El Gobierno asocia la vivienda social a las empresas mixtas con constructores
Casas vacías en la comunidad del ladrillo

Desde la PAH Alicante denuncian que la Generalitat está empezando a desahuciar a las familias que viven en las viviendas sociales del Instituto de Vivienda de Valencia.

, Redacción
05/03/13 · 21:42
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LADRILLO. La Comunitat está a la cabeza en construcción de segunda vivienda. / David Fernández

La Comunitat Valenciana fue el pasado año la región en la que se presentaron en los juzgados más procedimientos de desahucios, con 12.464 hasta septiembre de 2012, según el informe del Consejo General del Poder Judicial. “En Alicante llegan unos 20 o 30 casos nuevos de desahucios cada domingo; la mayoría son casos de multipropiedad o de gente con ingresos altos pero con unas hipotecas enormes. Casos de primera necesidad hay un 15% o 20%, en los que hay que tomar medidas inmediatas. Es una suerte que hayamos llegado a acuerdo, porque no se puede contar con apoyo para estos casos por parte de la Administración”, explica Jesús Bustos, de PAH Alicante.

La Comunitat Valenciana fue el pasado año la región en la que se presentaron en los juzgados más procedimientos de desahucios, con 12.464 hasta septiembre de 2012 Con un modelo de política de vivienda basado en la construcción a través de promotoras privadas de bloques destinados mayoritariamente a la venta con cierto grado de protección oficial, la Generalitat Valenciana, a través del Instituto de Vivienda de Valencia (IVVSA), tiene dedicadas al alquiler social unas 60 viviendas en Alicante, que se suman a otras 20 propiedad del Patronato Municipal de Vivienda, según afirma Bustos. En la ciudad de Valencia, con cerca de 800.000 habitantes, las cifras no son muy distintas: sólo hay 94 viviendas destinadas a alquiler social, de las que 11 están pendientes de rehabilitación; o en Castellón, donde, según explica Walter González, miembro de PAH Castellón, las viviendas de alquiler social son prácticamente inexistentes.

Al escaso número de viviendas se le añade el largo proceso para optar a este recurso, para el que, según explica Jesús Bustos, hay que pasar por Servicios Sociales. “Reciben a diez personas al día, puedes pasar dos años en lista de espera antes de que te reciban”. Éste fue el caso de Encarni y Francisco, un matrimonio de Elda que llevaba cinco años esperando a que se les adjudicara una vivienda de alquiler social hasta que hace tres meses, empujados por la enfermedad crónica que sufre uno de sus hijos, decidieron okupar una de las viviendas vacías que el IVVSA tiene en la localidad y ahora se enfrentan a un juicio por usurpación. “Esta vivienda llevaba más de un año vacía; ahora el IVVSA se excusa diciendo que la iban a reformar”, afirma Neus Pineda, de PAH Elda-Petrer, quien recalca que sólo en ese mismo bloque se cuentan seis viviendas vacías del Instituto de Vivienda valenciano.

En la ciudad de Valencia, con cerca de 800.000 habitantes, las cifras no son muy distintas: sólo hay 94 viviendas destinadas a alquiler social, de las que 11 están pendientes de rehabilitación Con un parque de alrededor de 16.000 viviendas, la consejera de Infraestructuras valenciana, Isabel Bonig, admitió a finales del pasado año que se contaban 605 viviendas vacías propiedad del IVVSA, una cifra que posiblemente se quede corta cuando sólo en Paterna, según denuncia la Coalició Compromís, se cuentan más de 200 viviendas vacías de la institución regional, otras varias decenas en Sagunto, o un bloque entero de viviendas en Alfafar.

