Los vecinos de la comarca de Tierra de Campos en Palencia ven peligrar su entorno. El pasado 14 de febrer  la Junta de Castilla y León dio el visto bueno al estudio de impacto ambiental del macrovertedero que se situará en el municipio palentino de Ampudia y que también albergará una incineradora.

La Junta de
Castilla y León aprobó en 2010 por
ley el vertedero como un Proyecto
Regional de interés, lo que permite
que éste salga adelante sin que las
sentencias judiciales de posibles recursos
puedan pararlo. Esta artimaña
legal blinda el proyecto, como ya
pasó con los macrovertederos de
Santovenia, Valladolid y Freno del
Río en Zamora que gestiona la constructora
ACS.

El macrovertedero de Tierra de
Campos ha sido adjudicado a la empresa
Complejo Medioambiental
Tierra de Campos S.L., creada ex
profeso por Befesa, filial de la
constructora Abengoa y una de las
principales empresas de gestión de
residuos tanto en el Estado español
como en la UE, lo que hace que
la zona se convierta en el destino de
residuos de todo el país, pese a la ausencia
de industrias importantes en
el entorno.

El proyecto, denominado Centro
de Tratamiento Integral de Residuos
Industriales no Peligrosos, consta
de una superficie de 18 hectáreas y
una capacidad de tres millones de
toneladas, y contará con una planta
de estabilización, tratamiento de lodos
y evaporación de lixiviados, así
como un horno incinerador de residuos
industriales en masa, bautizado
como Planta de Valoración Energética,
algo que Ecologistas en
Acción de Palencia ha calificado como
una “completa novedad” en
Castilla y León, “no contemplada en
el Plan de Residuos Industriales de
la comunidad”.

Se prevé que acoja
190.000 toneladas de residuos anuales,
de los que solamente el 10% podrán
ser reciclados, 76.000 de ellos
en la citada incineradora. Ecologistas
en Acción denuncia que “la mayor
parte de los residuos que se
pretenden quemar serán lodos industriales,
que previamente habrá
que desecar, lo que invalida la justificación
de que quemándolos se pretende
producir energía”.

Además,
esta organización apunta que también
“se quemarán rechazos de papel
y plástico de todo tipo, incluyendo
plásticos clorados como PVC, lo
que garantiza la emisión de importantes
cantidades de sustancias tóxicas
orgánicas como dioxinas y furanos,
conocidos alteradores hormonales
de carácter cancerígeno,
además de hasta 2,3 toneladas al
año de metales pesados cuyo alcance
el propio proyecto se fija en 25
km”, lo que supone afectar a localidades
importantes, incluida la capital
palentina.

Para luchar contra este
macrovertedero se ha constituido
la Plataforma Meseta Limpia, integrada
por varios ayuntamientos de
la comarca, organizaciones ecologistas,
sindicatos agrarios y ganaderos,
cooperativas agroalimentarias y
empresas turísticas de la zona.

MÁS DE 600 ALEGACIONES

La Plataforma contra el vertedero
de Tierra de Campos ha presentado
600 alegaciones, entre las que destacan
que no existe un estudio sobre
el volumen y características de los
residuos que se generan y el tratamiento
que precisan, lo que vulnera
la Ley de Residuos y la Directiva
2006/12/CE, que obliga a establecer
una jerarquía que prioriza la prevención
de residuos, y, si no fuera posible,
su preparación para la reutilización,
reciclado y en última instancia
otro tipo de valorización y eliminación.

También afirman que con la
incineración se crea un problema
mayor que el que se pretende resolver
incluso si se hace caso a la calificación
dada por la Junta de residuos
“no peligrosos” que la empresa aplica
a éstos, ya que las dioxinas sí están
consideradas como residuo extremadamente
tóxico.

Las alegaciones al proyecto ponen
de manifiesto que en las inmediaciones
se encuentra la Nava de
Pedraza, una de las zonas húmedas
más importantes del Estado español,
una Zona de Especial Protección
para las Aves (ZEPA) incluida
en el Espacio Natural de La Nava
Campos de Palencia. Según las organizaciones
en contra del proyecto,
éste también supondrá empobrecer
la comarca “ya que perjudica al
turismo rural y natural y el establecimiento
de industrias limpias o de
carácter agroalimentario, inutilizando
los grandes esfuerzos a favor de
un desarrollo sostenible realizados
en los últimos años”.

El sindicato
agrario COAG señala que una planta
de este tipo no puede situarse en
una zona agrícola sino junto a las
empresas que producen los residuos.

Además, los alcaldes de la zona
han tachado de demagogo al representante
de la empresa promotora,
Alfredo Velasco, y le acusan de
ocultar del proyecto de adjudicación
y de no cumplir las condiciones para
licitar el proyecto.

Las organizaciones
ecologistas criticaron que el
periodo de alegaciones fuese sólo
de 10 días y en fechas festivas (en
Navidad de 2010). Tras la declaración
favorable del estudio de impacto
ambiental, la Plataforma contra el
macrovertedero anuncia que continuará
con las movilizaciones.