ISLANDIA // PROPUESTA CÍVICA DE CARTA MAGNA
Cambiar la constitución de otra manera: el caso islandés

Frente al cambio de la Constitución española exprés y sin
consensos, en Islandia intentan otra vía más democrática
e innovadora de afrontar la relación con su Carta Magna.

12/10/11 · 9:37
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Foto: Páll Hilmarsson

A raíz de la aparición del movimiento
15M se ha hablado mucho y bien
del proceso islandés, pero activistas
y analistas de esta isla ártica se preguntan
hasta qué punto dicho proceso
de empoderamiento popular es
el éxito que se ha “querido” ver
desde
España. En Islandia es común escuchar
con cierto cinismo que es
verdad que el Estado decidió dejar
quebrar tres bancos privados pero
fue porque no tenía otra salida, ya
que la proporción de la deuda no era
asequible (nueve veces el PIB del país).

De hecho, el analista Egill
Helgason, desde las páginas del
Reikiavik Grapevine, ha resaltado
que, según un informe de la OCDE,
solo Irlanda ha puesto más dinero
público en sus instituciones financieras
fallidas que Islandia. Egill
afirma que “Islandia no es un modelo
y la gente en España no necesita
ondear banderas Islandesas”.

Lo cierto es que Islandia ha servido
de inspiración por más razones:
la revuelta popular forzó la dimisión
en bloque de un Gobierno
y la del director
de su banco central.
Además,
en dos consultas se rechazó pagar
deudas privadas con dinero público
;
se han producido cambios de
Gobierno hacia la izquierda; un exprimer
ministro ha sido llevado ante
los tribunales y hay investigaciones
abiertas a políticos y banqueros. A
esto hay que sumar un cierto shock
cultural y político en un país que era
el paradigma de la adormecida sociedad
de consumo y un laboratorio
de políticas ultra-neoliberales.

Y entre estos procesos fruto de la
revuelta popular, uno especialmente
interesante es el de promover una
reescritura participativa de la
Constitución.
Los 25 ciudadanos elegidos
en sufragio universal tras un
proceso no exento de polémica [ver
recuadro] han trabajado durante
cuatro meses, y en julio enviaron su
propuesta al Parlamento. Andris
Magnusson, uno de los 25 elegidos
para este proceso, cree que el hecho
de haber elaborado una propuesta
de consenso unánime ha reforzado
la legitimidad de la propuesta.
Magnusson no es político profesional,
como la mayoría de los elegidos,
él es psiquiatra, y su popularidad
se debe a que denunció desde la
sociedad civil, previamente al colapso,
la situación insostenible de los
bancos. Magnusson explica que en
el grupo del que ha formado parte
hay muchos académicos, pero también
activistas del “movimiento de
las cacerolas”,
un sindicalista, gente
del medio rural, dos pastores protestantes,
bloggers y personas de
todo tipo de ideologías.

El trabajo se ha realizado con ciertas
prisas, como reconoce Katrin,
otra de las 25 elegidas, joven abogada
y conocida activista del “movimiento
de las cacerolas”. Sin embargo,
tanto Katrin como Magnusson
expresan su satisfacción con el proceso.
Entre los principales cambios
están las medidas de mayor democracia
directa,
por las que el 2% de
la población puede pedir que se debata
un tema en el Parlamento, y un
10% –algo no excesivamente difícil
en un país de 320.000 habitantes–
pueda hacer propuestas legislativas
o revisar nuevas legislaciones para
que sean sometidas a referéndum.

