26 millones de personas no secundaron la propuesta del primer ministro
(“iros a la playa”) y han acudido a las
 urnas para votar cuatro consultas: de
 las preguntas, dos atañen al futuro
 del agua: con un rotundo 95%, los
 transalpinos han dejado claro que no
 quieren ni que su agua pase a manos
 de empresas privadas ni que se remunere,
 a través de los recibos, el capital
 invertido en el servicio. El voto
referendario, que por primera vez en
15 años ha superado el 50% de participación,
 no ha sido sólo una bofetada
al Gobierno derechista italiano.
 Ha sido sobre todo la victoria de años
de lucha en contra de la privatización
de los servicios públicos.

El camino comenzó en 2006 en la
periferia de Roma con un foro de los
 movimientos en defensa del agua pública:
 allí nació la primera propuesta
 de ley de iniciativa popular presentada
 al Parlamento con 450.000 firmas.
 Sin embargo, los partidos, muchos
de aquellos que ahora desde la oposición
reivindican el resultado del voto,
 prefirieron olvidarse del tema y
no sacar adelante la propuesta. En 2009, con la nueva ley, impulsada
 por el Gobierno, que rinde obligatoria
 la privatización de los recursos
 hídricos, los movimientos retoman
 la marcha: en julio de 2010, presentan
un millón y medio de firmas
al Tribunal Constitucional italiano
para promover la consulta del 11 y 12
de junio. El resultado del voto ha premiado
 sus esfuerzos.

La mala gestión privada

Con la ley sobre la privatización aprobada
en noviembre de 2009, las empresas
 empezaban a proyectar cómo
convertir la gestión del agua en un
 negocio rentable; las grandes transnacionales
como Veolia y Suez, además
de muchas empresas públicas
 que, en los últimos años, habían empezado
 a cotizar en Bolsa. Las normas
indicaban el fin de la gestión pública
del agua en diciembre de 2011:
 a partir de esa fecha, los gobiernos
 estarían obligados a convocar una subasta y a destinar la gestión del servicio
hídrico a empresas con presencia
 de capital privado superior al 40%.

Éste fue el modelo que los italianos
 rechazaron rotundamente, en
vista de los numerosos ejemplos de
mala gestión privada que se ha constatado
 en varias provincias del país.
Una ley de 1994 contempla la posibilidad
 de gestionar el servicio a través
de compañías de capital mixto público-
privado. En las 21 provincias italianas
donde se ha experimentado
 este sistema en los años pasados no
 sólo los precios han subido considerablemente,
sino que también se ha
 verificado un notable empeoramiento
del servicio. El emblema de la mala
 gestión privada es Acqua latina, sociedad
 de la Italia Central participada
 al 46% por la transnacional
 Veolia, que ha llegado a aumentar
los recibos hasta el 200%.

Un trago para las multinacionales

Si el primero de los referendos (sobre
la gestión privada) ha roto los
sueños de consejeros delegados y políticos
 transigentes, el segundo, que
 aborda la remuneración del capital
invertido, ha golpeado a los empresarios
 donde más les duele: en sus
 balances de cuentas. Como consecuencia
del voto popular, las compañías
 han tenido que bloquear
 2.000 millones de inversiones.

Además, a la hora de conocer los resultados
 del referéndum, los analistas
financieros recortaban juicios y
 previsiones mientras en Bolsa sus títulos
se desplomaban. Según los últimos
 estudios, muchos de los grupos
italianos del sector podrían sufrir
 un recorte entre el 10 y el 20% de
 su flujo de caja: es decir, cada empresa
tendrá que enfrentarse con
una perdida entre 200 y 300 millones
 de euros sobre lo previsto.