Un drama une las vidas de Juan Atiaga y Marisol Culqui. Sin empleo desde hace tiempo, con hijos a cargo, están a punto de ser expulsados de su “vivienda habitual” por no poder hacer frente al pago de la hipoteca. Según los parámetros usados por el Instituto Nacional de Estadística, al percibir ingresos inferiores a los 650 euros mensuales, se encuentran bajo el umbral de la pobreza. Juan, su esposa y sus cuatro niños malviven en La Pantoja (Toledo) con una ayuda familiar de 426 euros, mientras Marisol percibe 198 de paro más 150 de Renta Mínima de Inserción, un dinero con el que mantiene a cinco hijos. Y, sin embargo, a pesar de que el Código de Buenas Prácticas que recoge el Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, tiene como objeto aliviar la situación de los deudores situados “en el umbral de exclusión”,  sus casos quedan fuera de la medida estrella del Ejecutivo para frenar los desahucios. De entrada, porque sus casas ya han sido subastadas: Bankia tratará de tomar posesión de la vivienda de Marisol en Carabanchel el 9 de junio y Banesto hará lo propio con la de Juan apenas un mes después. Pero aunque los inmuebles no perteneciesen ya a estas entidades, tampoco podrían acogerse al código. Juan, porque su casa costó algo más de 200.000 euros y el límite que marca el decreto es de 120.000 para municipios con menos de cien mil habitantes. Y Marisol, porque en su contrato figuran avalistas con propiedades.

Si Juan y Marisol, que se hallan a 
un paso de la exclusión social, no 
pueden agarrarse al real decreto para 
liberarse de sus deudas vitalicias, 
¿quién puede? A tenor de los colectivos 
de damnificados, los efectos 
de la norma, casi tres meses después 
de su publicación, son prácticamente 
nulos, cuando no contraproducentes. 
“Se confirma lo que 
decíamos entonces: maquillaron 
una medida para los afectados que 
en realidad beneficia a las entidades 
bancarias, ya que propone una refinanciación 
de la deuda, lo que implica 
alargar la agonía de las familias”, 
aclara Ada Colau, portavoz de 
la Plataforma de Afectados por la 
Hipoteca (PAH), que resalta el hecho
“histórico” de que 84 entidades, 
la inmensa mayoría de los bancos 
españoles, asumiera el código a los 
pocos días de su aprobación. Según 
esta norma, el deudor sólo tendrá 
derecho a exigir la dación en pago 
si la cuota resultante de una reestructuración 
en la que se amplía el 
plazo hasta 40 años y se abre un período 
de carencia en la amortización 
de cuatro años, sigue siendo superior
al 60% de los ingresos de todos 
los miembros de la familia. “La mayor 
parte de la gente queda excluida 
pero los pocos que pueden acogerse 
y han solicitado su aplicación se han 
encontrado con dificultades por parte 
de los bancos, que en algunos casos 
exigen antes la firma de un préstamo 
personal”, asegura Colau. 
“Además, –continúa– ha supuesto 
una excusa para que algunos bancos 
cerraran negociaciones de dación 
y alquiler social con el argumento 
de que los afectados no reunían 
los requisitos del Código”.

Patricia Lezcano, responsable de 
la plataforma hipotecaria de la 
Asociación de Usuarios de Bancos, 
Cajas y Seguros (ADICAE) explica 
que, tras realizar 1.800 consultas entre 
sus asociados con problemas con
la hipoteca para un estudio que será 
publicado en las próximas semanas, 
sólo un 20% podría acogerse hoy en 
día al famoso código. Según una investigación 
de la Fundación de 
Estudios de Economía Aplicada, 
únicamente el 0,77% del total de hogares 
españoles y el 7,6% de las 
1.728.400 de familias que tienen todos 
sus miembros en paro podría 
acogerse al decreto. Rafael Mayoral, 
asesor legal de la PAH de Madrid, 
resalta que si en las últimas semanas 
ha aumentado el número de daciones 
en pago, alquileres sociales y 
suspensiones de desahucios se debe 
a que “la organización y la presión  
de los afectados cada vez da mejores 
resultados” y no a un código para 
el que “las entidades ni siquiera 
han habilitado las condiciones que 
recoge el decreto-ley”.

Con semejantes resultados, muy 
pocos se atreven hoy a defender una 
medida que, según el Gobierno de
Rajoy, iba a beneficiar a “cientos de 
miles de familias”. El propio Comité 
de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales de la ONU, en una nota 
hecha pública el 18 de mayo, expresa 
su preocupación porque “el Real 
Decreto-Ley 6/2012 de 9 de marzo 
deje a discrecionalidad de las entidades 
bancarias la admisión de la 
dación” y recomienda al Gobierno 
“impulsar una reforma legislativa 
que faculte la dación de la vivienda 
en pago de la deuda hipotecaria”. 
Asimismo, le insta a trabajar “en 
coordinación con las autonomías 
para invertir más recursos en el aumento 
de oferta de vivienda social 
que permita cubrir la demanda”.

Pero por ahora los derroteros parecen 
ser otros, como muestra de 
manera descarnada el aumento de 
desahucios. Sólo en la capital, en febrero 
se produjeron 47 desahucios 
diarios de media, según datos de la 
Policía local. Y es que, en vez de 
aflojar la soga sobre el cuello de las 
familias en estos momentos de crisi s
e incertidumbre, los juzgados 
madrileños “han aumentado el personal 
destinado a los lanzamientos, 
de tal forma que se han incrementado 
los días de desahucio y acortado, 
para los afectados, el tiempo entre 
las subastas y los lanzamientos”, 
asegura Mayoral. Frente a esto, la 
PAH y las asambleas del 15M han 
logrado ya suspender o paralizar 
240 desahucios en toda España,  87 
sólo en Madrid en el último año.