comercio.
Resulta increíble que se antepongan
los acuerdos económicos a
los derechos humanos.

D.: ¿Cuál es el número de desaparecidos
políticos en los últimos años?

J.M.: Las estadísticas oficiales hablan
de 42.000 desaparecidos desde
1980. Según Medicina Legal, organismo
de la Fiscalía General, en los
últimos tres años 7.060 colombianos
han desaparecido forzosamente.

Frente a estos datos se afirma que
Colombia es la democracia más antigua
de Latinoamérica. Cualquiera
puede pensar que hemos tenido una
dictadura. Las cifras superan ampliamente
las de desaparecidos en la dictadura
de Pinochet en Chile, las juntas
militares argentinas y las de las
dictaduras de Uruguay y Paraguay.

MASACRE DE APARTADÓ: «SE PROBÓ QUE MILITARES Y PARAMILITARES ACTUARON JUNTOS»
_ M.J.E.P. (REDACCIÓN)

DIAGONAL: ¿Qué avances se
han hecho en la investigación
de la masacre en [San José de
Apartadó->http://www.diagonalperiodico.net/San-Jose-de-Apartado-modelo-de.html]?
_ JORGE MOLANO: Este proceso
es bastante doloroso. Como
defensor de derechos humanos
lo que más me ha conmovido es
pensar en la imagen de Santiago,
un bebé de 18 meses que
fue degollado. El argumento de
quienes lo degollaron era que lo
mataron para que cuando fuese
grande no fuera un subversivo y
para que no reconoceira a los victimarios
[los asesinos]. Primero el
Gobierno planteó que los hechos
eran atribuibles a las [Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC)->http://www.diagonalperiodico.net/Auge-y-declive-de-la-lucha.html?id_mot=75]. Lo ocurrido fue
que un coronel del Ejército
colombiano recibió plata de los
paramilitares para comprar testigos
que acusaron a las FARC.
Después de tres o cuatro años,
logramos que la investigación
se abriera. Se vinculó a una
persona de la Brigada 17 que
había actuado con los paramilitares.
Se comprobó que los
paramilitares fueron convocados
para llegar de diferentes
lugares. A los dos días se convocó
al Ejército para que se
reuniera con los paramilitares
en el mismo lugar. Durante
cinco días militares y paramilitares
marcharon juntos, durmieron
en el mismo lugar y durante
la masacre estuvieron juntos.
La Justicia colombiana decidió
procesar a diez militares, en un
juicio al que asistieron observadores
del Estado español, Suecia
y EE UU, entre otros países.
La juez, decidió el pasado 4 de
agosto absolver a los militares
porque consideró que no se
había demostrado que tenían
un pacto con los paramilitares y
consideró que no es un hecho
delictivo
descuartizar a una
niña de cuatro años y a un
bebé de 18 meses.

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