NICARAGUA: LA VUELTA DEL SANDINISMO
Claros y oscuros en el Gobierno de Ortega

El 20 de abril se cumplieron los cien primeros días de gobierno del presidente Daniel Ortega. Los colectivos consultados coinciden en que muchas iniciativas han sido positivas, pero otras “ponen en riesgo la institucionalidad”.

26/04/07 · 0:00
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Foto Jairo Cajina

Entre luces y sombras y como un
elemento dominante, la confusión
ha caracterizado los primeros cien
días de gobierno de Daniel Ortega.
Una confusión que ha sido provocada
por el propio Gobierno sandinista,
al haber elegido el secreto como
norma generalizada. El Gobierno
de Ortega es un ejecutivo sin portavoces
oficiales, donde el silencio y
la prohibición que tienen los ministros
y altos funcionarios de hablar,
aun bajo castigo de destitución, viene
a ser la nota dominante.

El Frente Sandinista de Liberación
Nacional (FSLN) llegó al Gobierno
ya ejerciendo el control sobre una
gran parte del Poder Judicial, a través
del nombramiento de jueces afines.
De igual manera y a pesar de sólo
detentar el 38% de los votos, mantiene
el control en la Asamblea Nacional
a través de un cuestionado
pacto con el Partido Liberal Conservador
(PLC) de Arnaldo Alemán,
además de regentar 80 de las 153 alcaldías
existentes en Nicaragua.

Desde diversos sectores sociales,
políticos y periodísticos se critica la
importante acumulación de poder de
Daniel Ortega, basada en acuerdos
políticos con sectores de la derecha
(Alemán, Iglesia, empresarios y sectores
de la ‘contra’ liderados por el
actual vicepresidente del Gobierno).
Sin embargo, el restablecimiento
del principio constitucional que otorga
a todos los nicaragüenses acceso
gratuito a la enseñanza y la salud públicas
fue una de las primeras medidas
tomadas por el Gobierno sandinista,
tras su vuelta al poder el 10 de
enero pasado. El conjunto de movimientos
sociales valora como positivas
estas acciones en cuanto a la reducción
de los salarios del poder ejecutivo
y el incremento de los presupuestos
de educación y salud.

Cinturones apretados

Los ahorros generados por la reducción
de salarios en el Gobierno, en
torno a unos 600.000 dólares, se están
aplicando a medidas sociales.
Ortega se ha convertido en el presidente
centroamericano que menos
gana: 3.200 dólares mensuales, un
68% menos que su antecesor, Enrique
Bolaños. De igual manera, los
ministros sandinistas se redujeron a
3.000 dólares sus salarios, mientras
que en etapas anteriores superaban
los 5.000 dólares.

El propio Edmundo Jarquín Calderón,
ex candidato presidencial del
Movimiento Renovador Sandinista
(MRS), pese a ser muy crítico con el
Gobierno, reconocía en el reciente
congreso organizado por su partido que la política social del Frente es
adecuada, con respecto a la gratuidad
de escuelas y hospitales, y tildó
de “infame” la situación anterior.
Sin embargo, tanto los movimientos
sociales como el MRS aseguran
ver “con preocupación” el despido de
miles de empleados públicos y el
nombramiento de Rosario Murillo,
esposa de Ortega, como coordinadora
del denominado Consejo de Ciudadanía
y Comunicación, “lo cual
viola la Ley de Probidad de funcionarios
públicos que condena el nepotismo”.

La Constitución nicaragüense
prohíbe nombramientos de
personas cuya relación sea hasta el
cuarto grado de consaguinidad o segundo
de afinidad con la autoridad
que hace la elección. Según Vilma
Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense
de Derechos Humanos,
estas medidas “ponen en riesgo la
institucionalidad y la democracia
por sus tendencias autoritarias”.
La popularmente conocida como
Challo Murillo, considerada en
Nicaragua como el verdadero poder
en la sombra, ha sido la artífice del
acuerdo de facto que Ortega tiene
con la Iglesia, por el cual el FSLN le
ha devuelto privilegios a la jerarquía
católica a cambio de apoyo político.

