La población civil en la selva sufre la guerra entre la guerrilla, el Ejército y los paramilitares. Foto cedida por comunidad de paz.

Urabá es una región del noroeste colombiano, cuya riqueza y privilegiada situación geográfica han sido, paradójicamente, su desgracia. Sus recursos naturales, unidos a que es paso obligado para el contrabando de armas y narcóticos con Centroamérica, han provocado la disputa de los grupos armados por su control.

A esto se añade el interés del
Estado colombiano y grupos empresariales
por despejar la zona para
llevar a cabo varios megaproyectos:
un canal interoceánico que compita
con el de Panamá y la prolongación
de la carretera panamericana. Hasta
la segunda mitad de los ‘90 la violencia
política provocó unas 2.000
muertes al año. A partir de 1997, el
ejército, comandado por el general
Rito Alejo del Río, coordinado con
los paramilitares, inició la pacificación
a sangre y fuego. Las principales
víctimas fueron –y son– la población
civil. Los campesinos se vieron
envueltos en el fuego cruzado entre
ejército, paramilitares y guerrilla, al
tiempo que sufrían las presiones de
estos mismos grupos para que se
pusieran de su lado.

Hartos de padecer todo tipo de
agresiones, en marzo de 1997, los
campesinos de San José de Apartadó
se constituyeron en comunidad
de paz, un mecanismo de resistencia
civil –posteriormente adoptado
por otras comunidades– que implica
no admitir en su territorio a ningún
grupo armado y el compromiso
de sus 1.220 habitantes de no colaborar
con ninguno de ellos. La guerrilla
empezó a dejar de hostigarles,
pero militares y paramilitares consideraron
su neutralidad como complicidad
con la insurgencia. En estos
13 años la comunidad ha seguido
resistiendo, pero ha sufrido 197
asesinatos (20 atribuidos a la guerrilla).
El último crimen se produjo
el pasado 9 de febrero: dos paramilitares
mataron a Fabio Manco.

Terrorismo de Estado

En febrero de 2005 fueron asesinados,
a garrotazos y machetazos, ocho
habitantes de San José. La brutalidad
de esta matanza provocó una
fuerte reacción internacional, que ha
llevado a procesar a diez militares y
varios paramilitares. Pero en ningún
caso se ha juzgado a los autores intelectuales,
algo que propicia que se
mantenga esta estrategia de muerte.

Un mes antes de la masacre, Luis
Eduardo Guerra, líder y fundador de
la comunidad, explicó a una comisión
organizada por la Coordinación
Valenciana de Solidaridad con Colombia
los riesgos que corrían: “Hasta
el día de hoy estamos resistiendo.
No sabemos hasta cuándo porque lo
que hemos vivido durante toda la historia
es que hoy estamos hablando,
mañana podemos estar muertos”. El
21 de febrero de ese año el cuerpo de
Guerra y otros siete más aparecieron
descuartizados. Numerosos pobladores
acusaron a los soldados de la
Brigada XVII y a los paramilitares.
El desmentido del Gobierno colombiano
fue tan rápido como falso.

El presidente Álvaro Uribe afirmó:
“En esta comunidad hay gente
buena, pero algunos de sus líderes,
patrocinadores y defensores están
seriamente señalados por personas
que han residido allí, de auxiliar
a las FARC y de querer utilizar
a la comunidad para proteger a esta
organización terrorista”. Poco
después se adoptó como versión
oficial la declaración de un presunto
desertor de las FARC, que manifestó
que la matanza fue una venganza
de la guerrilla porque dos de
los asesinados querían abandonar
sus filas. Sin embargo, cinco años
después, varios oficiales y paramilitares
confesaron que la masacre
se cometió en el transcurso de
una operación conjunta, supervisada
por el general Mario Montoya,
ex comandante del ejército
destituido en 2008 al descubrirse
los primeros casos de civiles asesinados
por soldados para hacerlos
pasar por guerrilleros. Ahora,
Montoya es embajador de Colombia
en la República Dominicana.

Aquel 21 de febrero, un grupo de
paramilitares asesinó a Guerra, a su
compañera –Bellanira Areiza, de 17
años– y a su hijo Deiner Andrés
Guerra, de 11. Al mismo tiempo, otro
escuadrón integrado por paramilitares
y militares mató a Alfonso Bolívar
Tuberquia, Sandra Milena Muñoz
y Alejandro Pérez. Un capitán
ordenó degollar a Natalia Andrea
Tuberquia, de seis años, y Santiago
Tuberquia, de dos.

Un paramilitar declaró que el oficial
no tuvo misericordia, pese a que
éste le propuso hacerse cargo de los
niños. El capitán dijo que “no lo podía
aceptar porque la niña estaba
grandecita y se daba cuenta de lo que
estaba pasando”, recuerda el paramilitar.

Actualmente, la comunidad
vive en San Josesito, el nuevo pueblo
que construyeron después de que la
Policía llegara a San José. Quieren
seguir reivindicando su neutralidad
en medio de la guerra sin renunciar
a denunciar el terrorismo de Estado
y a buscar una salida pacífica y negociada
al conflicto.

La última lista de personas para ser ejecutadas

El 16 de noviembre de
2009, el conocido paramilitar
Wilfer Higuita detuvo a
un campesino y le mostró
una lista de personas de
San José que iban a ejecutar,
entre los que figuraban
varios líderes de la comunidad
de paz. A pesar de
que la comunidad lo
denunció públicamente y
ante las autoridades
colombianas, el día 29 de
ese mismo mes asesinaron
a Luis Arnelio Zapata, el
primero de la lista. El pasado
9 de febrero mataron al
segundo: dos paramilitares
encapuchados ejecutaron
a Fabio Manco. Desde que
en 1997 se creó la comunidad,
197 de sus habitantes
han sido asesinados.

El
acoso también se extiende
a quienes apoyan a San
José. Jorge Molano, el abogado
que ejerce la acusación
por la masacre de
2005, tiene su móvil intervenido
y su oficina y domicilio
están siendo vigilados
por civiles en una clara
actitud intimidatoria.