El 10 de diciembre de 2010 el
Gobierno de Bolivia promulgó
la Ley de Pensiones
que contempla el fin de la
gestión privada de las jubilaciones y
crea una empresa pública para este
fin. Casi un mes antes, en el diario
La Razón de Bolivia se podía leer:
“El BBVA de España, propietario de
la AFP Previsión, estaría negociando
con el Gobierno de Bolivia la salida
de esa gestora del manejo de los
aportes para la jubilación. Afirma
que el cierre de operaciones en el
país tendrá un impacto ‘marginal’
en sus cuentas”. Este anuncio se recogió
justo después de la visita a
Bolivia de la ministra española de
Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez,
a mediados de noviembre.

Curiosamente, la ministra declaró al
periódico Página 7 que “España
confía en mantener el actual nivel
de diálogo con el Gobierno boliviano
a fin de que si se producen cambios
que afecten a las empresas españolas,
tengan lugar sin sobresaltos”.
Dichas declaraciones iban en
línea con el objeto central de la visita:
presionar para garantizar la estabilidad
de las inversiones españolas
y preparar la llegada de José Luis
Rodríguez Zapatero en diciembre
–viaje que finalmente se anuló–, para
promover inversiones en los sectores
de hidrocarburos, energías renovables,
minería y construcción.
Todo este movimiento coincide,
además, con la elaboración de la
nueva Ley de Inversiones, que fijará
las nuevas condiciones para las inversiones
de compañías extranjeras
en Bolivia.

Así, las compañías multinacionales
españolas, como en este caso el
BBVA, además de su gran poder
económico y de disponer de una arquitectura
jurídica que protege sus
intereses –lo que se conoce como la
nueva ‘lex mercatoria’–, disponen
de toda la capacidad de presión diplomática
y política del Gobierno
español para favorecerles en sus negocios
internacionales. Y esta puede
ser la explicación del cambio de
estrategia adoptado por el BBVA. El
anuncio de su salida negociada está
muy lejos de las declaraciones que
hizo la filial boliviana de esta transnacional
en enero de 2010, cuando
el Gobierno del MAS anunció que
iba a sacar adelante la nueva Ley de
Pensiones. Así, el diario La Prensa
publicaba lo siguiente: “El ejecutivo
de la Administradora de Fondos de
Pensiones (AFP) BBVA Previsión
señaló que el Tratado de Protección
Recíproca de Inversiones entre
Bolivia y España tiene cláusulas que
protegen a la AFP frente a cualquier
controversia que se pueda presentar
con el Estado boliviano y abre la
posibilidad de presentar una demanda
de arbitraje ante tribunales
internacionales”. La reacción se
debía a que en esta nueva ley desaparecerían
las compañías privadas
que administraban las pensiones de
jubilación para ser sustituidas por
una empresa estatal.

NEGOCIOS. Aunque Bolivia haya recuperado su sistema de pensiones a costa del BBVA, el banco tiene grandes inversiones en los sistemas de pensiones de países como México, Colombia o Chile, y recientemente se ha introducido en el mercado chino. OLMO CALVO

Impactos de la gestión privada

De este modo, el BBVA anteponía
sus intereses comerciales a la demanda
de la mayor parte de la población
boliviana, que exigía eliminar
el sistema de jubilación privado.
Y es que la actividad de las transnacionales
de las pensiones ha tenido
fuertes impactos sociales, provocando,
por ejemplo, que un escaso número
de personas mayores haya podido
jubilarse con una pensión. De
hecho, el antiguo sistema público,
que se privatizó en 1996, habría conseguido
una mayor cobertura en las
jubilaciones. Las compañías privadas,
como el BBVA, han contribuido
a impedir que la enorme cantidad
de personas que dependen de la economía
informal, más del 60% de la
población activa del país, pudiera
disfrutar de la jubilación, ya que los
ingresos extremadamente bajos de
esta población no eran rentables para
los planes de pensiones que gestionaban
estas corporaciones transnacionales.

Por otro lado, el teórico ahorro
del gasto público al privatizar las jubilaciones
no ha sido tal. El Estado
boliviano ha tenido que seguir pagando
las pensiones anteriores a la
reforma, con el añadido de que la
privatización de las empresas estatales
durante el período neoliberal
le ha bloqueado una fuente importante
de ingresos. Así, el mayor gasto
del Tesoro General del país ha sido
cubrir el pago de las jubilaciones
a pensionistas del antiguo sistema:
en 2009 este gasto se elevó a 400 millones
de dólares. Mientras tanto, la
compañía Previsión BBVA tuvo un
beneficio en 2008 de cuatro millones
de dólares.

FIN DEL MONOPOLIO: CÓMO SE GESTÓ EL CONTROL POR PARTE DE BBVA

El negocio de las pensiones
para el BBVA en Bolivia se
ha asentado sobre un pilar
importante: el monopolio.
Inicialmente, durante la privatización
de las pensiones,
en 1996, se crearon dos
empresas que debían administrar
las jubilaciones: AFP
Previsión y AFP Futuro.
Después, en 1997, el que
entonces era el BBV compró
Previsión, mientras Argentaria
adquirió Futuro. Acto seguido,
el Estado boliviano
decretó un período de exclusividad
de cinco años en el
que se prohibía la entrada de
otras compañías que pudieran
hacerles competencia.

Así, una vez creado el oligopolio,
en 1999 se fusionaron
el BBV y Argentaria, con lo
que una sola compañía
transnacional, el BBVA, pudo
ejercer el control total de las
jubilaciones. Eso fue hasta el
año 2001, cuando el Estado
de Bolivia le obligó a vender
la AFP Futuro, que fue comprada
por la compañía suiza
Zurich. Aún así, la ausencia
de información por parte del
anterior Gobierno boliviano y
de las empresas ha conservado
el oligopolio de las pensiones
en manos de únicamente
dos compañías hasta el momento.