MULTINACIONALES // LAS DISPUTAS CON EL BBVA, EL GRUPO MARSANS Y REPSOL MARCAN LA CUMBRE IBEROAMERICANA DE JEFE
El BBVA y el “negocio redondo” de las jubilaciones privadas en América Latina

Los riesgos y las condiciones
abusivas de las jubilaciones
privadas en América
Latina quedaron a la vista
tras la decisión argentina
de nacionalizar el sistema
en un contexto de colapso
económico.

, Redacción
13/11/08 · 0:00
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León Martín Barreto

Un año después del “¿por qué no te
callas?”, la XVIII Cumbre Iberoamericana
de Jefes de Estado, del 29 al
31 de octubre, dejó traslucir los mismos
conflictos. En 2007, las críticas
de Daniel Ortega a Unión Fenosa
marcaron el final de la cumbre. En
esta ocasión, fueron los intereses de
Repsol en Ecuador y del Grupo Marsans
y el BBVA en Argentina.

“Que entiendan las compañías
trasnacionales: la Banana República
se acabó”, dijo el presidente de Ecuador,
Rafael Correa, días después de
anunciar la expulsión de Repsol del
país por “bajar la producción y las inversiones”
y “no haber aceptado la
renegociación del contrato”. Pese a
las duras palabras, el 6 de noviembre
Repsol llegaba a un acuerdo para
continuar en el país hasta 2018: la
petrolera acepta cambiar de contrato
hacia uno de prestación de servicios,
a cambio de una reducción de impuestos
a sus beneficios extraordinarios
del actual 99% al 70%.

BBVA y las jubilaciones doradas
Además de las idas y venidas del caso
Repsol, la cumbre estuvo marcada
por la decisión argentina de nacionalizar
las Administradoras de
Fondos de Jubilaciones y Pensiones
(AFJP), anunciada el 21 de octubre.
La medida afecta especialmente al
banco español BBVA, propietario
de Consolidar, una de las tres principales
gestoras del sistema privado,
con el 14,10% del mercado.

La decisión tiene un precedente
en Bolivia, donde Evo Morales decretó
el pasado agosto la estatización
de las dos administradoras privadas
de fondos de pensiones, una
de las cuales pertenece al BBVA.
“Cuando los Estados norteamericano,
francés o alemán estatizan
bancos, aseguradoras o deudas privadas,
los analistas hablan de ‘rescates’.
En cambio, en nuestro país
sería ‘estatismo nostálgico’”, escribía
la presidenta argentina Cristina
Fernández poco después de anunciar
la nacionalización.

El 23 de octubre, el juez Claudio
Bonadio ordenaba el despliegue de
un “megaoperativo” para registrar
las sedes porteñas de las diez administradoras
privadas, entre ellas la
sede de BBVA Consolidar. El juez,
basándose en la denuncia del titular
de la Unidad Fiscal de Investigaciones
de la Seguridad Social, Guillermo
Marijuan, acusó a las operadoras
privadas de la venta ilegal a bajo precio
de bonos públicos por un total de
140 millones de dólares ante el inminente
anuncio de la eliminación del
sistema privado, un delito castigado
con penas de dos a seis años.

En 1994, durante el Gobierno de
Carlos Menem, bajo receta y presión
del FMI y el Banco Mundial, Argentina
pasó a formar parte de la veintena
de países con sistemas de jubilación
privados. La privatización
contó con el apoyo de las grandes
centrales sindicales. Leonardo Fabre,
del sindicato de los trabajadores
de la Administración de la Seguridad
Social, hizo pública la “autocrítica
del movimiento obrero” por
los gremios que se adhirieron en los
‘90 a la privatización del sistema
previsional y se asociaron a las administradoras
privadas.

El modelo no fue otro que el implantado
en Chile por Pinochet en
1981, también con el apoyo del FMI.
Ahora el BBVA lidera las jubilaciones
privadas en América Latina con
una presencia en siete países, 63.489
millones de dólares en patrimonio
gestionado y 12,4 millones de afiliados,
según informes del banco.
En el caso argentino, “transfirieron
al sector privado unos 4.000 millones
de dólares al año, acentuando
el vaciamiento de las cajas de jubilaciones
estatales”, explica Eduardo
Lucita, economista integrante del espacio
‘Otro camino para superar la
crisis’. En septiembre de este año, los
9,5 millones de afiliados a las AFJP
se enteraron de que las administradoras
acumulaban “una pérdida de
rentabilidad del 20% sobre los aportes”,
dice Eduardo Lucita, “y esto
echó luz sobre una de las condiciones
del sistema de jubilación privada:
está sometido a la lógica del mercado
y armado para períodos de alta
rentabilidad, pero no tiene resguardo
social alguno cuando la rentabilidad
es a la baja, o las inversiones dan
directamente pérdidas como ahora”.

“Apuestas de casino”
_Una vez dentro del sistema, la ley
prohibía a los aportantes volver al
sistema público. “No se trata de un
negocio sino de un saqueo”, explica
Sergio Fiscella, sociólogo de la Universidad
de Buenos Aires, que compara
el sistema con las “apuestas de
casino”. Con la única diferencia, sostiene,
de que en este caso “no cabe la
posibilidad de optar por continuar
apostando, sino la obligación de seguir
haciéndolo. Y, por supuesto, que
corriendo los mismos riesgos”.
Una ley de 2007, después de 13
años de cautividad, permitió a los
aportantes que lo desearan volver al
sistema público. Además de desviar
al sistema privado 4.000 millones de
dólares al año y debilitar el sistema
jubilatorio público, según afirmó entonces
el ex presidente Néstor Kirchner,
las AFJP “se dedicaron a pres-
tarle al Estado nacional a tasas totalmente
altas y a las provincias a tasas
realmente increíbles”.

