El BBVA es acusado en un Tribunal Popular

El pasado 27 octubre Ekologistak Martxan, Komite
Internazionalistak y CGT/LKN llevaron al BBVA al
banquillo de los acusados. Aunque el banco ignoró la
invitación, fue defendido por un abogado de oficio.

15/11/07 · 0:00
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EL BBVA Y LAS ARMAS. Acción contra la sede del banco en Madrid el pasado 6 de julio, dentro de la Semana de Lucha Social./Jose Alfonso

Por fin le hincamos el diente
al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
(BBVA), día y noche
omnipresente en Bilbao,
con su sobrio rascacielos en el
casco antiguo, cuyo logo se divisa
por doquier en el Botxo. Un edificio,
bastante parecido al que posee en
Madrid, desde el que se apoderó (en
algunos casos de forma sospechosa
y así denunciada) de los bancos principales
de Latinoamérica: el BBVA
Banco Francés, el BBVA-Bancomer,
el BBVA Banco Ganadero, BBVA
Continental o BBVA Colombia. Pero
no vamos a analizar aquí los logros
de la imagen corporativa, aunque
muchos de ellos, como la admiración,
la sumisión y el silencio que
provoca, están estrechamente relacionados
con la forma en la que este
banco ha conseguido extenderse y
codearse con la crême de la crême
de las finanzas.

La principal razón para organizar
el Tribunal (preaudiencia) contra
BBVA y Repsol YPF (pero sobre todo
contra el primero) era celebrar
la conferencia sobre Deuda Ecológica
los días anteriores y contar
con la presencia de activistas y expertos
de otros países que se enfrentan
al poder y abuso de estas y
otras multinacionales. Del Estado
español también participaron como
testigos el Observatorio sobre la
Deuda en la Globalización (ODG) y
el Observatorio sobre Multinacionales
en América Latina (OMAL).

Los Tribunales Populares no son
más que actos puntuales carentes de
poder legal. Pero, obviamente, son
espacios donde se puede recopilar
información de distintos casos, establecer
pautas de ilegalidad (de ahí la
participación de expertos en esta
materia) y donde se pueden sentar
las bases para una campaña. Uno de
los jueces en el acto, el profesor de
derecho laboral Juan Hernández
Zubizarreta (UPV/ EHU), declaró en
su presentación que los Tribunales
también sirven para dar fuerza a poblaciones
que están sufriendo la mala
gestión de las transnacionales.
Este juez, representó la misma figura
en otro Tribunal celebrado dos semanas
antes en Nicaragua contra la
eléctrica Unión Fenosa.

En este último Tribunal hemos tenido
opción de tratar todo el espectro
de ilegalidades e injusticias del
que es responsable el BBVA: impacto
medioambiental, financiación de
fabricación y mercado de armas;
operaciones financieras turbias
(blanqueo de dinero, cuentas en paraísos
fiscales, etc); mala práctica
laboral y sindical (control, recolocación,
despidos, falta de transparencia,
uso de contratos para garantizar
sumisión, etc); abusos financieros
(ausencia de microcréditos en
Latinoamérica, control de remesas,
alto interés o planes de pensiones),
así como aprovechamiento y prolongación
de deuda externa (control
económico, apropiación de bancos
a través de políticas de ajuste). Y todo
esto violando normas, tratados
como los Principios del Ecuador,
que acaba de suscribir, o su propia
responsabilidad social corporativa
de la que tanto se vanagloria. A nivel
sindical, la declaración de un
portavoz bajo protección de identificación
dejó bien claro el efecto tan
brutal sobre sus trabajadores: “Si
aquí es así, en Latinoamérica ya me
diréis. Este mismo mes un activista
ha sido expulsado en Perú, y en
Colombia se han terminado las huelgas
que se mantenían”.

Impactos ambientales

A la denuncia de los impactos
ambientales del BBVA y la financiación
de la industria petrolera debemos
añadir la mega planta de celulosa
en Uruguay de ENCE y su
gran cultivo de eucaliptos, las minas
de cobre y zinc a cielo abierto
en Chile y Perú (Los Pelambres y
Collahuasi, Antamina) y también
de oro (Yanacocha).
En estos tiempos de concienciación
por el calentamiento global, el
BBVA ignora la situación (no es solo
Rajoy). Así, además de financiar a
Iberdrola, compañía que potencia,
como el resto de las eléctricas españolas,
la producción eléctrica a partir
de centrales térmicas y nucleares, el
BBVA proyecta financiar la construcción
de 11 centrales térmicas en su
nueva aventura texana.

