LOS INGRESOS MUNICIPALES POR LA VENTA DE SUELO PÚBLICO SON INFERIORES A LOS GASTOS EN INFRAESTRUCTURA QUE GENE
Los ciudadanos pagan la cuenta municipal

El pinchazo de la
burbuja inmobiliaria ha
dejado en evidencia el
modelo económico
basado en el ladrillo.
Muchos ayuntamientos
deciden cargar sobre los
vecinos el importe millonario
de sus deudas.

16/10/08 · 1:51
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SALAMANCA. Una ola de movilizaciones recorrió a finales de 2007 la ciudad castellana para protestar por la subida de impuestos.

Carteles de “Se Vende”, persianas
cerradas, flamantes carreteras que
llevan a inmensas urbanizaciones en
medio de la nada, folletos que muestran
jardines que nunca se construirán.
Eso es lo que hoy representa la
explosión de la famosa burbuja.
Saltan a la vista casos como los del
litoral levantino o el complejo residencial
de Seseña, pero por doquier
crece la idea de que la crisis afecta
sobremanera a las localidades que
se volcaron en la llamada especulación
legal. La crisis acarrea un recargo
para pagar barrios residenciales
sin interés urbanístico: sube el Impuesto
de Bienes Inmuebles (IBI),
sube el bonobús (en varias ciudades
más de un 10%) y se implantan tasas
de basuras para recaudar. El informe
de Transparencia Internacional
publicado en junio y redactado por
Manuel Villoria alerta de que “empieza
a existir un cierto clima de escándalo
en relación a la corrupción
en el nivel local de gobierno, en especial
con la vinculada al ámbito urbanístico”.
Pero, a pesar de ese clima,
el 71% de los alcaldes acusados
de corrupción fueron reelegidos en
las elecciones municipales de 2007.

En su estudio Boom urbanístico y
corrupción política en España Fernando
Jiménez, profesor de Ciencia
Política en la Universidad de Murcia,
indica que gran parte de los municipios
(especialmente los de menos de
50.000 habitantes) encontraron su
maná en el Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana, también conocido
como Impuesto de las Plusvalías.
La planificación de ayuntamientos y
comunidades ha estado orientada,
salvo contadas excepciones, por el
interés en maximizar los ingresos derivados
de los planeamientos urbanísticos.

Según explica para DIAGONAL
el ex presidente del Banco
Hipotecario, Julio Rodríguez López,
los planes de ordenación “se han modificado
sin demasiados problemas y
las Comunidades Autónomas se han
movido con criterios de legalidad en
lugar de atender a objetivos funcionales”.
Guillermo Chicote, presidente
de la Asociación de Promotores y
Constructores, proclama que la construcción
ha sido “un chollo de narices”
para las comunidades.

Hambre para hoy

En 2007, la Comisión de Peticiones
del Parlamento Europeo denunciaba
que los vecinos de los ayuntamientos
costeros no reciben compensación
por la venta del suelo:
“Ésta la recibirán los promotores.
Las repercusiones en el medio ambiente,
en la disponibilidad de agua
y en el suministro de energía, y los
trastornos a largo plazo que acarreará
el propio proyecto urbanístico
no son, a menudo, sino consideraciones
secundarias para quienes
pretenden llevarse los beneficios y
jamás tendrán que vivir en las urbanizaciones
creadas, tengan éstas o
no el campo de golf que constituye
el no va más de los atractivos de
márketing”. Transparencia Internacional
aporta un dato significativo:
si se enfrentan los ingresos y los
gastos municipales ligados al sector
inmobiliario se deduce que el sector
aporta un 32% de ingresos mientras
que el gasto, principalmente en servicios,
dotaciones e infraestructuras,
asciende al 36%.

Para Jiménez, “se ha ido muy lejos
en el entendimiento de la autonomía
municipal”. La ley del suelo
de 2007 supone un intento de corregir
el marco de “derecho a la especulación”
propuesto de facto por
la ley de 1998. Julio Rodríguez opina
que no ha sido positivo que el
Estado se haya mantenido tanto
tiempo al margen: “Ha faltado una
SALAMANCA. Una ola de movilizaciones recorrió a finales de 2007 la ciudad castellana para protestar por la subida de impuestos.
visión más global de las actuaciones
a adoptar, dominando el más
estrecho ‘cortoplacismo’ en la toma
de decisiones”.

Dos millones de casas vacías
La oferta creció a un ritmo medio
anual de casi 700.000 viviendas nuevas
desde 2001. “Las consecuencias
de dicha política son una sobreoferta
de vivienda, y una expulsión de
actividades productivas ya implantadas”,
explica Rodríguez. El suelo residencial
se consiguió recalificando
terrenos destinados inicialmente a la
agricultura o la industria. La reclasificación
de suelo rústico en suelo urbano
comportó plusvalías de hasta
un 900% para los propietarios.
El acceso a la vivienda no se ha facilitado
con el incremento de la oferta;
al contrario, el precio ha subido
más allá de lo “socialmente soportable”.

Un informe del Consejo de la
Juventud señala que hoy día una
persona gasta el 83,8% de su sueldo
en la compra de una casa y un 60%
si opta por alquilarla. Todo pese a
que la banca estima que hay entre
1,5 y 2 millones de pisos en manos
de promotores e ‘inversores’.
La Federación Española de Municipios
y Provincias planea construir
225.000 viviendas para sacarlas a
concurso en régimen de protección
oficial. Por otra parte, el consejero
de Vivienda de la Generalitat, Francesc
Baltasar, ha abierto la posibilidad
de que el Gobierno catalán compre
pisos en el mercado libre y los
venda o alquile como viviendas de
protección oficial (VPO).

Rodríguez cree que hay que evitar
que se reproduzca una política monetaria
permisiva con las subidas de
suelo y vivienda: “La economía española
requiere una dosis alta de diversificación,
aspecto éste que no sé
si lo van a permitir o no unos ayuntamientos
tan orientados hacia el ladrillo
como un cuasi monocultivo”.

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SALAMANCA. Una ola de movilizaciones recorrió a finales de 2007 la ciudad castellana para protestar por la subida de impuestos.
SALAMANCA. Una ola de movilizaciones recorrió a finales de 2007 la ciudad castellana para protestar por la subida de impuestos.
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