EL BORRADOR PASA POR MANOS DE LOS SINDICATOS
CC OO y UGT avalan en un informe el recorte de derechos para inmigrantes

El Consejo Económico y Social se muestra ambiguo en
cuanto a derechos de sindicación. El texto propone endurecer
algunos aspectos del anteproyecto de reforma.
La reforma se justifica por el “contexto económico”

19/02/09 · 0:10
Edición impresa



Desapercibido, el dictamen del Consejo
Económico y Social (CES) sobre
el anteproyecto de reforma de la
Ley de Extranjería, dio el visto bueno,
el 11 de enero, a las medidas propuestas
por el Gobierno, y ahondó
en la concepción utilitarista de la migración,
según denuncian diversas
asociaciones por la defensa de los
derechos de inmigrantes y sin papeles.

El CES está compuesto por la
CEOE, la patronal de las pequeñas y
medianas empresas (Cepyme), sindicatos
agrarios y regionales, así como
las dos grandes centrales sindicales:
CC OO y UGT. En declaraciones
a este periódico, Mikel Mazkarian,
de SOS Racismo, señala que, a
pesar de la composición variada del
Consejo, ambos sindicatos tienen un
peso importante en el mismo, lo que
señala que las centrales “muestran
al menos un cierto acuerdo con el
Gobierno”. Para Mazkarian, “si bien
era previsible que las organizaciones
empresariales estuvieran de
acuerdo en los términos en los que
se plantea la reforma, sí preocupa
que los sindicatos mayoritarios hayan
apoyado el dictamen en los términos
en que ha salido”. Luis de los
Santos, de la sociedad andaluza de
juristas para la defensa de los derechos
humanos, Grupo 17 de marzo,
valora para DIAGONAL esta reforma,
a la que considera “hija de la
Directiva europea de Retorno”.

Para este abogado, el dictamen no
discute el monopolio de la violencia
por parte del Estado: “No sólo
contra los inmigrantes sino contra
los colectivos de apoyo a los mismos.
Tendremos que estar atentos
a cómo se interpreta el artículo 53.2
c) [que controla el llamado “empadronamiento
solidario”], ya que
puede suponer una vuelta de tuerca
a la criminalización de las redes
de apoyo al inmigrante”.

El porqué de la reforma

La abogada Amanda Romero recuerda
que, en los últimos años, los
sindicatos “no se están decantando
precisamente por cambios importantes
que redunden en beneficio de
los trabajadores inmigrantes”. No
obstante, considera que en este informe
se han señalado las dificultades
que encuentran los ‘sin papeles’
a la hora de ejercer el derecho de
asociación que reconoció el Tribunal
Constitucional. “Lo que no tiene mucho
sentido es plantear la libertad
sindical como derecho reconocido a
personas que no tienen papeles y
que luego se considere una infracción
grave el estar trabajando sin la
autorización preceptiva, porque con
eso se dificulta el ejercicio de ese derecho”,
señala Romero. Según Mazkarian,
el CES cuestiona este derecho
en lo que concierne a personas
en situación irregular. La redacción
del dictamen, que reconoce las dificultades
“que en la práctica puede
entrañar el ejercicio de este derecho”,
abre un abanico de interpretaciones
que los actores que componen
el CES no se han mostrado dispuestos
a clarificar en el texto que
han hecho público.

En otros puntos, sin embargo, el
Consejo no ha empleado la misma
cautela. Así, ha tomado los criterios
más duros de la Directiva europea
de Retorno a la hora de recomendar
al Gobierno que amplíe hasta diez
años el plazo de entrada en territorio
español a los expulsados cuando supongan
no sólo un riesgo de orden
público o de seguridad nacional, sino
también “una amenaza para la salud
pública”.

En opinión de Mazkarian, el Gobierno
ha cogido “la interpretación
más extrema y dura de la Directiva”.
No considera justificado el beneplácito
de CC OO y UGT: “Haciendo
una lectura atenta del dictamen, se
llega a la conclusión de que han pasado
por la derecha al Gobierno. Le
han indicado los puntos en los que
tiene que ser más duro”.