Desahucios en el IVVSA

Mientras, la empresa pública de vivienda ha contado ya más de 500 casos de desahucios de sus viviendas sociales desde 2008. “El objetivo del Ayuntamiento y de la Generalitat con esas viviendas es sacar algo de dinero. Si no pueden sacar de la gente que hay ahora, los echarán para meter a gente que pueda pagar aunque sea poco, como las familias que vienen de desahucios”, explica Bustos en relación al caso de Alicante, tras añadir que, aunque el Ayuntamiento alicantino afirmó en un Pleno que no se ejecutarían desahucios de viviendas sociales por motivos económicos, a la PAH ya han llegado un par de casos en los que se “buscan otras excusas”, como el de una mujer con un hijo con la enfermedad de huesos de cristal con derecho a recibir la ayuda de la Ley de Dependencia, que, al no recibirla, se vio obligada a menudear con droga para poder comprar las medicinas de su hijo, o el de un hombre de 55 años con problemas de salud que dedicaba 250 de los 300 euros mensuales que gana a comprar medicinas, y al que el Patronato de Vivienda intentó desahuciar mientras estaba ingresado en el hospital.

El IVVSA dedicó mayormente su actividad hasta hace poco a la promoción de vivienda nueva de la mano de grandes constructoras valencianas vinculadas al Partido Popular con las que creó empresas mixtas, como Tarea Promociones Valencianas de Vivienda, creada en 2005 junto a Enrique Ortiz, actualmente imputado en la Gürtel y en la Brugal, de la que el instituto valenciano de vivienda maneja un 49% (el 51% restante está en manos del constructor alicantino). Tarea Promociones ha llevado proyectos como el del PAI de Nou Manises, de 9.634 viviendas, de las que 5.775 eran de protección oficial, el Bulevar del Plá, en Alicante, o el Plan Rabassa, que supondrá la construcción de más de 13.500 casas en la periferia de Alicante y cuya tramitación estuvo salpicada de polémicas por posibles irregularidades en el Plan General de Ordenación Urbana del municipio.

El pasado año, el Gobierno valenciano decidió dar un vuelco a la gestión del IVVSA, y centrar su actividad en la gestión de viviendas sociales destinadas a colectivos en riesgo de exclusión. El cambio de actividad de la empresa pública fue acompañado en julio de 2012 por un ERE que dejó sin trabajo al 60% de la plantilla, 212 trabajadores, aunque dejó intacto el equipo directivo, y cuyo coste, estimado en siete millones de euros, se dedujo del presupuesto destinado al plan de vivienda.

“Hay muchos vecinos que cuando ven que una vivienda en su edificio está vacía contactan con nosotros y nos ofrecen que la ocupemos para dársela a una familia desahuciada”, afirman desde la PAH Alicante “Todo lo que el Estado no asume de sus responsabilidades lo está asumiendo la sociedad civil”, afirma Jesús Bustos. Según explican desde la PAH Alicante, en la provincia ya hay particulares que están poniendo en alquiler viviendas por 50 euros e incluso algunos las ceden gratuitamente. “Hay muchos vecinos que cuando ven que una vivienda en su edificio está vacía contactan con nosotros y nos ofrecen que la ocupemos para dársela a una familia desahuciada”, explican desde la plataforma, desde la que añaden que incluso la policía no está poniendo pegas a las okupaciones en las que se estén cuidando los edificios.

En la Comunidad Valenciana sólo hay proyectos parados en los cajones. Los servicios sociales no hacen nada, los bancos hacen poco y los ciudadanos son los que están moviéndose y consiguiendo cosas”, concluye Bustos.

Casi cuatro años sin pagar el cheque vivienda

Por Redacción

“Nos han vendido pisos que supuestamente eran de protección, pero llevamos años sin recibir las ayudas”, explica Felipe Pérez, de la Plataforma de Afectados Ayudas a la Vivienda de la Comunitat Valenciana. Desde la plataforma denuncian que cerca de 50.000 personas a las que se les ha aprobado el cheque de acceso a la vivienda, que supone una ayuda para la compra de la primera vivienda de entre 4.000 y 17.000 euros, siguen a la espera de que la Generalitat les pague la ayuda.

“Ahora están empezando a pagar a gente que pidió anticipos a los bancos, saltándose el orden de resolución de las ayudas por la presión de los bancos”, señala Felipe Pérez, que lleva ya cerca de cuatro años esperando recibir los 11.000 euros que le debe la Generalitat, y quien añade que el Gobierno valenciano está haciendo una propaganda populista intentando dar imagen de preocupación por las familias desahuciadas mientras deben 250 millones de euros a otras 50.000 familias, de las que muchas están también en riesgo de desahucio.

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