El expresidente del Gobierno dio la autorización de algunos de los pagos en metálico a altos cargos del partido, según la declaración de uno de los testigos.

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“El cerco sobre Aznar se está estrechando”, afirma uno de los abogados que trabaja en la querella popular por los papeles de Bárcenas presentada por la Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción, Izquierda Unida, Los Verdes y la asociación Justicia y Sociedad. El expresidente del Gobierno ha sido relacionado con la trama Gürtel pocos días después de que esta acusación popular pidiera que declarase ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en relación con los pagos a altos mandatarios del Partido Popular apuntados en la contabilidad B de mano del extesorero del partido, Luis Bárcenas.
A finales de mayo, Ignacio del Burgo, diputado del Partido Popular entre 1989 y 2008, admitía ante el juez Ruz la entrega de hasta 600.000 euros en sobres al entonces consejero de Salud de Navarra, Calixto Ayesa, como compensación por el cierre de su clínica al asumir el cargo. El pago, que consta en los papeles de Bárcenas, habría sido, según testificó Del Burgo, autorizado por José María Aznar como una operación “reservada” que debía hacerse “con discreción”, según explican los extractos de la declaración hechos públicos por la Cadena Ser.
La declaración de Aznar como testigo en la causa de Bárcenas fue pedida también, algunos días antes, por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), también personada como acusación en la causa, pero fue rechazada por la Fiscalía, que argumentó que no era “útil o relevante para el esclarecimiento de los hechos”.
“Nosotros mantenemos la expectativa”, afirma Paco Segura, de Ecologistas en Acción. Según explica unos de los letrados que trabajan en la acusación popular, en el escrito presentado el pasado jueves 20 de junio piden, además de la declaración como testigo del expresidente del Gobierno, la de la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, sus antecesores en el cargo Javier Arenas y Francisco Álvarez Cascos, una relación por parte del partido de las personas y empresas que realizaron donaciones al partido entre 1992 y 2008 y que testifique otro de los responsables de la caja del Partido Popular, Antonio Ortiz. “El escrito tiene cuatro o cinco folios en los que se desgranan una a una las razones por las que hay que realizar este tipo de pruebas. Otra cosa es que el juez y la Fiscalía tengan miedo de llamar a declarar a Aznar”, comenta el abogado, que resalta que la Fiscalía está poniendo “más empeño en defender a estos cargos políticos que en dilucidar los hechos”.
Declaraciones “innecesarias”
En marzo, la Sección Segunda de la Audiencia Nacional ya ordenó suspender la declaración de Luis Bárcenas ante el juez Javier Gómez Bermúdez a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que también la tachaba de “innecesaria”. La declaración de Bárcenas, que también estaba citado para declarar ante Ruz por el caso Gürtel ese mismo día, fue suspendida, según explican desde la acusación popular, sin que se les notificase, por lo que no pudieron impugnar la decisión. “Fue una resolución injusta a sabiendas, fue prevaricación”, afirma Antonio Segura, miembro de la Asociación Libre de Abogados. La acusación popular, menos Ecologistas en Acción, demandó ante el Tribunal Supremo a los tres magistrados de la Audiencia Nacional que decidieron suspender la declaración del extesorero popular, Ángel Hurtado, Enrique López y Julio de Diego López, por prevaricación. “Este tipo de movimientos no son casuales –afirma Paco Segura–. Existía el miedo de que el juez Bermúdez, que ya había ordenado declarar a Bárcenas, decretara su ingreso en prisión. Eso habría destapado la caja de los truenos, pues lo que está claro es que la gente del PP le tiene mucho miedo a Bárcenas porque tiene documentación que implica a medio partido, tienen miedo de que salgan esos papeles”. Las mismas razones llevaron, según Segura, a que el caso Bárcenas recayera finalmente en Ruz, magistrado que entró en la Audiencia Nacional como sustituto provisional de Garzón hasta que llegara el juez titular de la plaza en septiembre, pero que finalmente seguirá con la instrucción de los casos Gürtel y Bárcenas.
“Aunque para nosotros el juez debería haber tomado medidas mucho más duras contra algunos de los imputados, en especial contra Bárcenas, que debería estar en prisión, se están pidiendo pruebas, recibiendo informes de la Unidad de Delitos Fiscales de la Policía, que van probando la magnitud de la trama de corrupción que existía. El asunto va avanzando, aunque es posible que con otro juez hubiera sido más rápido”, concluye Segura.
A finales de mayo, el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional vio pasar por su sala a los ocho empresarios imputados por el caso de los papeles de Bárcenas. Entre ellos, José María Mayor Oreja, expresidente de FCC Construcción y hermano del exministro de Interior Jaime Mayor Oreja. El expresidente de FCC Construcción admitió pagos al PP, pero a través de dos filiales del grupo –Promociones Teida y BBR, que no tenían contratos con la Administración–, con el objetivo de esquivar así las restricciones de la Ley de Financiación de Partidos. Manuel Contreras Caro, presidente de la constructora andaluza Azvi, negó los pagos aunque sí admitió el patrocinio de varios actos del PP. Por su parte, Luis del Rivero, expresidente de Sacyr, negó haber hecho donaciones a ese partido y afirmó que un periodista de El País prometió borrar su nombre de los papeles de Bárcenas a cambio de información.
El PP contra los querellantes
El 3 de julio se celebrará un acto de conciliación entre el PP y los impulsores de la querella colectiva. El partido les acusa de injurias y calumnias por el contenido de la querella presentada por los papeles de Bárcenas. “Habrá que preguntar al PP si se va a querellar también contra el magistrado que admite la causa y contra la sección cuarta de la Audiencia Nacional”, dice Antonio Segura, quien explica que desde el PP parece que se han sentido ofendidos al creer que se ha tachado al partido de asociación ilegal: “Nosotros lo que decimos en la querella es que, dentro del partido, ciertas personas han formado una organización ilegal que se aprovecha de la estructura del partido. En todo caso, les estamos haciendo un favor para que limpien las partes que tengan contaminadas”.
GÜRTEL
Nueva documentación muestra cómo la empresa de Francisco Correa Pasadena Viajes facturó cientos de viajes a Moncloa sin concurso público durante el mandato de José María Aznar. La empresa también regalaba viajes a altos cargos del PP y a la familia Agag-Aznar.
INSTITUTO NÓOS
El último informe de Hacienda identifica a Diego Torres como el autor intelectual de la trama en torno al instituto Nóos, mientras que asigna al yerno del rey, Iñaki Urdangarin, el papel de imagen comercial y relaciones públicas hasta 2008.
COOPERACIÓN
El diputado valenciano Rafael Blasco ha sido expulsado del Partido Popular después de ser imputado, junto a otros doce altos cargos del Gobierno valenciano, en el caso Cooperación, que investiga el desvío de fondos públicos destinados a ayuda internacional.
CASO PALAU
El presidente catalán, Artur Mas, comparecerá en una Comisión de Asuntos Institucionales antes de que termine el período de sesiones sobre la supuesta implicación de su partido, CDC, en el caso Palau. La Fiscalía acusa al partido de cobrar 6,6 millones en comisiones ilícitas.
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