“Tenemos constancia de que se llevan
años haciendo experimentos
con semillas transgénicas al aire libre
sin que los Concelhos, en el caso
de Galicia, los ayuntamientos o
las organizaciones sociales tengan
conocimiento de ello. Desde el Ministerio
y la Xunta nos han ocultado
información”. Así lo declaraba
para DIAGONAL Charo Sánchez,
agricultora y secretaria de medio
ambiente del Sindicato Labrego
Galego (SLG) tras descubrir informes
de campos de ensayo de maíz
al aire libre realizados en 2008 en
los concelhos de Arteixo o Santa
Uxía. “Algo que desde la Administración
nos habían negado. Ha sido
como un jarro de agua fría”.

La información sobre los cultivos
experimentales con organismos
genéticamente modificados
(OGM) sigue siendo oscura y confusa->.
Los campos de prueba al aire
libre son, normalmente, parcelas
arrendadas por las multinacionales
a agricultores y agricultoras para
probar nuevas variedades transgénicas
(maíz, patata, remolacha o
algodón, entre otras). Ensayos que
forman parte de los protocolos previos
exigidos por la Agencia Europea
de Seguridad Alimentaria para
autorizar el cultivo comercial de
nuevas variedades de OGM.

Un proceso por el que ya pasó el
maíz MON810, el único transgénico
que se cultiva comercialmente en el
Estado español de manera legal, a
pesar de haber levantado ampollas
en la sociedad civil por sus consecuencias
sociales o medioambientales.
De hecho, el pasado mes de octubre,
el Ministerio de Medio Ambiente
Rural y Marino (MARM) reconocía
por primera vez la existencia
de personas afectadas por
contaminación de sus cultivos con
maíz transgénico MON810. Un peligro
que se multiplica con los campos
experimentales de transgénicos, cuyo
cultivo comercial está prohibido
por su falta de garantías, ya que ni
siquiera han pasado por un trámite
previo que evalúe su seguridad.

La competencia en el Estado español
para autorizar estas pruebas a
campo abierto es del MARM. En las
solicitudes de las empresas se recogen
unos protocolos de seguridad
como la eliminación de la muestra.
“Tras finalizar la cosecha, las plantas
se destruirán por un medio adecuado,
generalmente por trituración
o enterramiento”, expone Monsanto
en uno de sus pliegos para plantar
maíz Nk603. La representante
del SLG, Charo Sánchez, es tajante:
“A eso no se le puede llamar
eliminación de residuos. Esa
contaminación queda en el suelo.
El Ministerio sabe que por todo
el territorio hay parcelas y parcelas
con organismos transgénicos
enterrados. Además, los principios
de precaución no garantizan
absolutamente nada. Sabemos por
estudios que 200 metros de distancia
con otros cultivos no es una barrera
real de seguridad. Estos protocolos
de ensayos y de residuos
son los que las propias empresas
proponen, no el Ministerio”.

A todas luces la seguridad parece
escasa. “Hemos visto lugares, como
Fraga, donde el principio de precaución
no se había llevado a cabo. Simplemente
habían pasado con una
máquina para arrancar los restos del
cultivo. Quedaban un montón de
mazorcas por el suelo”, apunta Rosa
Binimelis de la plataforma catalana
Transgènic Fora.

Para Andoni García, responsable
de Seguridad Alimentaria y Medio
Ambiente del sindicato agrario
COAG, no hay seguridad en cuanto
hay una experimentación a campo
abierto. “Con la investigación que se
ha hecho no está garantizado que no
existan consecuencias nocivas. Posiblemente
haya habido contaminación
de experimentales con otros
cultivos, pero como sólo se analiza
lo ecológico es difícil saberlo”.

Además de la inseguridad, el secretismo
acompaña este tipo de ensayos.
“Hemos comprobado que
cuando se hacen cultivos experimentales
no se avisa ni a la población ni
a los vecinos”, declara la representante
de Transgènic Fora.

Lo cierto es que la autoridad competente,
el MARM, no está obligada
a avisar a las localidades donde se
realiza la prueba. “La última palabra
siempre la tiene el Ministerio; las
Autonomías están supeditadas, aunque
también pueden tener un posicionamiento
claro y negarse”, resume
Charo Sánchez.

