CONTRA EL CIERRE DE PRIMAYOR. Cada jueves, decenas de personas se concentran en Zaragoza contra el cierre de la fábrica./Primo Romero

La empresa de industrias cárnicas
Primayor ha presentado un Expediente
de Regulación de Empleo
(ERE) por el que establece el cierre
de su matadero de Zaragoza, dejando
sin trabajo a 150 trabajadores
(más 50 trabajadores indirectos).
Además, dicho expediente afecta a
12 trabajadores del matadero de
Calamocha (Teruel), nueve del de
Lleida y cinco del de Albacete.

Todo comenzó con la salida de
Oscar Mayer a bolsa, que fue aprovechada
por uno de sus competidores,
Campofrío, quien la adquirió a
través de una OPA. Una vez comprada
Oscar Mayer, Campofrío
creó Primayor, una nueva sociedad
con los mataderos de Oscar Mayer
y los que ya tenía. Al formar una
empresa sólo con los mataderos, la
parte menos rentable del negocio,
las pérdidas anuales de Primayor
ascienden a 19 millones de euros.

Una historia de compraventas

A pesar de las pérdidas, Primayor fue
a su vez comprada por Proinserga.
Los resultados de la empresa se mantienen
negativos, más aún con la gestión
que de ella hacen sus nuevos
propietarios. De hecho, son varias
las denuncias que el comité de empresa
de Primayor Zaragoza ha
presentado ante la Inspección de
Trabajo en denuncia de “extraños”
cambios en la gestión, como
comprar los cerdos en Segovia en lugar
de en Aragón, con el consiguiente
aumento en el costo de transporte.

Para José Aranda, presidente del
comité de empresa, no sólo la fábrica
de Zaragoza está amenazada, sino
también todas aquellas que no
están en Castilla y León, comunidad
de donde procede la mayoría del capital
de Proinserga (Caja Duero,
Caja Burgos, Madrigal Inversiones,
etc). Por ejemplo, el matadero de
Calamocha también está en peligro
ya que la empresa ha decidido
dar por terminada su producción
de vacuno; sin embargo, acaba de
adquirir un matadero de vacuno en
León. Según Aranda, las intenciones
de Proinserga son claras:
movida por las generosas subvenciones
del Gobierno de Castilla y
León (PP), quiere trasladar allí la
mayor parte de la producción.

Al presentar la empresa el ERE, la
asamblea de trabajadores decidió iniciar
una acampada, por tiempo indeterminado,
en el céntrico Paseo de la
Constitución de Zaragoza, justo enfrente
de la sede de CC OO, sindicato
al que pertenecen todos los miembros
del comité. El principal objetivo
de esta protesta es presionar al
Gobierno autonómico del PAR y del
PSOE para que intervenga a su favor
con un contrainforme que desmienta
las causas del ERE. Sin embargo, el
Gobierno parece considerar inevitable
el cierre y se limita a buscar a un
posible comprador para adquirir la
empresa sin sus trabajadores.

Por el momento, la indemnización
ofrecida es la mínima que establece
la ley para los casos de quiebra,
y sería abonada por el Fondo
de Garantía Salarial de la Seguridad
Social. En el caso de ser recolocados,
como pretende el Gobierno,
perderían la antigüedad y se acogerían
al convenio del sector, lo que, a
modo de ejemplo, para un oficial de
primera supondría cobrar 800 euros
brutos menos al mes.

Los trabajadores están contentos
con el trabajo de los abogados y economistas
de CC OO, sin embargo,
echan de menos más apoyo de la
Federación Agroalimentaria, a la
cual pertenecen. Además, destacan
el apoyo recibido de IU, cuyo único
diputado autonómico ha visitado varias
veces el campamento.

Por el momento, el ánimo está alto.
“Somos optimistas, de lo contrario
no podríamos sacar fuerzas para
seguir con esto, que ya llevamos
dos meses acampados. Y así continuaremos
hasta lograr nuestro objetivo:
seguir trabajando con las
condiciones actuales. Y si la empresa
quiere cerrar, que la indemnización
sea la de un despido improcedente”,
afirma Luis Bordonala,
miembro del comité. Además, los
trabajadores subrayan el apoyo recibido
por sus familiares. Entre todos
y todas se turnan para que siempre
haya gente en la acampada. Y
así llevan desde el 13 de septiembre,
día en que se levantó este nuevo
‘campamento de la esperanza’.