ANÁLISIS | Las conversaciones de paz no contemplan debatir el modelo económico ni el político
El chantaje de Santos a las FARC

El autor analiza las negociaciones entre la guerrilla y el Gobierno colombiano, que llegan por petición de las grandes empresas de Colombia.

12/11/12 · 12:17
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Hace ya diez años, las conversaciones entre el Gobierno colombiano y la guerrilla se acabaron cuando el comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Manuel Marulanda, le hizo al presidente Andrés Pastrana la pregunta definitiva: “¿Ustedes qué están dispuestos a negociar?”. La respuesta fue el regreso de la guerra y del terrorismo de Estado. Aquellas fueron conversaciones sin negociación, solicitadas por el Gobierno para ganar tiempo mientras se aplicaba el Plan Colombia, financiado por EE UU, para robustecer a las Fuerzas Armadas. Las FARC habían golpeado tanto a los militares colombianos que un informe secreto del Pentágono les advirtió desde Washington que era posible la victoria de los insurgentes.

Después de una década de ofensiva total, con el doble de soldados profesionales y combinando la sofisticada guerra electrónica de la aviación (como nunca antes en América Latina) con el terrorismo de los escuadrones de la muerte narcoparamilitares, ahora la oligarquía considera que las FARC ya están derrotadas y dispuestas a aceptar una desmovilización con pocas condiciones. Álvaro Uribe fue utilizado por el auténtico poder político, económico y militar porque lo necesitaban para imponer la guerra sucia durante su presidencia de repetición (2002-2010), pero no forma parte de la almendra de los cacaos, que es como llaman en Colombia a los dueños del país. Uribe se opone furiosamente a la negociación con la guerrilla, actitud que beneficia a Santos para darle credibilidad a su política de prosperidad democrática en comparación con la guerra interminable del anterior presidente, al que se le ha evaporado su embrujo autoritario.

La oligarquía ha vuelto a colocar en la presidencia a uno de los suyos, Juan Manuel Santos, y pretende eliminar lo que denomina el anacronismo de la guerrilla para asegurar el escenario de sus negocios. Los cacaos están dispuestos a invertir para que las FARC se desmovilicen a cambio sólo de una mínima participación económica y parlamentaria.

Lo ha contado casi sin querer El Espectador, el diario que pertenece al Grupo Santo Domingo, uno de los cuatro ases del póquer económico colombiano. Con la intención de elogiar el supuesto patriotismo de sus dueños, una información editorial del periódico ha revelado que los grandes empresarios están dispuestos a financiar tierras y proyectos productivos para los guerrilleros desmovilizados. Pocas tierras y pequeños proyectos. Lejos, además, de las zonas estratégicas del país donde se desarrollan y se ampliarán los grandes negocios de la oligarquía en alianza con la inversión internacional: petróleo, carbón y otros minerales, biocombustibles, electricidad, infraestructuras, banca y telecomunicaciones. Según el relato de El Espectador, Santos consultó con los cacaos antes de iniciar las conversaciones secretas con las FARC y parece que la presidencia y la mayoría de los empresarios coincidieron en que la victoria es la paz.

La élite colombiana tienen la garantía de Santos de que en las negociaciones no se tocarán ni la democratización del modelo bipartidista ni la política económica neoliberal que mantiene a Colombia como el país con mayores desigualdades de América Latina Lo que quiere decir que dan por bloqueada militar y políticamente a la insurgencia, que les parece que han vencido a las FARC y que están convencidos de que pueden obligar a la guerrilla a que se desmovilice a cambio sólo de una pequeña reforma agraria, una amnistía limitada y un puñado de representantes en el Parlamento. Al iniciarse en Oslo la negociación que continuará en La Habana, los portavoces de las FARC recordaron que reclaman una reforma constitucional para democratizar las injustas estructuras económicas y políticas que provocaron la formación de la guerrilla. Pero la respuesta del exvicepresidente Humberto de la Calle, que encabeza la delegación gubernamental, confirmó lo que también había contado El Espectador: los cacaos tienen la garantía de Santos de que en las negociaciones no se tocarán ni la democratización del modelo bipartidista ni la política económica neoliberal que mantiene a Colombia como el país con mayores desigualdades de América Latina.

Para que no haya confusiones, entre los representantes del Gobierno está incrustado Luis Carlos Villegas, presidente de la gran patronal. El portavoz de Santos dijo en rueda de prensa que la agenda pactada sólo incluye la política agraria y la desmovilización de los insurgentes para su participación en el sistema político. “Si la guerrilla quiere ir más allá –advirtió Humberto de la Calle–, tendrá que ganar las elecciones”.

 

Depuración de las fuerzas armadas

 

El general Jorge Enrique Mora Rangel, que representa a las Fuerzas Armadas en la delegación gubernamental, está acusado de participar en la organización del asesinato, en 1999, de Jaime Garzón, el humorista más popular de Colombia, víctima de una conspiración de los paramilitares con los servicios secretos, que lo consideraban colaborador de la guerrilla. Según El Espectador, “si los militares quedan por fuera de las negociaciones, existe el riesgo de que intenten un golpe de Estado”. Para los militares colombianos, la guerra es un gran negocio. Tienen mucho poder y todo el presupuesto nacional a su disposición, más la contribución de EE UU y la corrupción del narcotráfico. El Gobierno de Santos no se atreve a reconocer que un auténtico proceso de negociación debería incluir la depuración y reestructuración de las Fuerzas Armadas.

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