SE INTENSIFICA LA CAMPAÑA DE DENUNCIA DE LAS ""DESAPARICIONES FORZADAS""
Colombia: 1.686 desaparecidos en dos años

El 6 de marzo, una gran manifestación denunció la
desaparición de miles de personas a manos del
Estado. Sólo entre 2007 y 2008 fueron 1.686 los
‘falsos positivos’ ejecutados por el Ejército.

19/03/09 · 0:00
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‘FALSOS POSITIVOS’. Momento de la marcha contra las desapariciones forzadas, el 6 de marzo, en Bogotá.

El mayor escándalo asociado a la
doctrina de Seguridad Democrática
de Álvaro Uribe comenzó en septiembre
pasado cuando se conocía
que 19 jóvenes de barrios marginales
de Bogotá habían sido ultimados
por el Ejército y presentados
como guerrilleros caídos en combate,
a cambio de lo cual los militares
recibían las recompensas y permisos
promovidos por el Gobierno
de Uribe para estos casos. A partir
de ese momento, las cifras de los
casos relacionados con los llamados
“falsos positivos” no hicieron
más que crecer. Según un reciente
informe de la Comisión Nacional
de Búsqueda de Personas Desaparecidas,
sólo entre el 1 de enero
de 2007 y el 21 de octubre de 2008
se habría dado un total de 1.686
desapariciones forzadas, la mayor
parte de ellas relacionadas con ejecuciones
extrajudiciales.

La respuesta del Gobierno no se
hacía esperar y una treintena de
mandos militares eran destituidos.
Mario Montoya, comandante en jefe
del Ejército, dejaba su puesto y a
cambio era nombrado recientemente
embajador en la República
Dominicana. Posibles vínculos de
Montoya con paramilitares cuando
ejercía de comandante en Medellín
(refrendados por informes de la
CIA) y su pertenencia a la Alianza
Anticomunista Americana, encargada
en los años ‘70 de actuar
contra opositores, abogados y periodistas,
son algunos de los antecedentes
de Montoya.

Ley de Víctimas

Casi de manera paralela al escándalo
de los “falsos positivos”, la mayoría
parlamentaria del grupo liderado
por Uribe aprobaba una nueva
Ley de Víctimas que daba la espalda
a las propuestas emanadas
de las propias víctimas, varios congresistas
y miembros de la sociedad
civil. La nueva ley, entre otras
cosas, obliga a las víctimas de crímenes
de Estado –a diferencia de
lo que ocurre con las de grupos ilegales–
a contar con una sentencia
ejecutoria de un organismo judicial
para poder acceder a las reparaciones.
Unas reparaciones que serán
otorgadas por el Estado por “solidaridad”
y no basadas en posibles
responsabilidades del mismo.

La Ley, que aún debe pasar por
el Senado, “pretende consolidar la
usurpación ilegal de las tierras”,
ya que “las víctimas de desplazamiento
forzado ya no serán propietarios
(…) de las tierras usurpadas
porque tendrían que ceder sus
derechos al Estado, que a través
de su estrategia militar y paramilitar
los obligó a desplazarse”, según
denunciaba a través de un comunicado
el Movimiento Nacional
de Víctimas de Crímenes de Estado
(MOVICE).

Lo que conviene a Uribe

“Pareciera que al presidente Uribe
le convenga la situación de
guerra que se vive en el país y que
a las FARC les gusta que esté en
el poder”, declaró Alan Jara, ex
gobernador del Departamento
del Meta, después de ser liberado
de manera unilateral por las
Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC) tras más
de siete años de cautiverio. Su llamada,
así como la del también liberado
Sigifredo López –ex diputado
del departamento del Cauca–,
a la solución negociada al
conflicto armado que vive Colombia
desde hace cinco décadas fue
objetada con rotundidad por el
presidente colombiano: “El único
acuerdo humanitario que se acepta
es que liberen unilateralmente
y de inmediato a todos los secuestrados”.
Así respondía no sólo a
los recién liberados y al grupo
Colombianos/as por la Paz, sino
también a la propuesta de las
FARC de poner en libertad a 22
policías en su poder a cambio de
la de 500 presos guerrilleros.


ENTREVISTA // IVÁN CEPEDA, MIEMBRO DE COLOMBIANOS/AS POR LA PAZ Y PORTAVOZ DEL MOVICE

“El paramilitarismo sigue siendo una realidad en Colombia”

El portavoz del Movimiento Nacional de Víctimas de
Crímenes de Estado (MOVICE) habló con DIAGONAL
sobre liberaciones de rehenes y la narcopolítica de Uribe.