De hecho es imposible saber qué
campos se han concedido o no y qué
experimentos se están llevando a cabo,
ya que esa información debería
salir publicada en las actas de la
Comisión Nacional de Bioseguridad
(CNB), documentos que no ven la
luz desde 2008.

Según las últimas solicitudes publicadas
por el Ministerio, entre 2009 y 2011, hasta 100 localidades de todo el estado Español se habrán convertido temporalmente (de 6 a 12 meses) en laboratorios a campo abierto de la agroindustria.. Pioneer, Monsanto
o Bayer, entre otras, se reparten
autonomías para sus ensayos. “El
concelho de Lalín intentó localizar la
ubicación exacta de los campos en
su territorio”, revela Sánchez. “Llegó
hasta a contactar con Monsanto, que
era quien tenía solicitados los campos.
También lo intentó Chantada,
pero ambos fracasaron. Es muy pre-
ocupante que incluso a la propia
Administración local le nieguen datos.
Esta situación es una muestra de
la gran complicidad entre las multinacionales
y los gobiernos”, añade.

“Es muy complejo. Hay muchos
vacíos legales por los que formalmente
no se hace nada irregular pero
que generan situaciones complicadas”,
afirma Sira Rego, concejala
de Medio Ambiente de Rivas Vaciamadrid.
Esta localidad consiguió
paralizar una solicitud de experimentación
con maíz en su territorio.
“No nos comunicaron nada porque
en principio nos dijeron que no
tenían por qué hacerlo”. Para Sánchez,
la situación es vergonzosa.
“Es un tema social que está afectando
a toda la ciudadanía. Debe ser
debatido y explicado”, concluye.

¿SÓLO REGALOS?

Regalos, comidas o muestras gratuitas
de semillas son algunas de
las estrategias que la agroindustria
despliega para atraer a agricultores
y agricultoras. La revista
de la Unión de Pequeños Agricultores
y Ganaderos (UPA) relata
cómo en septiembre de 2009 una
delegación del sindicato recorría
Estados Unidos invitada por Monsanto.
El objetivo de este viaje,
según la UPA, fue “visitar varios
centros de investigación agraria,
así como explotaciones dedicadas
al cultivo del maíz, la soja y la
remolacha”. Durante una semana
esta delegación recorrió fincas de
experimentación de cultivos y se
reunió con distintos expertos de
Monsanto en materia de agua o
mejora genética. Como colofón y
siempre usando la expresión “agricultura
familiar”, visitaron dos
explotaciones de remolacha tolerante
a herbicidas. “UPA valora
muy positivamente este viaje”.

SECRETISMO Y RIESGOS DE LOS ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS (OGM)

La Comisión Nacional de Bioseguridad

La Comisión Nacional de Bioseguridad,
dependiente del Ministerio,
es la encargada de elaborar
los informes que dan el visto
bueno a los experimentos con
transgénicos. Está compuesta
por 46 miembros, de los cuales
tan sólo siete son representantes
científicos. Sus miembros
están cercanos a la agroindustria.

Algodón

La solicitud de Bayer para experimentar
con algodón tolerante
a herbicida roza la inseguridad:
“Debido a las medidas tomadas
en el ensayo y a que no existen
especies silvestres emparentadas
con el algodón en Europa,
consideramos que no puede
producirse transferencia de
genes a otras especies ni al
algodón convencional”.

Maíz

Las "buenas intenciones" acompañan
a Monsanto y su maíz
NK603 x MON810.
“Se ha demostrado que este
maíz es tan seguro y tan nutritivo
como cualquier otro. Se
espera que su producción
impacte positivamente en las
prácticas agronómicas actuales
y que beneficie a los agricultores
y al medio ambiente”.

Remolacha

La seguridad también está
presente en la solicitud de
KWS Semillas Ibérica. “El uso
de remolacha tolerante a glifosato
puede permitir una
producción de remolacha
más competitiva y sostenible,
con un control de malezas eficaz
y aprovechando las favorables
características de seguridad
de Roundup”.