Derechos progresivos

SOS Racismo denuncia que “a la división
entre personas que estuvieran
en situación irregular y quienes estén
regularizados, se añade un nuevo
estatus, el de residente de larga
duración, donde se concentran los
mínimos de seguridad que son exigibles”,
explica Mazkarian, que añade
que el CES no ha hecho objeciones a
este tipo de ciudadanía de segunda
categoría. Luis de los Santos considera
que este Consejo pide en su
dictamen que la residencia de larga
duración dependa de las situaciones
fluctuantes del empleo: “Esta
recomendación va más lejos que la
ley y está de acuerdo con los postulados
que defienden CC OO, UGT y
CEOE, en el sentido de vincular al
extranjero al puesto de trabajo”.

El anteproyecto contempla que sólo
podrán optar a viviendas de protección
oficial los residentes de larga
duración, algo que en la práctica ya
se ha establecido como requisito en
los sorteos realizados por numerosos
Gobiernos locales. Las personas
extranjeras que no alcancen el permiso
de larga duración, según Mazkarian,
“van a ver cada vez más limitados
sus derechos y sus garantías
desde el punto de vista jurídico, de
acceso a los derechos sociales, etc.”.
Este miembro de SOS Racismo
considera que el anteproyecto introduce
“con calzador” el debate
sobre la bidireccionalidad de las
migraciones y apuesta, en la práctica,
por un modelo en el que es responsabilidad
del extranjero adecuarse
a las características del país.

Para Mazkarian, “se parte de la
idea de una inmigración ordenada,
cosa que en ningún país del mundo
existe o ha existido”. En este sentido,
el CES no hace sino constatar
el empeño de los Gobiernos europeos
de cerrar puertas y acumular
“grandes masas de sin papeles”.
Según las fuentes consultadas, el
dictamen aprobado por los sindicatos
justifica la aprobación de la reforma
por el “nuevo contexto”
laboral, lo que, a juicio de Mazkarian,
constituye un error, ya que los
plazos en que se mide una crisis
económica no son tan dilatados como
los que han de usarse para ponderar
el fenómeno migratorio.

El silencio con el que se ha aprobado
el dictamen contrasta con las
reacciones que los sindicatos hicieron
públicas con motivo de la aprobación
de la Directiva de Retorno.
En aquella ocasión, Comisiones
emitió un comunicado en el que
rechazaba dicha directiva porque
“criminaliza la inmigración y supone
un grave retroceso democrático”.


Un silencio estrepitoso

Cualquier voto negativo habría
quedado registrado en el texto
aprobado por el Consejo. No ha
sido así. Tampoco en el punto de
ampliación a 60 días de los plazos
de estancia en los Centros de Internamientos
para Extranjeros, punto
en el que se produjo el llamado
“silencio positivo”. El consenso ha
alcanzado todo el articulado sancionador,
que regula temas como
el empadronamiento o el cambio
de actividad. Otro aspecto que no
ha provocado objeciones ha sido
el espectacular aumento de las
sanciones económicas.


¡DESPENALIZACIÓN DEL TOP MANTA YA!

Más de mil personas marcharon
el pasado 12 de febrero
por Madrid para reivindicar
que la venta de CD y DVD piratas
deje de considerarse como
delito en la reforma prevista
del Código Penal. En la actualidad,
el artículo 270 prevé de
seis meses a dos años de prisión
para quien reproduzca,
plagie o distribuya obras “de
autoría registrada”. Como
señalan los convocantes, hay
63 personas cumpliendo
penas de prisión por vender en
la calle, otros cientos tienen
causas pendientes y sufren el
acoso de los cuerpos de seguridad
del Estado. Asociaciones
y migrantes reclaman, entre
otras cosas, la excarcelación
de quienes se encuentren
cumpliendo penas por este
delito, el sobreseimiento de
las causas y el derecho a una
vida digna y en igualdad a
todas las personas independientemente
de su origen. Tres
días después el Sindicato Unificado
de Policía (SUP) denunciaba
presiones de los mandos
para que cumplan un
cupo semanal de detención de
sin papeles en Madrid. Según
el SUP, se premia con días
libres a quienes cumplan los
objetivos y se “recomienda” la
detención de marroquíes ya
que los trámites de expulsión
de estos son menos costosos.

+A Agrandar texto
+A Disminuir texto
Licencia

comentarios

0

separador

Tienda El Salto