Críticas desde el feminismo

Las críticas también se muestran en
el Movimiento Autónomo de Mujeres
(MAM), que el pasado 8 de marzo
emitió un duro comunicado en el
que calificó al Gobierno de Ortega
como “el peor escenario posible para
las mujeres: el ascenso de un nuevo
oscurantismo autoritario disfrazado
de democracia directa”.
“El hombre que ascendió a la Presidencia
con un voto minoritario
montado sobre la amañada ley electoral
del pacto líbero-sandinista es
un emblema de abuso sexual y de la
impunidad masculina reinante en
Nicaragua y una verdadera afrenta
para la dignidad nacional. Dudoso
honor compartido por una primera
dama que negoció la integridad de
su propia hija por la cuota de poder
que actualmente ostenta”, reza el comunicado
en alusión a la acusación
por violación que interpuso en el pasado
Zoilamérica Narváez en contra
de su padrastro Daniel Ortega.

Dicho 8 de marzo las mujeres protagonizaron
un plantón frente a las
instalaciones de la Corte Suprema
de Justicia, donde interpusieron un
recurso de amparo en contra de la
penalización del aborto terapéutico,
que fue abolido del Código Penal en
septiembre del año pasado.
La Corte aún no ha emitido un fallo
y los diputados de la Asamblea
Nacional han postergado una y otra
vez debatir el tema en el Código
Penal, dejando en la actualidad
pendiente dicho debate hasta el
próximo mes de agosto.

La doctora Ana María Pizarro, directora
de Sí Mujer y miembro del
MAM, en declaraciones a DIAGONAL
criticó la actitud de los gobiernos
que intentan imponer un Estado
clerical antepuesto a la laicidad establecida
en la Constitución Política,
y sostuvo que es “difícil” cuantificar
en cifras la situación de muertes maternas
producto de la penalización
del aborto terapéutico, debido a que
el Ministerio de Salud maneja las cifras
con secretismo. En este sentido, numerosas organizaciones sociales
se manifiestan muy críticamente
con el Gobierno de Ortega por nombrar
al cardenal Miguel Obando y
Bravo (ex líder espiritual de la ‘contra’)
como coordinador del Consejo
de Reconciliación, cuando el Estado
se define como laico.

Según expresaron a DIAGONAL
diversas líderes feministas, “Ortega
está creando una confusión Estado-
Partido-Familia, al haber desechado
la Casa Presidencial para despachar
y hacerlo desde su residencia, donde
funciona la Secretaría del FSLN”.
Casa por cierto cedida por el actual
vicepresidente de Nicaragua, Jaime
Morales, antiguo líder de la ‘contra’.

Desde muy diferentes sectores de
la izquierda social, se señala además
que “es peligrosa” la anunciada
intención del FSLN de promover
en el legislativo la “reelección presidencial
consecutiva” con intenciones
de que Ortega se “perpetúe en
el poder”, algo que la actual
Constitución nicaragüense prohíbe,
así como que Ortega hubiese invitado
a su toma de posesión al ex presidente
Arnoldo Alemán, condenado
a 20 años de cárcel por fraude al
Estado y lavado de dinero; y por haberle
concedido a través del sistema
penitenciario libertad para moverse
por todo el país.

Integración latinoamericana

Por otra parte, la adhesión de Nicaragua
a la Alternativa Bolivariana
para las Américas (ALBA), el proyecto
integracionista que impulsan Venezuela,
Cuba y Bolivia, fue otra de
las decisiones tomadas por Ortega
de manera casi inmediata.
Los beneficios económicos y sociales
que acarrea el ALBA para
Nicaragua son evidentes, e incluso
la propia oposición conservadora se
vio obligada a darle el visto bueno
en la Asamblea Nacional, donde el
gobernante FSLN tiene apenas 38
de los 92 escaños, pero donde los
acuerdos del ALBA fueron ratificados
unilateralmente con tan sólo un
voto en contra y diez abstenciones.

De hecho, uno de los grandes temores
de la derecha -tanto la pactista
con el FSLN como la opositora-,
es que la influencia cada vez
mayor de Hugo Chávez sobre el Gobierno
de Ortega haga que el país
pueda dar un giro a la izquierda,
que no estaba previsto en un principio
en el programa sandinista.
Los movimientos sociales se declaran
conscientes de que cien días
es un período demasiado corto para
evaluar a cualquier gobierno, y están
por ver los resultados de nuevas
políticas sociales anunciadas por el
Gobierno sandinista. A medio y largo
plazo, se anuncian otras medidas
de fuerte impacto social como
el programa de Hambre Cero, que
pretende beneficiar a 75.000 familias
campesinas en cinco años, o la
aspiración de declarar a Nicaragua
libre de analfabetismo en 2009.

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