Logros y limitaciones del texto

Katrin resalta también lo que llama
los “derechos de la naturaleza” y la
propiedad colectiva sobre los recursos
naturales, cambios inspirados
en las reformas constituciones de
Bollivia y Ecuador. Este tema entra
en el debate nacional en torno a la
construcción de gigantescas presas
para el procesamiento de aluminio
y en el desarrollo del sector pesquero
en torno a transnacionales.
Magnusson hace especial hincapié
en los avances en el campo de la
transparencia
con los que se protege
y promueve el acceso a la información,
etc. Este psiquiatra también
resalta que el nuevo texto incluye
la posibilidad de votar individuos
de una lista en vez de toda la lista y
que minimizará la falta de proporcionalidad
del sistema electoral. No
obstante, reconoce con cierta frustración
que no hay cambios significativos
en la pluralidad de los medios
de comunicación,
aunque
Katrin señala que el texto permitirá
que el público conozca mejor la propiedad
de los medios. La abogada resalta
asimismo la supresión del servicio
militar obligatorio, la promoción
del desarrollo de una actitud crítica
en el sistema educativo y algunos
logros en el campo de los
derechos humanos y la diversidad.
Kristin es miembro fundador de
ALDA, una plataforma de reciente
creación que promueve la democracia
directa, muy activa en el proceso
de deliberación constitucional por
medio de canales abiertos online.

Kristin cree que “hay muchas mejoras
respecto a la antigua Constitución”, sin embargo se muestra crítico
en aspectos concretos. Por ejemplo,
considera que no se ha profundizado
en la separación de poderes,
que en el campo de la democracia directa
los logros son moderados, y en
el campo financiero y económico casi
nulos.
La propuesta de Constitución ha excluido de la nueva regulación
de referéndums las cuestiones
económicas y financieras para alcanzar
mayor consenso, justifica
Magnusson.

¿Y ahora qué?

La propuesta fue enviada al
Parlamento en la fecha acordada,
aunque aún no hay fechas establecidas
para su discusión. Katrin opina
que el borrador es demasiado radical
para que el Parlamento la apruebe
pero cree que tampoco será fácil detenerla.
“Antes nos decían que era muy
complicado hacer otra Constitución,
pero ahora esa excusa no funcionará.
Si no le gusta, que hagan otra propuesta
y que dejen que la gente elija
cuál gusta más”. Einar Mar
Gudmundsson, conocido escritor
comprometido con las luchas sociales
y miembro de ATTAC Islandia,
asegura que el principal cambio tras
la revuelta post colapso es que “hay
mucha gente que se siente empoderada,
y que siente que tiene algo que
decir, sin miedo”
y si el Parlamento
desvirtúa el cambio constitucional es
probable que mucha gente vuelva a
levantarse, “quizás es lo que necesitamos”.
Por el momento, algunos
miembros del Consejo han amenazado
con que, si se desvirtúa la propuesta,
se presentarán a las elecciones
para retomarlo y Hordur
Torfason –uno de los más significativos
iniciadores de las caceroladas
que dieron pie a la revuelta– y otros
activistas han asegurado que promoverán
otra revuelta si se detiene el
cambio constitucional.

* Más info. en la web opcions.org.

Cómo se creó el consejo de 25

El proceso constituyente
no gozó desde sus
inicios con el beneplácito
de parte del establishment
político y
mediático islandés,
como muestra el
hecho de que sólo
obtuvo el apoyo parlamentario
del 62% del
arco. Andris Magnusson,
uno de los 25 elegidos
para este proceso,
justifica la
moderada tasa de participación
ciudadana
(36%) en la elección
del consejo en el «sutil
vacío mediático de
buena parte de los
medios privados ligados
a los centros de
poder tradicionales».
Una vez realizada la
consulta hubo denuncias
que ponían en
cuestión algunos protocolos
técnicos, por lo
que el Tribunal Supremo
-de corte conservador
y ligado al poder
tradicional según Magnusson-
decidió invalidar
los resultados de
los comicios. Ante
semejante anticlímax
participativo, el Gobierno
decidió hacer un
«rodeo legal» a la invalidación
y convertir,
con el apoyo del 51%
del Parlamento, la
asamblea elegida e
invalidada en un Consejo
Asesor al que el
Parlamento encargaba
la redacción de una
propuesta de nueva
Constitución basada
en un informe previo
elaborado por un comité
técnico a su vez
basado en un Foro
Nacional donde mil
islandeses elegidos al
azar expresaron sus
inquietudes de cambio.

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