Plan Uribe // Continúan las violaciones de los DD HH amparadas por la nueva legislación
Colombia: laboratorio de impunidad

La reciente visita de una delegación catalana a Colombia ha vuelto a poner en el centro del debate el apoyo de la UE y el Gobierno español al plan de Álvaro Uribe para ‘legalizar’ a los paramilitares.

25/01/06 · 18:38
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Revista NúmeroEl domingo 30 de octubre regresó de una visita de ‘alto nivel’ a Colombia una delegación catalana integrada por la Agencia Catalana de Cooperación Internacional y una buena representación de partidos políticos y ONG. Radio Nizkor acusó a la delegación de apoyar la “desmovilización” de los grupos paramilitares. El director de la Agencia Catalana, David Minoves, rechazó esto y reiteró que la cooperación catalana “no apoyará programas que, amparados en la Ley de Justicia y Paz, no garanticen el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas”. Sin embargo, el hecho de que las instituciones catalanas no hicieran público ningún comunicado contra la política del Gobierno español relacionada con Colombia, según Nizkor, es “concordante” con el apoyo incondicional que el Ejecutivo de Zapatero presta al presidente colombiano Álvaro Uribe en su plan de “legalización encubierta” de los grupos paramilitares bajo la ley mal llamada de ‘Justicia y Paz’.

El ‘monólogo’, como llama el jesuita Javier Giraldo a las negociaciones de Uribe con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), no ha impedido que los paramilitares sigan matando. Organizaciones de DD HH como la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) atribuyen a los grupos de extrema derecha más de 2.300 homicidios y desapariciones desde que se iniciaron los “procesos de desmovilización” en diciembre de 2002.
Una de las últimas víctimas fue Orlando Valencia, un líder comunitario de la región de Curvaradó-Chocó, en el noroeste del país. Valencia iba a viajar hacia EE UU para denunciar las violaciones de los DD HH, cuando le denegaron el visado. Al regresar a su región la policía lo detuvo. Inmediatamente después de ser puesto en libertad, dos paramilitares se lo llevaron por la fuerza. El 26 de octubre, su cuerpo sin vida apareció en la orilla de un río con señales de tortura. Según la Comisión de Justicia y Paz, las comunidades organizadas de la región han soportado 13 desplazamientos forzados, la destrucción de sus casas y cultivos, y el asesinato o la desaparición forzada de 110 de sus miembros.
“Por su parte, la Fuerza Pública trata a los paramilitares como compañeros de armas”, dice Iván Cepeda, hijo del senador comunista Manuel Cepeda, asesinado en 1994 por miembros del Servicio Secreto del Ejército.

El director de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DD HH en Colombia, Amerigo Incalcaterra, dijo que la Ley de Justicia y Paz no garantiza el cese definitivo de los ataques, el abandono de las armas ni el desmonte “efectivo de sus estructuras ilícitas y guarda silencio absoluto sobre el procesamiento de aquellos servidores públicos que como coautores, determinadores o cómplices participaron en los crímenes cometidos”.

Hasta agosto, se habían ‘desmovilizado’ 11.414 paramilitares, dijo Alirio Uribe, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. “Pero sólo a 55 de todos ellos se les aplicará la Ley de Justicia y Paz. Los restantes ya están indultados. Pues fueron cobijados por un decreto anterior a la actual ley”, dijo.

“En enero de 2003, cuatro meses antes de la firma del acuerdo con los mandos paramilitares en Santafé de Ralito, el Gobierno colombiano expidió el Decreto 128”, explica Gustavo Gallón de la CCJ. “Este decreto ha permitido que un inmenso número de casos de graves violaciones de derechos humanos y graves crímenes queden legalmente impunes”. En cuanto a la entrega de armas, el diario colombiano El Tiempo reveló que “sólo 65% de los paramilitares desmovilizados entregó algún tipo de arma”.
La Ley fomenta, según Amnistía Internacional, “un proceso de negociación de contratos de impunidad, que beneficiarán no sólo a los paramilitares responsables de violaciones de derechos humanos, sino también a quienes los respaldan política, económica y militarmente”.
Amnistía Internacional publicó recientemente un informe sobre la supuesta ‘desmovilización’ del principal grupo paramilitar que actuaba en Medellín. “A la mayoría de los paramilitares se les ha concedido una amnistía de facto, mientras siguen activos y ejerciendo un control férreo sobre muchas áreas de la ciudad. Los civiles -y especialmente los defensores de los derechos humanos y los activistas comunitarios- siguen recibiendo amenazas y siendo objeto de agresiones”. “El paramilitarismo no se ha desmantelado”, dice Amnistía, simplemente se ha “reinventado”.

Apoyo Internacional
A pesar de todo ello la UE sacó en octubre una declaración oficial en la que se describe la Ley de Justicia y Paz como “un avance significativo” en la búsqueda de la paz. La Unión aportará recursos a las desmovilizaciones. Según fuentes de la UE, el “voto español” ha sido decisivo. Pero el apoyo que recibe la política pública colombiana de impunidad no es nuevo. El reciente libro de Andrés Pastrana, ex presidente de Colombia (1998-2002), habla de contactos secretos con los paramilitares, en los que estuvieron involucrados personajes como Felipe González.

La Comisión Internacional de Juristas exigió a la comunidad internacional que asegure que toda “cooperación esté condicionada a que las autoridades colombianas tomen medidas efectivas contra la impunidad”. Algo que la ayuda española no hace. El embajador español en Bogotá, Carlos Gómez-Múgica Sanz, reveló que la Comunidad Autónoma de Madrid ha hecho un desembolso en 2005 de 487.000 euros para el programa ‘Familias Guardabosques’. En estos programas se incorporarán miles de paramilitares. “Se les situará como guardabosques, llegarán a los parques nacionales o los municipios, legalizando sus funciones hasta hace poco impuestas a sangre y fuego”, alerta Carlos Gutiérrez, de la edición colombiana de Le Monde Diplomatique.

Un último escándalo

A finales de octubre se descubrió que el organismo de inteligencia más importante del país (DAS) está fuertemente infiltrado por los grupos paramilitares. «El enfrentamiento entre los dos más altos funcionarios terminó sacando a la luz pública un secreto a voces: la penetración paramilitar dentro de la institución», comenta la revista colombiana Semana en su última edición. Pero el caso del DAS no es una excepción, los 'paras' están controlando la economía del juego o la lotería, la Fiscalía del Estado y parte del sistema de la salud pública.

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