Ahora, toda esta información y
los resultados del Tribunal serán
utilizados junto a los de otros tribunales
en una nueva audiencia contra
la actividad transnacional en
Latinoamérica que se celebrará en
Lima en mayo de 2008, como parte
de las actividades contra la Cumbre
de Presidentes de Europa y
Latinoamérica que pretende firmar
tratados comerciales.


Larga vida a los Tribunales de los Pueblos

El Tribunal Permanente de
los Pueblos comenzó en
1973 con motivo de la
guerra mantenida por
EE UU contra el pueblo de
Vietnam. En aquella época
también se establecieron
tribunales para enjuiciar
muchos de los sistemas
dictatoriales impuestos en
Latinoamérica. Desde
entonces, los Tribunales
Permanentes de los Pueblos
vienen denunciando
violaciones de derechos
humanos, nacionales,
internacionales, culturales
y también ambientales por
todo el mundo. Los últimos
se han celebrado en Nicaragua,
Colombia y Bilbao.
El 12 y 13 de octubre, más
de 25 organizaciones
sociales y de consumidores
de Nicaragua se unieron
para juzgar a Unión
Fenosa. En su dictamen
final la transnacional española,
junto al Gobierno de
Nicaragua, el Gobierno
español y los organismos
financieros internacionales,
fue declarada culpable por
la violación de los derechos
económicos, sociales,
culturales y laborales recogidos
en los convenios de
la Organización Internacional
del Trabajo (OIT).
Por su parte, el Tribunal
contra el Cambio Climático
(Colombia, 18 y 19 de
octubre), se centró en el
impacto de este problema
en los países endeudados
y enfatizó que éste es producto
de un sistema basado
en grandes niveles de
consumo por una minoría
a la que, sin embargo, sus
efectos no repercutirán en
gran medida. Por ser en
Colombia se hizo mención
especial a lo que se presenta
como nueva panacea
y que ya está sembrando
el terror en
América Latina: los cultivos
de agrocombustibles,
que están provocando
deforestación, polución
con pesticidas y abonos
químicos, así como el
expolio de tierras de indígenas
y pequeños campesinos
acompañada por la
acción paramilitar y desplazamientos
en las ciudades.
El Tribunal concluyó
que mientras el poder se
mantenga en manos de
las transnacionales y sus
gobiernos títere no habrá
sostenibilidad. También se
observó la necesidad de
entrelazar las luchas de
grupos sociales de todo el
mundo y las comunidades
afectadas.


Gasoductos, acciones y conflictos indígenas

La empresa petrolera y
productora de biocombustibles
en Brasil, Petrobras,
ha crecido mucho últimamente,
y se enfrenta al
mayor contencioso con el
Gobierno ecuatoriano por
su posible contrato para
extraer petróleo junto a
Teikoku Oil en el Bloque
31 de la Amazonía, donde
está el parque Yasuní y la
reserva indígena de los
Huaoroni. Siguiendo la
propuesta de grupos como
Acción Ecológica, el
Gobierno ecuatoriano de
Correa asumió hace seis
meses una propuesta de
crear una moratoria en
este bloque y respetar así
el parque Yasuní y sus
habitantes. Sin embargo,
el 22 de octubre Petrobrás
recibía la licencia, lo que
desató una oleada de protestas,
como ya ocurrió
con el Oleoducto de Crudo
Pesado o con la empresa
estadounidense Oxy,
expulsada en mayo de
2006. A estas alturas,
Petrobrás ya tenía que
haber sido expulsada por
operar ilegalmente en otro
bloque en la Amazonía, el
18. También figura en la
lista de morosos con el
Estado ecuatoriano con
89.502,787 dólares por la
operación en ese bloque.
El BBVA es accionista de
Petrobrás con un 3,41%
(parecido al de BSCH y
otros) y financió el oleoducto
de Crudo Pesado en
Ecuador con 150 millones
de dólares. Un oleoducto
en cuya construcción participaron
Petrobras y Repsol
YPF, que extendieron así su
radio de acción en el Parque
Yasuní. Este proyecto
fue impuesto por el FMI
como forma de paliar la
deuda de Ecuador y afectó
a 11 zonas protegidas,
atravesando la cordillera
andina y provocando la
resistencia civil en el bosque
húmedo de Mindo.
El BBVA también ha financiado
otros polémicos
gasoductos: el de Gasyrg
(Bolivia) de 432 km, que
atraviesa territorios indígenas
guaraníes y weenhayek
y bosques protegidos, y el
gasoducto y campo de
extracción de Camisea en
Perú. El ducto de Camisea
ha sufrido cinco roturas en
menos de dos años de
operación, tres de ellas de
gran gravedad.

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