Mentiríamos si no reconociéramos
que los
medios españoles terminaron
reconociendo
que lo sucedido en Honduras la
madrugada del domingo 28 fue un
golpe de Estado. En realidad, si no
lo hicieran serían, junto al golpista
Roberto Micheletti, los únicos que
no lo interpretaran así. Tres días
después, no solamente los países
de la región, sino que desde la ONU
hasta Estados Unidos y la UE, estaban
condenando la asonada. Sin
embargo, en las primeras 48 horas
el modo de presentar la noticia en
los medios españoles se limitaba a
afirmar que hubo una detención
del presidente. Así lo refleja la recopilación
de titulares del día 28 realizada
en el blog Diseccionando a
El País, del medio Tercera Información:
“El Ejército de Honduras
detiene al presidente Zelaya y lo expulsa
a Costa Rica” (El País), “El
presidente de Honduras ha sido detenido
por fuerzas militares”
(ABC), “Detenido el presidente de
Honduras el día de su polémica
consulta popular” (El Mundo), “El
ejército hondureño detiene al presidente
Manuel Zelaya antes de
que comience el referéndum”
(RTVE), “El Presidente de Honduras
es detenido por militares”
(Antena 3), “El ejército hondureño
detiene al presidente Manuel
Zelaya antes de que comience el referéndum”
(Radio Nacional). Sólo
los medios del grupo Mediapro calificaban
desde el primer momento
de golpe de Estado: “Golpe de Estado
en Honduras: Zelaya detenido
por los militares” (Público), “El golpe
de Estado ya está” (La Sexta).

Utilizar el término detención
cuando la protagonizan militares
contra un presidente constitucional
es totalmente erróneo si recurrimos
a la acepción de la Real
Academia Española: “Privación
provisional de la libertad, ordenada
por una autoridad competente”.
¿Consideraban los medios que
la autoridad competente en Honduras
era el Ejército?

Incluso algunos intentan colaborar
en consolidar el golpe, como el
caso de El País el día 29 (“Micheletti
ocupará el cargo hasta 2010”), criminaliza
a los partidarios del presidente
constitucional (“cubren sus
rostros con máscaras y van armados
con palos”) e insinúan una legítima
vía de derrocamiento (“destituido
por el Parlamento de su
país”). Honduras es un sistema presidencial,
el Parlamento no nombra
al presidente como en España, lo
votan los ciudadanos, por lo que no
puede ningún parlamento puede
destituirlo. Incluso la información
la presentan intencionalmente confusa,
como cuando señala que “los
miembros del Congreso han aceptado
una supuesta carta de renuncia
firmada por Zelaya, algo que
éste ha negado en una conversación
telefónica con el presidente
de El Salvador”. Si alguien dice que
no ha firmado su renuncia no procede
discutirlo frente a quien afirma
que sí lo hizo.

¿Y el periodismo independiente?

Poco a poco comienzan a llegar las
condenas internacionales y los
medios a rectificar su forma de definir
lo sucedido. Lo paradójico es
que mientras se produce en éstos
el reconocimiento y la condena del
golpe, muchos analistas se permiten
abroncar al presidente y darle
recomendaciones precisamente
en la línea de lo exigido por los militares.

Es como si se reivindicase
la democracia y la legitimidad de
los líderes políticos elegidos en las
urnas pero, eso sí, aplicando políticas
condicionadas por la espada
de Damocles de los militares. Encontramos
comentarios como “El
presidente Zelaya debería buscarse
valedores distintos a Castro y
Chávez” (Luis María Anson, El
Mundo 30-6-2009), “Que vuelva
Zelaya, que se olvide del referéndum,
y que las presidenciales de
noviembre decidan hacia dónde
quiere ir el país” (Miguel Ángel
Bastenier, El País 29-6-2009).

Las conclusiones que podemos
extraer es que el giro en el discurso
de los medios, que pasaron de denominar
detención a golpe de Estado –a pesar de que siempre estuvieron
claros los acontecimientos–
sólo ha demostrado que no existe
el periodismo independiente, que
han necesitado comprobar las condenas
de EE UU, del Gobierno español
y de la Unión Europea para
comenzar a reconocer lo obvio. Y
que, además, no temen alinear su
discurso político con el de las demandas
de militares golpistas.