SERVICIOS PÚBLICOS // UN MERCADO EN EXPANSIÓN
Los ayuntamientos ceden a la gestión privada del agua

Unos beneficios que rondan los 3.000 millones de euros
y un crecimiento anual del 4,7%, son cifras a las que el
sector privado del agua no puede permanecer ajeno.

22/04/06 · 22:36

La privatización del agua en el
Estado español se plantea desde diferentes
niveles, pero es en las ciudades,
en los sistemas de abastecimiento
y saneamiento donde este
fenómeno es más tradicional. En los
municipios, la gestión pública del
agua, que incluye tanto la que se realiza
directamente desde el Ayuntamiento
como a través de empresas
municipales, ha descendido un 7%,
mientras que la gestión privada, que
incluye también a las sociedades
mixtas, se ha incrementado en un
8% entre 1998 y 2002, según el último
informe de la Asociación Española
de Abastecimiento y Saneamiento
(AEAS). Como resultado, un
48% del agua en el Estado español
es gestionada por entidades públicas,
mientras que las privadas llegan
a controlar el 51% de este servicio.

Dos grandes grupos empresariales,
Aguas de Barcelona (AGBAR)
y Fomento de Construcción y
Contratas (FCC-AQUALIA ), ambas
con una voracidad expansionista
y proyección internacional,
controlan el 80% del negocio privado
del agua en todo el Estado.
La primera, AGBAR, con un 45%
del sector en sus manos, se ha transformado
en una transnacional multiservicios
(agua, medioambiente,
seguros de salud, limpieza, servicios
de automoción y construcción, entre
otros). La segunda empresa más
importante, FCC-AQUALIA, controla
el 35% del sector privatizado y, al
igual que la anterior, diversifica
sus actividades en servicios medioambientales,
limpieza, inmobiliaria
y construcción.

Estos datos han sido aportados
por el Observatorio de Servicios Públicos
de la Universidad Complutense
de Madrid, que en uno de sus
estudios sobre la privatización del
agua destaca que entre ambas empresas
existen participaciones cruzadas:
las sociedades SEARSA y
Aguas Filtradas están participadas al
50% por AGBAR y FCC-Aqualia.

Razones para privatizar

La importancia económica del sector
es tal que, según un estudio de la
AEAS, en 2002 facturó unos 3.300
Hm3, con un beneficio de 3.000 millones
de euros y con una tasa media
de crecimiento anual del 4,7%.
“La principal razón por la que los
alcaldes dicen privatizar el servicio
del agua es por el déficit económico
en el que se encuentran gran parte
de los Ayuntamientos”, afirma
Enrique Ortega, ingeniero químico
y miembro del Observatorio de
Servicios Públicos. Según explica,
se ha generalizado el establecimiento
de un canon inicial a pagar por
la empresa en el momento de su
adjudicación, y de cánones mensuales
por el uso de las infraestructuras
municipales. Estos cánones
no se reinvierten en el sector y
su coste repercute abusivamente
en el recibo del agua.

Por otro lado, “la presión ideológica
neoliberal es muy fuerte tanto
para los Ayuntamientos como para
la sociedad en general. Las multinacionales
nos quieren hacer creer
que lo privado es mejor que lo público”,
afirma Ortega, pero “no hay
ningún estudio riguroso que así lo
demuestre”. La mayoría de las privatizaciones
no obedecen a razones
de eficiencia, sino a la voluntad de
dar entrada al sector empresarial
privado. Empresas públicas bien
gestionadas como el Canal de Isabel
II (Madrid), EMCSA (Córdoba) o
EMASESA (Sevilla) están junto a
AGBAR entre las más eficaces y
eficientes del sector, sin embargo
existen continuas presiones para
su privatización.

Por parte de las empresas, entrar
en el sector de los servicios públicos,
en este caso el abastecimiento y
el saneamiento de agua en los municipios,
es una tentación a la que
pocas se pueden resistir por una razón
fundamental: el factor riesgo no
existe. Al no tener competencia y
vender un bien público que siempre
será demandado, las ganancias están
aseguradas. Además se trata de
de un negocio subvencionado, pues
la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas dice que la
concesión tiene que tener un equilibrio
financiero-económico. Por tanto,
si por cualquier circunstancia
cambian las condiciones contractuales
y el contratista pierde dinero,
el Ayuntamiento debe permitir una
subida de las tarifas que compense
las citadas pérdidas.
En términos de eficiencia económica
las empresas públicas y privadas
pueden ser equiparables, pero
desde el punto de vista social y ecológico
no son igualmente eficientes.
De hecho, señala Ortega, “son especialmente
problemáticas las concesiones
a largo plazo, pues el control
de la Administración se diluye y se
constatan problemas serios en la calidad
del servicio: personal insuficiente
y en peores condiciones laborales,
subida de precios en las tarifas
o falta de transparencia en la
contabilidad”. Actualmente, apunta
Ortega, “no existe ningún organismo
estatal ni autonómico que controle
la gestión del agua de las empresas,
bien sean públicas o privadas,
con indicadores objetivados y
conocidos por todos”.

Una campaña de ahorro de agua
“nunca va a ser promovida por una
empresa privada, pues va contra
sus propios intereses”, comenta
Santiago Martín Barajas, miembro
de Ecologistas en Acción. Sin embargo,
continúa, “una empresa pública
va a buscar siempre el interés
general de la sociedad, pues la presión
ciudadana va a exigir que así
sea”. Una ciudad, apunta Martín,
“puede aguantar sin electricidad
durante un cierto tiempo pero nunca
puede estar sin agua; es un servicio
vital y debe ser, por tanto, de
dominio público”.

Agua privada

Tres son los principios básicos de la Ley de Aguas de 1985: la unicidad del agua, comprendida en todo su ciclo, su carácter público, y la planificación hidrológica, a través de los Planes Hidrológicos de Cuenca y del Plan Hidrológico Nacional. Sin embargo, algunas aguas siguen siendo privadas, como las aguas de bebida envasadas, sometidas a la legislación minera y, por tanto, no consideradas de dominio público. El agua del grifo no potable de algunas ciudades beneficia de manera directa a este sector.

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