Una de las principales críticas a las
AFJP, además de que el 77% de sus
beneficiarios siguen dependiendo de
los aportes del sistema público para
completar las jubilaciones privadas,
son las altas comisiones. Según el
Centro de Estudios para el Desarrollo
Argentino (CENDA) “el esquema
resultó altamente beneficioso y se
convirtió en una fuente de grandes
negocios para el sector financiero y
el capital concentrado local e internacional”.
Las comisiones cobradas
a los ‘clientes’ desde 1994 ascienden
a 11.670 millones de dólares, unos
2,3 millones de dólares diarios para
las diez entidades privadas. “Prácticamente
cuatro de cada diez pesos
destinados a los fondos de capitalización
individual se perdían en concepto
de comisiones de las AFJP”, concreta
un estudio del CENDA.

Las causas que llevaron al Gobierno
argentino a la nacionalización
de las AFJP difieren. El oficialismo
defiende que se trata de una
decisión estratégica para garantizar
el pago de las jubilaciones ante
el fracaso del sistema y la crisis económica.
Según la presidenta Cristina
Fernández, “las AFJP invirtieron
1.059 millones de euros en mercados
a futuro. Esos mismos mercados
que hoy tienen en vilo a la
economía mundial”.
Mientras, buena parte de la oposición
señala que las causas se encuentran
en la necesidad del Gobierno de
buscar dinero “para hacer frente a
los vencimientos de la deuda pública
que alcanzan en los próximos tres
años los 38.358 millones de euros”.
Según Eduardo Lucita, la nacionalización
del sistema traspasaría a la
Administración de la Seguridad
Social “un fondo de inversiones valuado
en 30.000 millones de dólares”,
a lo que habría que sumar 4.100 millones
de dólares anuales. Para Jorge
Altamira, del Partido Obrero, la decisión
sólo puede explicarse porque
“Argentina ya está funcionando en
un régimen de cesación de pagos”.


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GERARDO DÍAZ FERRÁN tiene problemas legales en Argentina.

El presidente de la CEOE dice que "quieren echarlo a gorrazos"

El 23 de octubre, el presidente
de la CEOE española, Gerardo
Díaz Ferrán, afirmaba que la
nacionalización del sistema de
pensiones era una noticia
“mala para Argentina, mala
para los empresarios con intereses
en el país y para todo el
mundo iberoamericano”. Y no
parece ser para menos, sobre
todo para él mismo, teniendo
en cuenta que es propietario,
junto con Gonzalo Pascual, del
Grupo Marsans y, por extensión,
de Aerolíneas Argentinas,
compañía cuya nacionalización
es también inminente.

“Nos están echando a gorrazos”,
dijo el empresario español,
acusado a su vez del
“vaciamiento” de la aerolínea,
“en favor de otras compañías
del Grupo Marsans”, en palabras
de Jorge Becce, vocal de
la Asociación de Personal Técnico
Aeronáutico. Díaz Ferrán
tiene abiertas causas judiciales
en Argentina y España por
esta misma razón. Tras el
acuerdo del pasado 17 de
julio entre la compañía y el
Gobierno argentino de traspasar
la compañía al Estado, las
diferencias se encuentran en
el precio: el Tribunal Nacional
de Tasaciones argentino arroja
un valor negativo de 832 millones
de dólares por las deudas
de la empresa. Para el Grupo
Marsans, que encargó un estudio
a Crédit Suisse, el valor de
Aerolíneas Argentinas y Austral
oscila entre 330 y 546 millones
de dólares. Los rumores
sobre una posible expropiación
activaron las amenazas
del Grupo Marsans de llevar el
caso al CIADI (tribunal arbitral
del Banco Mundial), en donde
Argentina tiene escasas posibilidades.
La re-estatización provoca
opiniones controvertidas.

“Los estatistas son los que privatizaron
y permitieron el
vaciamiento de Aerolíneas”,
denunció Rubén Giustiniani,
del Partido Socialista. “La historia
de Aerolíneas es la crónica
de un saqueo. Primero fue
el grupo Iberia y luego Marsans”,
apuntó Giustiniani.
Jorge Altamira, del Partido
Obrero, describía la operación
como “un fraude descomunal
porque el nuevo proyecto
habla de ‘rescatar’ a la empresa
y de ‘comprar’ las acciones,
o sea que admite un valor a lo
que efectivamente no vale
absolutamente nada, debido
al completo hipotecamiento
del patrimonio de la empresa”.


EL BBVA TAMBIÉN PIERDE EN CHILE

La crisis también está afectando
al sistema privado de jubilaciones
chileno, el único sistema de
jubilación existente en el país, y
donde el BBVA Próvida lidera el
mercado. El Centro de Estudios
Nacionales de Desarrollo Alternativo
presentaba en agosto ante
el congreso chileno un informe
en el que cuantificaba las pérdidas
del sistema privado de jubilaciones
y pensiones: 12.979
millones de dólares entre el 27
de julio de 2007 y el 12 de
agosto de 2008, un 11,32% del
fondo total. El informe señala
que “parte importante de estos
fondos están invertidos en instrumentos
de dudosa liquidez en
este momento”.

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