En los últimos meses hay un gran
movimiento en Santiago El Pinar.
Excavadoras que arañan el suelo, camiones
que van y vienen, largas hileras
de obreros que apilan ladrillos a
las orillas de una calle en obras, con
la boca cubierta por paliacates [pañuelos]
para aislarse del polvo que
levantan los coches y de los vehículos
del ejército, que entran y salen
continuamente del campamento militar
de este pueblo.

Parece extraño tanto movimiento
alrededor de una pequeña comunidad
indígena de los Altos de Chiapas,
a una hora de San Cristóbal de Las
Casas. Un grupo de casas estrechas
alrededor de una iglesia y una espléndida
vista sobre las verdes montañas
chiapanecas, a unos 3.000 metros
sobre el nivel del mar. Allí se
construye una de las llamadas Ciudades
Rurales Sustentables.
Ya existe una Ciudad Rural en
Chiapas. Está en el norte del Estado
y se llama Nuevo Juan de Grijalva.
La ‘vieja’ Juan de Grijalva se vio afectada
en 2007 por fuertes lluvias que
obligaron a los habitantes de la zona
a ser “reubicados” en estos nuevos
núcleos urbanos.

Pero Juan Sabines, gobernador
del Estado de Chiapas, anunció la
construcción de estos nuevos núcleos
mucho antes de que las aguas
arrastrasen las casas de muchos indígenas
chiapanecos. Las Ciudades
Rurales forman parte de un plan que
el gobernador anunció para acabar
con la pobreza y que el presidente de
México, Felipe Calderón apoya porque
dice que estas ciudades permitirán
vivir mejor a los habitantes de la
zona. “En México hay una enorme
dispersión de la población. Si el Gobierno
tiene que llevar un cable de
luz o un tubo de agua es más fácil llevarlos
para mil personas que a diez
familias”, argumentó Calderón en
una visita a la zona.

Sin embargo, ésta no es una iniciativa
del gobernador de Chiapas.
La primera Ciudad Rural del Estado
méxicano obedece a un plan político
y económico diseñado por el Banco
Interamericano de Desarrollo y, en
especial, por el Banco Mundial, plan
que se enmarca en un proyecto recogido
en un informe publicado hace
dos años denominado Nueva geografía
económica. En 2008 los presidentes
de México, Colombia y otros
países de Centroamérica firmaron el
acuerdo comercial Plan Mesoamérica,
nueva versión del Plan Puebla
Panamá, cuyo fin es crear corredores
comerciales e infraestructuras
que conecten el sur de México con
Colombia. De esta forma las transnacionales
tendrán vía libre para acceder
a los recursos naturales de la
región y trasladarlos a EE UU.

Las Ciudades Rurales representan
un paso más para llevar a cabo el
proyecto de expolio ideado por las
transnacionales, muchas de ellas ya
instaladas en Chiapas. Las comunidades
que se encuentran en esta zona
representan un obstáculo para las
grandes empresas mineras. Ahora,
las tierras abandonadas de las comunidades
que se irán a vivir en los
nuevos centros estarán por fin disponibles
para las multinacionales
mineras. Chiapas es rico en recursos
naturales, y su naturaleza virgen
proporciona también grandes potenciales
turísticos. Para preparar el camino,
durante los últimos años se
han abierto muchas carreteras de acceso
a las comunidades indígenas
que viven en la selva.

La construcción de las Ciudades
Rurales Sustentables se ha convertido
asimismo en un negocio: muchas
empresas mexicanas y extranjeras
participan a través de sus fundaciones
en el proyecto con fines
lucrativos.

Pero el programa Ciudades Rurales
va más allá, es parte del Plan de
Desarrollo Chiapas Solidario, que,
tras la fachada asistencialista, esconde
la estrategia de contrainsurgencia
del Gobierno del Estado contra el
Ejército Zapatista de Liberación Nacional
(EZLN). La guerra de baja intensidad
en Chiapas no se combate
sólo entrenando a los paramilitares,
sino también a través de programas
de ayuda a las familias. Así se provoca
la división de las comunidades,
creando tensiones entre quien aceptan
las ayudas del Gobierno y quien,
como los zapatistas, no lo hacen.
El Programa Ciudades Rurales
Sustentables permite controlar a las
comunidades, el expolio de sus tierras
y sobre todo, cambiar sus costumbres.
Se destruye el modo de vida
campesino-indígena y se desintegra
la vida comunitaria.

Las inundaciones de 2007 fueron
el pretexto que permitió al Gobierno
chiapaneco recolocar a la población
dentro de la primera Ciudad
Rural de Nuevo Juan Grijalva. No
habría sido fácil convencer a centenares
de personas de dejar sus casas
para ser reubicados en un lugar
aséptico e impersonal, donde la
única posibilidad será la de convertirse
en mano de obra barata para
las minas, los centros turísticos, las
maquiladoras o los grandes cultivos
que surgirán en las tierras
abandonadas por ellos.

No está claro cuál será ahora el argumento
que el Gobierno de Sabines
inventará para convencer a los habitantes
de las cuatro comunidades
cercanas a Santiago El Pinar para
que dejen sus casas. Ni siquiera se
sabe por qué ha sido elegida justo esta
zona para la construcción de la segunda
Ciudad Rural de Chiapas.