Cuando se intenta acceder a la web del Real Club de Golf Puerta de Hierro, una pantalla pide el número de socio y el DNI para ello. Lo mismo ocurre cuando uno se acerca a sus inmediaciones. Un club selecto y  exclusivo, asentado sobre un suelo que es Patrimonio Nacional y que ocupa 229 hectáreas. Pero esto no es suficiente, ahora está planeado que crezca un poco más, con la anexión de 5,4 hectáreas pertenecientes a la finca pública del antiguo cuartel militar de Buenavista. Los dueños del club quieren añadir otro campo más de nueve hoyos. Y todo ello con la tala de 841 árboles.

“Este club fue el primero de Madrid y es una concesión de Patrimonio Nacional, cedido por Alfonso XIII, a principios del siglo XX. Ahora, con la ampliación, cinco nuevas hectáreas de patrimonio público se vuelven a regalar a una entidad privada, sin darle publicidad, parecido a lo que hizo antaño el rey”, relata Ángeles Nieto, portavoz de Ecologistas en Acción, quien añade que el proyecto ha salido a información pública cuando ya estaba autorizado. “Ha sido una cesión a dedo. Para autorizar el otorgamiento de suelo público hay que dar publicidad para que se presenten todas las entidades interesadas”. Es entonces cuando la portavoz de Ecologistas en Acción añade un dato: “Hasta que fue nombrado ministro de Defensa, el presidente del Real Club de Golf era Pedro Morenés. Curiosa­mente, los terrenos que se quieren anexionar son una concesión del Ministerio de Defensa”, subraya.

Además, y tal y como destaca Raúl Urquiaga, portavoz del Grupo de Acción para el Medio Ambiente (Grama), la ampliación es contraria al Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. “El uso del suelo no coincide con el previsto en el plan que lo recoge como suelo de uso público. En esta zona no se puede dar un uso deportivo intensivo”, sentencia. “En el momento en el que se haga pública la Evaluación de Impacto Ambiental positiva, lo vamos a recurrir a los tribunales”, advierte.

Además, 841 árboles, en su mayoría pinos piñoneros de más de 35 años, serán arrancados del lugar. “Se saltan también la legislación sobre la protección de arbolado urbano”, destaca Urquiaga. Y todo porque, según recoge la ley, en caso de ser necesario efectuar talas, se debe plantar un ejemplar adulto de la misma especie por cada año de edad del árbol eliminado para compensarlas.

Así, y sólo en el caso de los pinos, se deberían plantar más de 26.000 ejemplares. En el proyecto presentado se prevé una plantación de 513 pinos más 2.900 pies de distintas especies sin especificar. “Los árboles cumplen una función muy importante en la ciudad”, destaca Nieto, que se lamenta de esta gran pérdida mientras añade otro impacto asociado al golf: el elevado uso de recursos hídricos.

En concreto, y según datos de las organizaciones ecologistas, este campo de golf consume anualmente la misma cantidad de agua que todo el municipio madrileño de El Boalo (6.200 habitantes). El campo de Buenavista añadiría 52.000 m³ por año al total empleado en todas las instalaciones del club.

En la Comunidad de Madrid hay un total de 31 campos de golf que, según los datos recabados por las organizaciones, tienen un consumo de agua de 16,33hm³, similar al de una población de 278.000 habitantes. Además de su elevado consumo de este recurso, muchos de ellos nacieron de la mano de la polémica, por suponer concesiones de suelo público. “Este campo de golf está siguiendo los mismos pasos que el resto de campos de Madrid, muchos de ellos asentados sobre la ilegalidad”, sentencia Urquiaga.

Por otra parte, el pasado mes de enero, el Tribunal Supremo concluyó que el campo de golf situado en el Tercer Depósito del Canal de Isabel II no era legal, pues no cumplía los requisitos administrativos para ser declarado de interés general, artimaña que utilizó Esperanza Aguirre para salvar el proyecto. A finales de mayo, el Supremo hacía lo propio con el campo de golf de El Encín, en Alcalá de Henares.

El Tribunal consideraba este campo de golf “contrario al ordenamiento jurídico”, porque, entre otras cosas, no se sometió al procedimiento de evaluación ambiental estratégica. Para el portavoz de Grama, la expansión del golf en la Comunidad de Madrid responde a la misma tónica. “La norma de los propietarios es hacer trampas y la norma de la Comunidad de Madrid es hacer la vista gorda e incluso cambiar la legislación”. Y, todo ello, “pensando en los intereses de un negocio privado y elitista que invade espacios públicos”.