Tres meses después de su aplicación, el Código de Buenas Prácticas bancarias no sólo no ha detenido los desahucios,
sino que ha servido de “excusa” para abortar negociaciones de dación en pago y alquiler social.
Un drama une las vidas de Juan Atiaga y Marisol Culqui. Sin empleo desde hace tiempo, con hijos a cargo, están a punto de ser expulsados de su “vivienda habitual” por no poder hacer frente al pago de la hipoteca. Según los parámetros usados por el Instituto Nacional de Estadística, al percibir ingresos inferiores a los 650 euros mensuales, se encuentran bajo el umbral de la pobreza. Juan, su esposa y sus cuatro niños malviven en La Pantoja (Toledo) con una ayuda familiar de 426 euros, mientras Marisol percibe 198 de paro más 150 de Renta Mínima de Inserción, un dinero con el que mantiene a cinco hijos. Y, sin embargo, a pesar de que el Código de Buenas Prácticas que recoge el Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, tiene como objeto aliviar la situación de los deudores situados “en el umbral de exclusión”, sus casos quedan fuera de la medida estrella del Ejecutivo para frenar los desahucios. De entrada, porque sus casas ya han sido subastadas: Bankia tratará de tomar posesión de la vivienda de Marisol en Carabanchel el 9 de junio y Banesto hará lo propio con la de Juan apenas un mes después. Pero aunque los inmuebles no perteneciesen ya a estas entidades, tampoco podrían acogerse al código. Juan, porque su casa costó algo más de 200.000 euros y el límite que marca el decreto es de 120.000 para municipios con menos de cien mil habitantes. Y Marisol, porque en su contrato figuran avalistas con propiedades.
Si Juan y Marisol, que se hallan a
un paso de la exclusión social, no
pueden agarrarse al real decreto para
liberarse de sus deudas vitalicias,
¿quién puede? A tenor de los colectivos
de damnificados, los efectos
de la norma, casi tres meses después
de su publicación, son prácticamente
nulos, cuando no contraproducentes.
“Se confirma lo que
decíamos entonces: maquillaron
una medida para los afectados que
en realidad beneficia a las entidades
bancarias, ya que propone una refinanciación
de la deuda, lo que implica
alargar la agonía de las familias”,
aclara Ada Colau, portavoz de
la Plataforma de Afectados por la
Hipoteca (PAH), que resalta el hecho
“histórico” de que 84 entidades,
la inmensa mayoría de los bancos
españoles, asumiera el código a los
pocos días de su aprobación. Según
esta norma, el deudor sólo tendrá
derecho a exigir la dación en pago
si la cuota resultante de una reestructuración
en la que se amplía el
plazo hasta 40 años y se abre un período
de carencia en la amortización
de cuatro años, sigue siendo superior
al 60% de los ingresos de todos
los miembros de la familia. “La mayor
parte de la gente queda excluida
pero los pocos que pueden acogerse
y han solicitado su aplicación se han
encontrado con dificultades por parte
de los bancos, que en algunos casos
exigen antes la firma de un préstamo
personal”, asegura Colau.
“Además, –continúa– ha supuesto
una excusa para que algunos bancos
cerraran negociaciones de dación
y alquiler social con el argumento
de que los afectados no reunían
los requisitos del Código”.
Patricia Lezcano, responsable de
la plataforma hipotecaria de la
Asociación de Usuarios de Bancos,
Cajas y Seguros (ADICAE) explica
que, tras realizar 1.800 consultas entre
sus asociados con problemas con
la hipoteca para un estudio que será
publicado en las próximas semanas,
sólo un 20% podría acogerse hoy en
día al famoso código. Según una investigación
de la Fundación de
Estudios de Economía Aplicada,
únicamente el 0,77% del total de hogares
españoles y el 7,6% de las
1.728.400 de familias que tienen todos
sus miembros en paro podría
acogerse al decreto. Rafael Mayoral,
asesor legal de la PAH de Madrid,
resalta que si en las últimas semanas
ha aumentado el número de daciones
en pago, alquileres sociales y
suspensiones de desahucios se debe
a que “la organización y la presión
de los afectados cada vez da mejores
resultados” y no a un código para
el que “las entidades ni siquiera
han habilitado las condiciones que
recoge el decreto-ley”.
Con semejantes resultados, muy
pocos se atreven hoy a defender una
medida que, según el Gobierno de
Rajoy, iba a beneficiar a “cientos de
miles de familias”. El propio Comité
de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales de la ONU, en una nota
hecha pública el 18 de mayo, expresa
su preocupación porque “el Real
Decreto-Ley 6/2012 de 9 de marzo
deje a discrecionalidad de las entidades
bancarias la admisión de la
dación” y recomienda al Gobierno
“impulsar una reforma legislativa
que faculte la dación de la vivienda
en pago de la deuda hipotecaria”.
Asimismo, le insta a trabajar “en
coordinación con las autonomías
para invertir más recursos en el aumento
de oferta de vivienda social
que permita cubrir la demanda”.
Pero por ahora los derroteros parecen
ser otros, como muestra de
manera descarnada el aumento de
desahucios. Sólo en la capital, en febrero
se produjeron 47 desahucios
diarios de media, según datos de la
Policía local. Y es que, en vez de
aflojar la soga sobre el cuello de las
familias en estos momentos de crisi s
e incertidumbre, los juzgados
madrileños “han aumentado el personal
destinado a los lanzamientos,
de tal forma que se han incrementado
los días de desahucio y acortado,
para los afectados, el tiempo entre
las subastas y los lanzamientos”,
asegura Mayoral. Frente a esto, la
PAH y las asambleas del 15M han
logrado ya suspender o paralizar
240 desahucios en toda España, 87
sólo en Madrid en el último año.
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