PANORAMA // ESTAS EMPRESAS ENCUENTRAN ACOMODO EN PARAÍSOS FISCALES EUROPEOS
Los casinos online ‘devoran’ el negocio del juego en el Estado

A finales de 2007 se
anunció la creación de
una ciudad del juego. No
obstante, con un incremento
de actividad anual
del 100%, las apuestas
online son el nuevo rey
Midas del sector.

26/12/08 · 0:00
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LUDOPATÍA. En el estado español un 2% de los adultos padece esta enfermedad.

A finales de 2007, un grupo de 12
inversores extranjeros anunciaba
a bombo y platillo la creación de
una macrociudad del juego y el
ocio, que se instalaría en el desierto
de los Monegros en la provincia
de Zaragoza. El proyecto
incluye una ciudad de 100.000 habitantes,
70 hoteles, 232 restaurantes
y, sobretodo, 32 casinos,
tan solo 12 menos de los existentes
en el resto del Estado (más información
en la página 19).

El proyecto de Gran Scala, que
obligaría a modificar la Ley del
Juego de Aragón –Comunidad en
la que tan solo está permitida la
existencia de un casino por provincia
– es fiel reflejo de una tendencia
al incremento sostenido de la actividad
de los casinos y la aparición
de casas de apuestas en todo el
Estado. En 2007, estas empresas
facturaron 637 millones de euros,
cifra que se incrementaría en un
5% en 2008. Números optimistas
en un contexto de recesión en el
universo del juego privado, donde
se ha producido un descenso del
0,4% en el conjunto del Estado.

Apuestas online

No obstante, el negocio de mayor
crecimiento en los últimos años es
el del juego online. A pesar de haber
experimentado un incremento
anual del 100%, son un auténtico
agujero negro para las arcas del
Estado. Se trata de empresas con
domicilio fiscal en Reino Unido,
Malta o Gibraltar capaces de mover
más de 200 millones de euros
al año, pero que no pagan impuestos
en el Estado español. “Es ilegal
porque no está regulado, es alegal
porque existe un vacío en la legislación,
y puede considerarse legal
porque son empresas con licencias
en países de la UE y, por
tanto, tienen derecho a la libre circulación
de capitales”, afirman
desde la Asociación Española de
Apostadores Deportivos por Internet
(AEDAPI). En este sentido, la
Agencia Tributaria abrió una
investigación en 2007, por un posible
delito de fraude fiscal que,
según las primeras estimaciones,
podría ser de 500 millones de euros
y, de seguir así, llegar a los
10.000 millones en 2010.

En el Estado español, son las
Comunidades Autónomas las que
regulan el negocio del juego privado.
Madrid y Euskadi han sido
las primeras en regular esta actividad,
con objeto de rescatarlas
de la actual alegalidad. En el caso
de Madrid, el Gobierno regional
exigirá una licencia de funcionamiento
y no permitirá anunciarse
en lugar público a quien no lo solicite.

No obstante, la propia
Consejería de Hacienda reconoce
que “al poder operar desde cualquier
país, es difícil controlar esta
actividad”. Según los competidores
directos del negocio online, en
realidad, estas casas no estarían
demasiado interesadas en obtener
una de estas licencias pues
“supondría que tendrían que pagar
impuestos, mientras que ahora,
al no tener que hacerlo, pueden
repartir hasta un 90% de lo
que ingresan, lo que las hace mucho
más atractivas al público”,
afirma Juan Antonio Gallardo, director
de coordinación de Loterías
y Apuestas del Estado (LAE).

Sin control

La incapacidad de las administraciones
para regular el juego online,
no solo ha fomentado el fraude
fiscal, sino que ha impedido establecer
mecanismos que controlen
de las personas que acceden a
estas páginas web. Esta situación
viene generando críticas entre colectivos
de rehabilitación de adictos
al juego, para quienes “el anonimato
y el estar disponible 24 horas
desata una pasión enfermiza
por el juego. No hay que desplazarse
y no cierran como los casinos.
Estás en tu casa en pijama,
tranquilamente, sin que nadie te
vea para jugar a tus anchas”, señala
José Vicente Marín, miembro
de Azajer, un centro de tratamiento
de la adicción al juego. En un
país donde un 2% de los adultos
padecen ludopatía, muy por encima
de la media comunitaria, algunos
de estos colectivos ya se han
movilizado. De esta manera, en
agosto de este año la Asociación
Centro Catalán de Adicciones Sociales
presentó una denuncia ante
la Fiscalía contra las web dedicadas
a las apuestas, alegando dos
razones fundamentales: no ofrecer
ninguna garantía a los jugadores
a la hora de realizar alguna reclamación
a través de los tribunales,
pues suelen operar en el extranjero
y en distintos paraísos fiscales,
y carecer de mecanismos
para prohibir el acceso a jugadores
en rehabilitación, como hacen
las salas de bingo o los casinos
convencionales. Sigue sin resolverse
el acceso de los menores de
18 años a estos sitios web.

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