Miguel Ángel Martín Gutierrez

La denominada Directiva
Bolkestein, impulsada por
la Comisión Europea en
enero de 2004, pretende
eliminar todos los obstáculos actualmente
existentes a la total
liberalización de servicios en el
mercado interior de la Unión, tanto
en lo concerniente al establecimiento
de empresas procedentes
de otros Estados miembros como
en la libre circulación de servicios
de carácter transfronterizo.
Esta directiva ha suscitado un
fuerte rechazo social, sindical e
incluso político, por tres motivos
fundamentales: un ámbito de cobertura
demasiado extenso; una
severa restricción de la capacidad
de las administraciones públicas
para regular adecuadamente la
prestación de servicios en su territorio
y, sobre todo, por el denominado
“principio del país de origen”
(PPO). Este principio suponía la
aplicación de las normas del país
donde estuviera radicada la empresa
y no las del país de acogida.

Este rechazo fue incluso uno
de los motivos de que la ciudadanía
en Francia y Holanda se pronunciara
por el ‘no’ en el referéndum
sobre el Tratado Constitucional
y motivó que en febrero
de 2005 el Parlamento Europeo
votara en contra de la adopción
de su versión original.
Para alcanzar el deseado consenso
entre los grupos políticos
principales del Parlamento, el socialdemócrata
Partido Socialista
Europeo (PSE) y el centroderechista
Partido Popular Europeo
(PPE), así como la aceptación social,
se han intentado ‘suavizar’ los
aspectos más conflictivos de la directiva
sin abandonar el principio
esencial de “la libre prestación de
servicios entre los Estados miembro”,
buscando conciliar la apertura
del mercado de servicios con el
mantenimiento del modelo social
europeo. Así, se excluyen del ámbito
de la directiva los siguientes
servicios: sanidad pública y privada,
los servicios de interés general
definidos por cada país, audiovisuales,
“bienestar” social, agencias
de trabajo temporal, farmacias,
ambulancias y transportes locales;
prima la legislación laboral
y de seguridad social del país de
acogida; y se redefine el PPO como
“libertad de circulación de servicios”:
el país de acogida podrá limitarlo
por “razones superiores de
orden público, salud pública o protección
del medio ambiente“,
siempre que se haga de forma “no
discriminatoria, justificada y proporcionada”.

Quedan excluidos de
este principio, pero no de la directiva,
los servicios de interés económico
general como el agua, los correos,
la electricidad, el gas y la
gestión de residuos.
Esta propuesta fue votada el 16
de febrero, y el rodillo ejercido por
PPE/DE y PSE condujo a que se
aprobara con un 61% de votos a
favor (procedentes en su inmensa
mayoría del PPE/DE y del PSE, incluyendo
el de todos los diputados
españoles presentes), un 34% en
contra (procedentes de los grupos
de izquierda y de los socialistas
franceses por demasiado liberal,
así como de los grupos de derecha,
por demasiado proteccionista) y
un 5% de abstenciones.

El texto aprobado, aunque contiene
avances sobre el original, es
insuficiente, dado que se mantiene
el estímulo de la competencia como
regla y, en contraste, la salvaguarda
de los procedimientos regulatorios
constituye la excepción
y debe ser plenamente justificada
e interpretada caso a caso. La directiva
adolece de ambigüedad en
la garantía de los derechos laborales
y, aunque se han excluido algunos
servicios del marco de la directiva,
afecta todavía a los de política
social, protección del consumidor
y, especialmente, a algunos
servicios públicos (como los de la
enseñanza, cultura y medio ambiente,
que incluye el agua).

Lejos de pensar que todo ha terminado,
se hace ahora perentorio
mantener y reforzar si cabe la movilización
social ante la revisión de
la directiva por el Consejo Europeo
y su posterior votación en el
Parlamento. Se trata de conseguir
su rechazo o las enmiendas que supongan
la aplicación íntegra del
principio del país de acogida, la exclusión
de todos los servicios de interés
general y la armonización al
alza de las condiciones laborales,
fiscales y medioambientales de la
prestación de servicios en la UE.