Sergio de Castro Sánchez / Bogotá (Colombia)

Iván Cepeda es uno de los impulsores
de la iniciativa civil Colombianos/
as por la Paz que respaldada
por 130.000 firmas, ha emprendido
un diálogo epistolar con las
FARC cuyo primer éxito ha llevado
a la libertad a seis retenidos por
el grupo insurgente. A sus integrantes,
Uribe los ha acusado de
“bloque intelectual de las FARC”
que defiende al grupo guerrillero
con “su cuentico de la paz”.
Según Cepeda, las liberaciones
pueden llevar a “la creación de
condiciones para un diálogo político
que busque resolver el conflicto”,
a pesar de los señalamientos y
el intento de Uribe de “torpedearlas”,
“al punto que en la primera de
las entregas se desplegó un operativo
militar en la zona en donde se
estaban realizando”.

Para el también portavoz del
MOVICE, la “criminalidad estatal”
–como la que se ha dado en el caso
de los “falsos positivos”– es “uno de
los factores que impiden que en
Colombia avancemos hacia un
proceso de paz”. Se trata de “un
problema muy profundo que atañe
a la doctrina del Ejército en
Colombia, a la manera en como se
concibe el papel del Estado y a la
forma en como se actúa para criminalizar
a los sectores de oposición”.
Una criminalidad que, junto a la paramilitar,
se ha reducido en lo que
se refiere al número de masacres,
pero que ha supuesto “el aumento
del desplazamiento forzado, de las
ejecuciones por parte de los miembros
de la fuerza pública y de las
desapariciones forzadas”.

Frente a la posición de Uribe, para
Cepeda, “el paramilitarismo
sigue siendo una realidad en
Colombia”. Según el Observatorio
del Conflicto Armado de la Corporación
Nuevo Arco Iris, actualmente
existen más de 100 grupos
armados –entre los que destacan
las Águilas Negras– que actúan como
lo hacían las ya disueltas
Autodefensas Unidas de Colombia
(AUC). Un paramilitarismo que,
según señala Cepeda, además de
su actividad armada, sigue presente
tanto en las estructuras políticas
como económicas de Colombia.

Actualmente, el 33% de los miembros
del Senado y el 15% de los
representantes de la Cámara –muchos
de ellos pertenecientes a la órbita
uribista– están siendo investigados
por vínculos con el narcoparamilitarismo.
Para Cepeda, “es
cierto que los paramilitares han utilizado
a políticos, pero aún es más
cierto que los políticos han utilizado
a los paramilitares para ganar posiciones
políticas”. El presidente colombiano
“ha hecho esfuerzos muy
claros por ir debilitando e incluso
intentar acabar con esos procesos
de investigación”, llegando a acusar
a los magistrados de la Corte Suprema
de Justicia, encargada de investigar
los casos, “de estar sesgados
ideológicamente, tildándolos prácticamente
de aliados de la guerrilla”.
Señalamientos que se han recrudecido
a partir del proceso a que se ha
visto sometido Mario Uribe Escobar,
primo de Uribe y también senador
de la República.

Unas injerencias que también se
han dado en el caso de los juicios a
paramilitares, en donde “el Gobierno
ha intentado siempre limitar a su
mínima expresión los alcances de
estos procesos”, por ejemplo, “haciendo
desaparecer a muchos de
sus actores esenciales, como es el
caso de la extradición de 14 de los
jefes paramilitares”. Este contexto
de “poder mafioso” tiene su continuidad
en lo económico. Proyectos
como el Estatuto de Desarrollo Rural
“son parte de un proyecto social,
político y económico” que busca
“capturar al Estado” y “que tiene
que ver con intereses económicos,
con poder legalizar las tierras que
los paramilitares capturaron y usurparon
durante un proceso de desplazamiento
forzado muy masivo”.


El pacto de Ralito

El 23 de julio de 2001 se reunían
en Santa Fe de Ralito
(Departamento de Córdoba)
11 congresistas, dos gobernadores,
tres alcaldes, varios
concejales y funcionarios públicos
con cuatro jefes paramilitares.
Su intención de “refundar
nuestra patria” a través de “un
nuevo contrato social”, según
refleja el documento firmado
por los presentes, fue acompañada
por una campaña paramilitar
que aseguró unos buenos
resultados electorales en
2002 a todos los firmantes.
Entre ellos, muchos colaboradores
directos de Álvaro Uribe,
que ganaría ese año la Presidencia
por primera vez.

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